Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El ocio nocturno en la Comunitat Valenciana ha llevado a los tribunales la orden de la Conselleria de Sanidad que decreta el cese de la actividad de discotecas, bares y salas de baile al considerar que el cierre "no se ajusta a derecho". Por ello piden que se suspendan los efectos de esta resolución ya que, según advierten, está causando "graves daños y perjuicios económicos al sector" que consideran "de difícil o imposible reparación". Y todo ello "sin ningún tipo de contraprestación" que pueda compensar sus pérdidas.
Como avanzaba Valencia Plaza, el ocio nocturno se plantaba hace una semana y en una reunión con más de 40 empresarios decidía acudir a los tribunales ante lo que consideraban una decisión "sin sentido, injusta y sin fundamento" porque, con ella, "no se ha evitado la aparición de brotes en la Comunitat Valenciana".
Así, la Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat Valenciana (Fotur), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur), la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina (AEHTMA) y la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm (Abreca) presentaron el pasado 11 de septiembre un recurso contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra las dos órdenes de la Conselleria que mantienen cerrados los locales.
Por un lado, la resolución de agosto, que fija la suspensión de la actividad del ocio nocturno en toda la Comunitat Valenciana, es decir, el cierre de discotecas, salas de baile, karaokes y bares de copas con o sin actuaciones en directo y, por otro, la orden de prórroga por otros 21 días de la anterior normativa. El ocio nocturno ve estas medidas "desproporcionadas y con falta de justificación" y afean a la administración valenciana la ausencia de un plan de rescate para el sector ante las duras restricciones.
En el recurso, al que ha tenido acceso este diario, estas asociaciones piden la suspensión cautelar de la orden de cierre hasta que el Alto Tribunal decida sobre el fondo. Argumentan que, en la actual situación, peligra la viabilidad de muchas empresas de un sector que en la Comunitat cuenta con cerca de 35.000 establecimientos, que dan empleo a 187.325 personas, con una facturación en 2018 de 11.961 millones de euros, lo que representa el 6,4% de la riqueza regional.
"La imposibilidad de apertura de los negocios de ocio nocturno conlleva una serie de perjuicios que dudamos hayan sido valorados por la administración demandada y que, claramente, resultan desproporcionados", señalan los empresarios en el recurso. En este sentido, apuntan que "muchos negocios han cerrado ya, siendo su recuperación prácticamente imposible por las fuertes pérdidas sufridas", mientras que, aquellos que han conseguido sobrevivir, han sufrido una disminución de su actividad e ingresos, motivada sobre todo "por la desconfianza del cliente ante un sector tan satanizado y sobre el que se han cebado las medidas".
Así, indican que en pleno mes de junio, a pesar de no estar confinada la población, se perdió un 14,7% (1.189.377) de empleos en restauración respecto del mismo mes del 2019. Y de los que figuraban como “empleados”, a 30 de junio, 557.254 estaban ERTE por fuerza mayor. "Las pérdidas por cierres de negocio son incuestionables, pero las limitaciones en los horarios y aforos, también", subrayan.
Además, critican que, desde el desconfinamiento, "muchos han sido los vaivenes legislativos" de la Generalitat Valenciana, con limitaciones que han llevado a los establecimientos a tener que adaptarse, "llegando a realizar fuertes inversiones, a pesar de las pérdidas económicas que ello les ha supuesto". Y defienden las estrictas medidas de higiene implantadas tanto en terrazas como en el interior de los locales. De este modo, el sector reivindica que todo ello, unido al control policial, les convierte "en el sector más seguro de todos aquellos que facultan la reunión social".
Además, alertan de que medidas como la limitación de un máximo de 10 personas por mesa en un establecimiento, la separación interpersonal de 1,5 metros entre clientes, o el horario de máximo hasta las 01:00 horas para los establecimientos de hostelería y restauración, "hacen inviable económicamente al sector, además de que no vienen acompañadas de ninguna contraprestación económica por parte de las autoridades que garantice o asegure la supervivencia del sector".
"En el resto de Europa estamos viendo la apuesta clara por sostener el tejido empresarial ideando planes globales e integrales que garanticen la creación de empleo. Aquí, lo que se promueve son otro tipo de medidas dirigidas a otros beneficiarios, como la renta vital mínima que, sin negar su necesidad en muchos casos, resulta paradójica si la comparamos con la falta de apoyo a la Pymes de este país, que son quienes precisamente, crean puestos de trabajo", inciden en el escrito al TSJCV.
Asimismo, argumentan que la Conselleria de Sanidad "no está actuando respetando los principios de proporcionalidad, idoneidad ni necesidad", porque "está imponiendo bajo la forma de recomendación las mismas medidas para todos los territorios sin distinguir la situación de cada uno de ellos". "Decisión que parece ser más bien política que sanitaria, pues no debemos olvidar que las resoluciones que se dictan en ningún momento van sustentadas, ni hacen referencia a ningún dictamen médico que avale que las medidas tomadas son proporcionadas a la situación de cada territorio y son las más idóneas y eficaces para combatir los posibles focos que puedan surgir", sostienen.
Denuncian que la orden que dictamina su cierre, así como la resolución que la prorroga, "debería haber acreditado que los establecimientos afectados por la medida son focos de contagio del virus antes de clausurarlos de manera definitiva o condenarlos económicamente". Igualmente, consideran que estas resoluciones de Sanidad tampoco justifican de qué modo "van a repercutir positivamente en el interés general", ni que van a producir "un claro descenso en la propagación del virus". Tampoco "que son las idóneas en contenido y duración a tal fin, no existiendo otras que causaran menores perjuicios al sector".
"La segunda de las resoluciones justifica la prórroga de las primeras en el aumento de los brotes y contagios. Por tanto, por pura lógica, las medidas primeramente impuestas no fueron efectivas al centrar su acción en sectores que no son los focos de contagio", inciden. Asimismo, argumentan que "hace referencia a números de contagiados de manera indiscriminada" y localiza los brotes "en el ámbito social, relacionados con reuniones familiares y/o amigos", pero "no en establecimiento de hostelería, ni de restauración, ni de ocio nocturno, a los que ni se nombra".
Por todo ello, piden suspender la ejecutividad de la orden de cierre decretada por la Conselleria de Sanidad y su suspensión cautelar hasta que haya una decisión definitiva del Alto Tribunal.
