El nuevo fiscal del 'caso Cooperación' deshace el acuerdo alcanzado por Torres con las defensas

VALÈNCIA. El posible acuerdo de conformidad que la Fiscalía Anticorrupción había alcanzado con los imputados del caso Cooperación está más en el aire que nunca. Los 24 acusados por el fraude en las subvenciones a ONG y en los fondos para construir un hospital en Haití –las piezas 2 y 3 del también llamado caso Blasco– se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del próximo lunes y, de momento, no saben si habrá o no, pacto de conformidad.

El nuevo juicio deriva de la investigación sobre el fraude en las subvenciones a ONG y en los fondos para construir el citado hospital en Haití. En el banquillo se sentarán, entre otros, el exconseller Rafael Blasco, el empresario César Augusto Tauroni, el exjefe del servicio de Cooperación y mano derecha de Blasco Marc Llinares y otras 21 personas. La Fiscalía Anticorrupción, la Generalitat y la Coordinadora de ONGD reclamaron en su día hasta 170 años de prisión en total. Blasco cumple condena en la prisión de Picassent por la pieza 1 del caso Cooperación, en la que fue condenado a seis años de cárcel.

Fuentes de las defensas explicaron a Valencia Plaza que lo único cierto hasta el momento es que el cambio de fiscal –al juicio irá Jesús Carrasco en lugar de Vicente Torres, ahora magistrado– ha llevado a un enfrentamiento entre Carrasco y los letrados por los términos del pacto alcanzado.

En menos de una semana se han producido tres reuniones en las que el Carrasco echó por tierra lo pactado por Torres y, según las fuentes consultadas, les dijo a los procesados que tienen que entrar en prisión y el dinero a devolver ha de ser de forma solidaria, es decir, que si uno de los acusados no paga, su parte la deberá abonar el resto. De hecho, ha incrementado el mínimo de las penas a más de cuatro años de cárcel, cuando Torres había acordado con ellos dos años y medio para Blasco y Tauroni si devolvían dinero.

Enfado

El enfado de los abogados, algunos de los cuales tenían el acuerdo cerrado desde hace cerca de un año, es monumental. Es más, imputados como el empresario Augusto César Tauroni ya había firmado ante notario poner facilidades para que, por ejemplo, los pisos en Miami –retenidos por EEUU y uno de ellos con hipoteca–, así como un yate pudieran ser vendidos para pagar las responsabilidades civiles (RC) cediendo la propiedad de los mismos. 

Según la valoración presentada por el empresario, las tres propiedades alcanzan un valor de 2.250.000 euros ya que uno de los pisos está valorado en 960.465 euros, el otro en 759.311 y el yate tiene un valor aproximado de 500.000 euros. La entrega de estos bienes equivaldría a más del 50% de la responsabilidad civil que el Ministerio Público solicita en su escrito de acusación, que asciende a 4.639.840 euros, a lo que habría que restar lo que quede de hipoteca.

Aplazamiento

Las defensas se plantean ahora pedir un aplazamiento porque explican que el juicio no se puede celebrar ya que "existe una indefensión evidente". Dicen que, al existir un pacto previo, algunos de los letrados no habían solicitado la práctica de prueba durante la fase de juicio oral y, ahora, se encuentran con el cambio de criterio de la Fiscalía y la imposibilidad de realizar una buena defensa.

Este viernes está previsto que Jesús Carrasco se vuelva a reunir con las defensas en lo que podría suponer el último cartucho para los imputados y sus letrados. De no alcanzarse una conformidad, el lunes se prevé un inicio de juicio más que tormentoso. Algunos abogados no descartan interponer una queja formal contra el nuevo fiscal del caso. La reunión de este jueves terminó mal y no se prevé que el asunto mejore de aquí al lunes.