VALÈNCIA. El Consejo de Participación Ciudadana de la Agencia Antifraude, conformado por diversas entidades cívicas, ha manifestado su "honda preocupación" ante la situación generada "por la avalancha de solicitudes" por parte de diversos grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes para acceder al contenido de determinados expedientes. Todos ellos abiertos por denuncias y cuya investigación o no está concluida o se encuentra judicializada.
En un comunicado, este órgano asesor y consultivo de la Agencia reprocha que el pretendido acceso por parte de los diputados del Parlamento autonómico a las investigaciones supone "una vulneración del principio de independencia" y es "una grave amenaza" para la existencia de Antifraude. Así, recuerdan que los expedientes que se solicitan están aún en curso y contienen los detalles de las personas que han alertado de las posibles irregularidades y datos personales de los sujetos investigados o denunciados.
"La posibilidad de que el representante de un partido político pueda tener un acceso libre y completo al contenido de las investigaciones y conocer los hechos en los que se indaga, o quiénes han sido las personas que han denunciado esas supuestas irregularidades, desincentivará a los alertadores, pondrá en riesgo el resultado de las mismas, así como la protección real y efectiva de los denunciantes y potenciará el uso partidista de las investigaciones de la Agencia", señalan.
Insisten, en este sentido, en que "se causará un daño irreparable a la propia razón de ser" de la entidad y que su creación "habrá dejado de tener sentido". "Conscientes de este riesgo y de las tremendas consecuencias que pueden acarrear este tipo de situaciones para la propia imagen de la Comunitat Valenciana", incide el Consejo, lanzan dos peticiones a los partidos.
Una, que "insten las acciones necesarias" para garantizar el efectivo cumplimiento de la directiva europea de protección de los alertadores y de los principios y fines que inspiraron la creación de la Agencia. En concreto, el principio de independencia, el de confidencialidad de la información y documentación contenida en los expedientes de investigación y el de protección de los denunciantes.
Dos, que modifiquen el artículo 12 del Reglamento de Les Corts Valencianes para que los diputados no puedan solicitar a este organismo documentación e informes relativos a expedientes de investigación en tramitación o inmersos en un procedimiento judicial o de investigación por parte de la Fiscalía.
Adoptando esta medida, comentan, "se evitarían las injerencias políticas sobre la Agencia, creada por ley para la prevención y detección de desvíos de fondos públicos". Y se impediría, por tanto, –prosiguen– "la posibilidad de que los partidos políticos utilizaran a su antojo una institución que es una salvaguarda para todos los ciudadanos". "La AVAF tiene, además, la obligación de impulsar la integridad y la ética en todas las capas de nuestra sociedad, así como defender una cultura contraria a las prácticas corruptas como primer paso para la erradicación del fraude y la corrupción en nuestra sociedad. Por ello, como miembros de su Consejo de Participación, apoyamos el trabajo que está realizando", añaden.
Este comunicado del órgano consultivo de Antifraude se une a los idénticos argumentos que mantiene la propia entidad y que su director, Joan Llinares, ha manifestado recientemente. La polémica viene dada, sobre todo, por las peticiones de acceso por parte del PP a los expedientes abiertos sobre las subvenciones otorgadas al hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) le obligó en una sentencia a entregarlos, algo que recurrió la agencia. El argumento básico fue que el Reglamento de Les Corts que ampara a los diputados está por encima de la ley de creación de la entidad.
También ha habido otras solicitudes relativas a una investigación sobre el Ayuntamiento de Torrevieja, donde gobiernan los populares.
El comunicado del Consejo de Participación de la Agencia está firmado por un total de 17 representantes de entidades cívicas dedicadas a la lucha contra la corrupción.