El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y Pedro Sánchez en una reunión meses atrás. Foto: VPVALÈNCIA. El examen de credibilidad al que se sometía este lunes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, respecto a los primeros Presupuestos Generales del Estado (PGE) de su compañero Pedro Sánchez se saldó con un notable pendiente de mejora en la fase de enmiendas. Todo según se quiera ver el vaso medio lleno o medio vacío o cuánto se quiera apurar en la escala de grises.
La promesa con la que el jefe del Consell regresó de su cita en La Moncloa en octubre del año pasado apuntaba a un 10% de inversiones territorializadas de las cuentas del Estado en la Comunitat Valenciana. El balance de los PGE presentados este lunes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indica que la cifra se sitúa en el 9,8%, un total de 1.189 millones de euros, 450 más (un 61%) que en el ejercicio anterior.
Un dato que sitúa a la Comunitat en cuarto lugar tras Andalucía, Cataluña y Madrid en el total y como la autonomía que más crece de todas las de régimen común. "Por primera vez en los últimos 15 años los valencianos se acercan a lo que les corresponde", aseguró Puig respecto a estos PGE.
Sin duda una mejora sobresaliente respecto a años anteriores pero que, no obstante, se queda algo por debajo de lo que marca la reforma del Estatut, que establece que el nivel de inversiones cada año debe ser como mínimo igual al peso de la población de la Comunitat en el conjunto de España, que a 1 de enero de 2018 era del 10,7%. Este parámetro debería situar las inversiones territorializadas valencianas en un 10,7%, cifra que a lo largo de la jornada de este lunes Compromís se encargaba de exigir por sus cuentas oficiales en redes sociales y a través de varios de sus cargos electos. Una exigencia que, de cumplirse, abriría la puerta a unos 100 millones de euros más de inversiones en distintos ámbitos.
No obstante, más allá de este debate, fuentes socialistas defendían este lunes que el presidente de la Generalitat se había comprometido a un 10% de inversiones por parte del Gobierno de Sánchez y las cuentas -pese a esas décimas por debajo del límite- cumplían con la promesa.
Ahora bien, lo que no viene reflejado en los PGE y también estaba negro sobre blanco en los compromisos de octubre es la subvención de 38 millones de euros para la Autoridad del Transporte Metropolitano de València (ATMV), que vuelve a quedarse en 10 millones de euros, idéntica cifra que en su día fue aprobada con el Gobierno del PP gracias principalmente a una enmienda forzada por Ciudadanos que fue criticada por PSPV y Compromís al considerar insuficiente la dotación, llegándola a calificarla de "estafa" a los valencianos tal y como afirmó el síndic socialista, Manolo Mata.
Una falta de inversión -dirigentes socialistas la calificaron de "olvido" por parte del Gobierno- que, según se apresuró a anunciar el propio presidente de la Generalitat, se solucionará a través de una enmienda que ya se encuentra pactada con el Ministerio de Hacienda. Un despiste de 28 millones de euros -si es que lo fue y se solventa posteriormente-, que en València empañó en buena medida los datos positivos ofrecidos por Puig.
Al final, no fue para tanto. Los PGE 2019 no han supuesto para la cultura valenciana el revulsivo que esperaban de cara al presente ejercicio. La remozada relación entre el Ministerio de Cultura y Les Arts, tras incluir al primero en el patronato, ha sido la única buena noticia de la jornada, que ha resultado en un aumento de la partida asignada al coliseo, que pasa de 600.000 euros a un millón. Por su parte, el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), se queda igual que estaba, con un montante de 261.000 euros, a pesar de haber sido el ‘caso cultural’ que elevó Ximo Puig a Moncloa durante su encuentro con Sánchez. En todos los casos, además, quedan bien lejos de los principales centros operísticos o museos del resto de España, que cuentan con partidas ampliamente superiores a las de Les Arts y el IVAM.
En el caso de Castellón no hay graves incumplimientos, pero se echa en falta algunas inversiones. Las más llamativas, sin duda es la prolongación de la CV-10 (A-7) hasta el límite de la provincia de Tarragona, que sigue en la cartera de los asuntos pendientes desde hace años, o la nueva comisaría de Vila-real, muy demandada por necesaria desde hace años y que ha sufrido el mismo olvido que en presupuestos anteriores.
En cuanto a la provincia de Alicante, donde además tanto Compromís como Podemos alzaron la voz para señalar que la provincia queda una vez más a la cola de la inversión pese al incremento en la Comunitat, llama la atención las bajas cantidades reservadas para algunos proyectos emblemáticos, o directamente su no aparición en el detalle de la inversión territorializada. Es el caso de la desaladora de Mutxamel, que debe volver a entrar en funcionamiento este año tras la construcción de un depósito regulador que no aparece presupuestado (sí hay partida para incrementar la producción de Torrevieja y Alicante).
También llama la atención que el proyecto de PGE contemple apenas 128.000 euros para la red de Cercanías de la provincia cuando el principal motivo de queja es la penosa conexión entre Alicante y Elche por ferrocarril. Sin salir del Ministerio de Fomento, otro olvido que ya empieza a ser tradicional es el del tren de la costa entre Gandía y Dénia, para el cual se presupuestan solo 130.000 euros. Y para rematar, los apenas 50.000 euros que se destinarán, según el proyecto de PGE, a seguir estudiando la conexión ferroviaria entre Alicante y el aeropuerto de El Altet, que este año ha rozado los 14 millones de pasajeros. El año pasado se presupuestó para este menester un millón.
Los que no dejaron pasar la ocasión de ofrecer su cara más reivindicativa ante los PGE fueron los socios del PSPV en el Consell. Compromís, con referentes a la cabeza como la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, o el portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, criticaron la falta de 28 millones para el Transporte Metropolitano así como las décimas que faltan hasta el 10,7% que marca el Estatuto.
Unas críticas que se extendieron a las cuentas oficiales del partido.
Así como a otros dirigentes de la coalición como el alcalde de València, Joan Ribó, o la portavoz adjunta Mireia Mollà.
Unas reacciones en cascada a través de las redes sociales dirigidas a presionar al Gobierno de Pedro Sánchez de cara al proceso de enmiendas que se abrirá a continuación y en el que Compromís tiene el objetivo de mejorar las inversiones para la Comunitat Valenciana y, de esa manera, marcarse un tanto frente al PSPV de Ximo Puig merced a los cuatro diputados que poseen en el Congreso.
