VALÈNCIA. El nuevo contrato programa de À Punt, que ha de regir sus objetivos entre 2021 y 2023, vuelve a transitar por un camino de espinas en lo que al personal se refiere. El documento marco fue aprobado el pasado viernes por el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y ahora tendrá que obtener luz verde del Gobierno autonómico, que se enfrenta de nuevo a uno de los asuntos más conflictivos.
Se trata del problema, arrastrado durante años, relativo a la cláusula de la ley de À Punt que impide a la cadena destinar más de un tercio de su presupuesto a gastos de personal, pero que se sigue incumpliendo. La CVMC tendrá 66 millones de euros en 2021, de los cuales 56,1 corresponden a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), la entidad que gestiona la radiotelevisión y donde se inscribe el grueso de la plantilla.
Esto quiere decir que el gasto de personal no debería de superar los 18,7 millones de euros. Sin embargo, en el contrato programa aprobado por el Consell Rector para los tres próximos años la previsión es de 24,3 millones para este capítulo. Una cantidad que sólo sería legal si el presupuesto global fuera de, como mínimo, 73 millones de euros (13 millones más de los que ahora tienen). De hecho, algunas de las maniobras del Botànic van encaminadas precisamente a llegar a esa cifra. Como por ejemplo, la enmienda a los Presupuestos para dar dos millones más a la cadena (aunque Compromís quería que fueran 5) y los fondos que se preparan ya desde varias consellerias de la coalición a través de la firma de convenios.
Esta cuestión trae de cabeza tanto al Ejecutivo autonómico como a sus grupos en Les Corts Valencianes. Los primeros han de revisar ahora el citado documento en la comisión mixta dedicada a ello y de la que forman parte cargos del PSPV y de Compromís. Algo que, ya admiten, no será fácil. En cuanto al Parlamento autonómico, la cosa no mejora. Los partidos del Botànic ya aprobaron la pasada legislatura una moratoria para dejar sin efecto la cláusula que establece ese límite de presupuesto para personal en À Punt y tratan de volver a sacarla adelante a través de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de este año, que se vota definitivamente la semana que viene.
Pero el choque entre las tres formaciones está complicando el asunto. Así, a comienzos de mes, en la comisión que tenía que dar luz verde a la famosa moratoria, Unides Podem se desmarcaba de PSPV y de Compromís y no la apoyaba, lo que provocó que quedara en el aire hasta el pleno. El argumento principal, repetido este mismo martes por la diputada Estefanía Blanes, es que quieren eliminar el límite de personal en la cadena y que la vía alternativa no es la solución. Para ello, asegura que se encuentran trabajando en una enmienda transaccional de la que todavía no se sabe el contenido.
Tanto los socialistas como la coalición critican el "enroque" de los morados e inciden en que el remedio de la moratoria, al menos, es "transitorio". Lo que demuestra las tensiones que está generando la cuestión -la cual salió a colación incluso, durante la última reunión de la comisión de seguimiento del Pacto del Botànic-. Será en los próximos días cuando se compruebe si llegan a un acuerdo o la bola se hace todavía más grande.
El rompecabezas de la limitación de personal no es lo único destacado del nuevo contrato programa, en el que también se incluye una rebaja de los objetivos de audiencia en comparación con el documento actualmente vigente. En éste se fijaba que se tenía que alcanzar la media de las audiencias del total de las cadenas autonómicas, que se sitúa bastante por encima. Ahora se marca un aumento progresivo del 2,2% durante los próximos tres años hasta llegar a un mínimo del 4,7% en 2023. Eso sí, lo condicionan a que haya un aumento de presupuesto en la misma medida "para la inversión en contenidos" y a que se mantengan vigentes los estándares de medición de audiencias y de calidad técnica del servicio.
El contrato programa establece igualmente los ingresos procedentes de la publicidad, que también sufren una importante rebaja. En el anterior documento se cuantificaron en cuatro millones para 2018 y seis para 2019 y 2020, pero no se ha llegado ni de lejos. Ya el primer año, se lograron sólo 816.352 euros. El objetivo a partir de ahora será de 1,5 millones para 2021; 1,8 millones para 2022; y 2 millones para 2023. Previsiones de ingresos que, advierten, están supeditadas a las consecuencias que pueda tener la situación actual de pandemia en el mercado publicitario.
La modificación no resulta únicamente de importancia por las cantidades, sino porque su incumplimiento es uno de los motivos de cese de los miembros del Consell Rector de la Corporació.
El momento más visto fue la bajada de la Senyera con un 20,4% de cuota de pantalla, donde À Punt lideró la audiencia por delante del resto de cadenas.
