VALÈNCIA. El debate sobre la moción presentada por el diputado de Compromís, Joan Baldoví, acerca de la reforma del sistema de financiación generó extraños compañeros de baile este martes en el Congreso. Una prueba más de que, especialmente con los partidos nacionales, la ideología pasa a un segundo plano frente al papel de gobierno u oposición del que disfruten o sufran estas formaciones en cada momento.
Así, la petición del portavoz de la coalición valencianista iba dirigida a poner sobre la mesa la reforma de un sistema caducado desde 2014 y con el que, tal y como se ha evidenciado en todo tipo de informes y documentos, la Comunitat Valenciana sale notablemente perjudicada en el reparto. Además, la implantación de un Fondo de Nivelación mientras siga sin implantarse el nuevo sistema y el reconocimiento de la deuda histórica fruto de la infrafinanciación de los últimos años. Al final de la jornada, no había acuerdo sobre las enmiendas a una moción que debe votarse el jueves.
El contenido de la moción no es ajena a los diputados valencianos. De hecho, similares reivindicaciones ya fueron firmadas por los grupos de Les Corts de forma unánime años atrás. No obstante, este tipo de debates y sus protagonistas sufren transformaciones cuando la cuestión se aborda en Madrid, con la lupa de las direcciones nacionales de los partidos puestas en los parlamentarios y con otros intereses en juego más amplios que los de una sola comunidad autónoma.
Así, Baldoví se refirió a la situación valenciana como "una auténtica anomalía democrática". "Tenemos un PIB por debajo de la media, estamos entre las regiones pobres y contribuimos a la caja general como si fuéramos una comunidad rica. Es decir, contribuimos más y recibimos menos recursos que la media", recalcó, para pedirle a los que son socios de gobierno en la Comunitat Valenciana, PSOE y Unidas Podemos, un "esfuerzo" para "cumplir con el acuerdo de investidura".
En este sentido, el diputado de Compromís lamentó lo "inconcreta" y "poco ambiciosa" de la enmienda firmada por las dos formaciones de gobierno sobre la moción, al señalar que estaba regada de verbos como "iniciar", "analizar", "estudiar". "Está todo analizado, estudiado, no hay que iniciar, hay que hacer. Presenten una propuesta y debatamos", subrayó.
Curiosamente, Baldoví sí tuvo palabras de elogio para la enmienda de Ciudadanos, que defendió la diputada valenciana María Muñoz, y que pese a los habituales rifirrafes entre ambas formaciones, se asemejaba en gran medida a la redactada por la coalición valencianista. "Yo la firmaría", llegó a decir el diputado de Compromís.
Uno de los hechos llamativos es que ningún diputado valenciano del PSOE fue el encargado de defender la posición socialista, algo que sí ocurrió con el PP -Vicente Betoret-, Unidas Podemos -Txema Guijarro, madrileño aunque elegido por Alicante-, Ciudadanos -María Muñoz- y Vox -Ignacio Gil-Lázaro-.
Así, la elegida fue María Luisa Vilches, diputada por Albacete, quien afeó a Baldoví el sentido de la propuesta dada la "coincidencia" con el PSOE en necesidad de la reforma del sistema, acusándole en consecuencia de buscar "confrontación política". "Este es un debate ajeno a la realidad", le espetó la parlamentaria para recordarle el momento de pandemia actual, en lo que pareció una demanda de más tiempo para comenzar a trabajar en la reforma, si bien recordó las medidas de compensación económica puestas en marcha por el Gobierno de España para las Comunidades Autónomas (CCAA).
Una postura que también defendió el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro, quien aludió a la pandemia como causa del retraso, además de citar las políticas activadas desde que la covid irrumpiera en el escenario por el Gobierno de España, del que también su partido forma parte.
Más sintonía encontró la iniciativa en la diputada de Ciudadanos, María Muñoz, que compartió la esencia de la reivindicación tal y como refleja la enmienda presentada por su grupo, además de recalcar la necesidad de una financiación justa y también los mecanismos de compensación para que el nuevo sistema "no nazca con las injusticias diferidas de los modelos anteriores". Aunque, eso sí, la parlamentaria recordó a Baldoví que apoyó al Gobierno de España por esta reforma y ya se la habían negado "tres veces", además de pedirle que no cayera en el mantra de "España nos roba".
Más duros con Baldoví se mostraron Betoret (PP) y Gil-Lázaro (Vox). El primero tachó de "engaño" la moción de de Baldoví, además de recordar que el modelo vigente fue implantado por Rodríguez Zapatero en 2009 y que Compromís respaldó la investidura de Pedro Sánchez en 2020 a cambio de una reforma del sistema que no ha llegado. "Pongan una fecha límite y si incumplen, rompan el gobierno en la Comunitat Valenciana", le retó Betoret.
En cuanto al segundo, calificó de "tramposa" la propuesta de Compromís y acusó de haberla presentado para desviar la atención "pocas horas después" de que se conociera la sentencia contra el exmarido de la vicepresidenta Mónica Oltra por abusos sexuales.
En 2017 -ya con tres años de retraso para la reforma-, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció a bombo y platillo en una conferencia de líderes autonómicos su intención de acometer la remodelación del sistema. Se inició el trabajo de unas comisiones generadas para tal efecto pero nunca llegó a concretarse la propuesta definitiva: el problema -o la excusa- en ese momento, fue el ascenso del independentismo en Cataluña, lo que enterró la reforma del sistema.
Tampoco el socialista Pedro Sánchez se puso manos a la obra cuando llegó al poder con la moción de censura de junio de 2018. La falta de estabilidad y los diversos procesos electorales fueron entonces la razón -o la excusa- para no ponerle el cascabel al gato. En última instancia, la pandemia ha sido la justificación para incumplir el acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno y Compromís para que estos últimos respaldaran su investidura: una propuesta de reforma del sistema de financiación en octubre de 2020.
Una iniciativa que todavía no se ha plasmado por las urgencias de la pandemia, pero que sigue en la agenda de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según aseguran desde el Gobierno de España.