La consellera de Justicia y Admiistración Pública, Gabriela Bravo. Foto: CORTSVALÈNCIA. Todos los partidos de la oposición -PPCV, Ciudadanos y Vox- rechazaron de forma unánime este miércoles tramitar el proyecto de Ley de Función Pública elaborado por la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo. Una oposición fundamentada principalmente en una cuestión: el requisito lingüístico. El apartado de la normativa más polémico que bloqueó la ley en el Ejecutivo del Botànic durante la legislatura pasada por el desacuerdo entre PSPV y Compromís sobre si el conocimiento del valenciano debía ser una exigencia o un mérito para acceder a una plaza en la administración valenciana.
Unas diferencias que los partidos que integran el Consell salvaron el pasado mes de febrero tras acordar que un futuro reglamento que acompañará a la Ley de Función Pública será el que defina cómo se aplicará el requisito lingüístico a los empleados públicos valencianos. La regulación la elaborará la Conselleria de Justicia previo informe de la Dirección General de Política Lingüística y, precisamente, también regulará la dureza con la que se exija el conocimiento del valenciano al personal sanitario. Una cuestión especialmente delicada que ya levantó ampollas en el mandato anterior y que ahora, con la pandemia de la covid-19, se vuelve aún más complicada.
Durante la elaboración de la ley de Función Pública en la legislatura pasada, la Conselleria de Bravo introdujo en el texto una disposición final que, en cierto modo, eximía a los profesionales sanitarios de conocer el valenciano. En concreto, el borrador de la norma establecía que al margen de lo que dispusiera el reglamento que se elaborase posteriormente sobre el grado de conocimiento exigible a cada nuevo aspirante a funcionario, "excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, si hay necesidad de personal y éste no dispone de la competencia lingüística acreditada, primará la garantía de la debida prestación de los servicios públicos en los términos que se determine reglamentariamente". Es decir, se primaría el derecho a la salud de los pacientes por encima de la obligación de que los funcionarios acreditaran el conocimiento de esta lengua.
Un redactado que con el inicio de esta legislatura Función Pública volvió a introducir en la ley, pero que finalmente acabó retirando del texto legal antes de que este se aprobara por el pleno del Consell. ¿Los motivos? Según fuentes de la propia Conselleria, el Consell Jurídic Consultiu cuestionó que esta exención se plasmara en la ley cuando la propia norma determinaba que en el plazo de un año se elaboraría un reglamento y sería éste el que fijaría el grado de conocimiento del valenciano que debía tener cualquier persona que quisiera acceder a una plaza de funcionario. Consideración por la que Justicia terminó retirando esta distinción al personal sanitario de la ley antes de que pasara por un pleno del Consell.
La norma recoge ahora que en el plazo de un año "desde la entrada en vigor de la presente ley el Consell aprobará, a propuesta de la conselleria competente en materia de función pública, la disposición reglamentaria que determine, respetando, en todo caso, los principios de proporcionalidad y adecuación a las funciones correspondientes [...] el nivel de conocimiento de valenciano exigible en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana, previo informe favorable en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística".
Ahora, por tanto, el grado de conocimiento del valenciano que se les exija a los sanitarios quedará plasmado en un reglamento -en el que Función Pública deberá trabajar cuando se apruebe la normativa- y no en la propia ley, lo que supone un blindaje menor a la hora de exigir o no el requisito lingüístico a los funcionarios de Sanidad. Esto es porque el reglamento puede ser modificado con mayor facilidad que una ley, ya que este no hace falta que sea tramitado por el Parlamento como sí ocurre, sin embargo, con un proyecto de ley. En su lugar, este tipo de regulación puede ser modificado por el conseller que gestione en cada legislatura el área de Función Pública si posteriormente su propuesta es aprobada por su propio Gobierno.
Desde la Conselleria de Justicia y Administración Pública, explican, que la intención es que introducir esta consideración en el reglamento que se elabore. Una exclusión que, en cualquier caso, deberá negociarse con Compromís, que tendría que plasmar su visto bueno en el informe que emita previamente la Dirección General de Política Lingüística.
Con todo, la oposición centró gran parte de sus intervenciones en el rechazo al requisito lingüístico que se desarrollará en este reglamento. El diputado de Vox, José María Llanos aseguró que el requisito lingüístico supone desterrar el castellano, convertir la lengua en arma política y perder a grandes profesionales, por lo que cree que debería ser un mérito y no una obligación. Mientras, el parlamentario de Ciudadanos, Vicente Fernández, exigió a la consellera Bravo que se rebelara contra Compromís y Podem por su "chantaje" para incluir el requisito. "Están alimentando la bestia del nacionalismo", concluyó.
Por su parte, el diputado del PP José Antonio Rovira denunció que la ley impone el valenciano y excluye a un cuarto de los ciudadanos de la Comunitat, además de echar la culpa a Compromís del retraso de cuatro años en la modificación y a la Generalitat de tenerlo "congelado en los cajones porque han aplazado la batalla". También aseguró que la ley era básicamente la misma que la anterior de 2010, con algunas modificaciones, por lo que pidió que se mantuviera la ley actualmente en vigor. "Nuestra mano seguirá tendida para que Pedro Duque pueda ser funcionario a pesar de saber siete idiomas", ironizó sobre el ministro de Ciencia, afincado en Xàbia (Alicante).
La dirección general de esta materia también se encargará de la formación y de la promoción de los funcionarios
