El odio mata. Mata el machismo, mata la homofobia y mata la xenofobia. Matan los delitos de odio cobijados por el discurso que la ultraderecha siembra por toda Europa. Un discurso que ataca los derechos humanos, la convivencia y los cimientos de nuestra democracia.
Porque no hay delitos de odio sin un discurso del odio previo, que los alimenta y trata de legitimarlos. Un discurso del que, lamentablemente, sabemos mucho en España porque aquí tenemos el discurso del odio sentado en ayuntamientos, diputaciones, parlamentos autonómicos y en el Congreso. Aquí tenemos al discurso del odio arrinconando a un PP acomplejado y sin rumbo. En España tenemos al partido del odio dirigiendo ‘en la sombra’ gobiernos autonómicos; condicionando las decisiones políticas y la vida de las personas. Infiltrados en el sistema democrático para tratar de dinamitarlo.
Y pocas cosas hay más peligrosas para nuestra democracia que blanquear el discurso del odio: ese en el que la hiel sustituye a la razón, el insulto al argumento y la amenaza al diálogo. Ese en el que unos señalan y otros ejecutan. Señalan a las personas por su procedencia, por su orientación sexual, por sus creencias, por su ideología mientras otros atacan los centros de menores no acompañados, envían balas a responsables del gobierno, señalan a los responsables de publicaciones satíricas o golpean hasta la muerte a un joven en Galicia por su orientación sexual.
Los delitos de odio han aumentado en España un 45% desde 2013. Según el último Informe de la Evolución de los Delitos de Odio en España publicado por el Ministerio del Interior en 2019 aumentaron un 6,8%. Y los delitos vinculados a la "orientación sexual e identidad de género" aumentaron en un 8,6%. Ante esta situación no podemos callar, ni dejar de hacer frente a estos fanáticos. Como sociedad tenemos un grave problema si una sola persona se cree legitimada para atacar a otra por su orientación sexual como hizo un grupo de salvajes con el joven Samuel Luiz.
Tenemos un problema como sociedad, en España y en Europa, con quienes cuestionan los derechos humanos. La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE alertaba hace apenas unos días en un informe de que la mayoría de los delitos de odio no se denuncian, un 79% en el caso de las agresiones sufridas por el colectivo LGTBI. Ante esta situación la derecha de nuestro país se alinea con los fanáticos que nos quieren arrebatar algo tan esencial como los valores que rigen nuestra convivencia y la humanidad. La pasada semana el PP español no respaldó la petición del Parlamento Europeo de frenar la llegada de los fondos de recuperación a Hungría por sus leyes homófobas. Un PP más de Aznar y Ayuso que de Casado. Un PP cada vez más alejado de la derecha europea y que no considera reprobable la institucionalización de la homofobia de Hungría. El tiempo nos descubrirá la relación entre el acercamiento del PP a la LGTBfobia y el interés profesional de Aznar en ese país, donde tan amigablemente le preguntan por la presidenta madrileña.
Aumenta el discurso del odio, aumentan los delitos de odio. Aumenta la normalización de la derecha de la intolerancia y el fanatismo. Y urge actuar. Urge que las socialistas y los socialistas seamos capaces de articular una respuesta clara y contundente a la espiral de odio en la que las derechas quieren envolver a nuestra sociedad.
“Se deben derrotar las malas ideas con ideas mejores”, escribía Amos Oz en su reconocida obra Contra el fanatismo. Es una de las tareas que como socialistas deberemos afrontar en los próximos procesos congresuales; articular esas ‘ideas mejores’ que nos permitan derrotar al fanatismo, derrotar a quienes niegan sus derechos a quien no piensa, siente o ama como ellos quieren imponer. Hoy es más necesario que nunca que sigamos ensanchando esa sociedad libre e igualitaria por la que tanto hemos trabajado, ese modelo de sociedad que defendía Pedro Zerolo al afirmar que “en su modelo de sociedad no quepo yo, en el mío sí cabe usted”. Debemos seguir siendo, como lo hemos sido en 142 años de historia, el freno a los involucionistas y la garantía de que los avances sociales sigan siendo imparables en nuestro país.