La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Nadia Calviño fue la apuesta de Pedro Sánchez para pilotar la política económica del gobierno y lo seguirá siendo en el futuro, pero con rango de vicepresidenta. A diferencia de otros nombramientos más mediáticos, Calviño llegó con el aval de sus cuatro años como directora general de Presupuestos en la Comisión Europea.
Calviño, licenciada en Economía y Derecho y alta funcionaria de la UE, defiende la solidez de la economía española frente a las incertidumbres externas que amenazan el crecimiento, como el Brexit. Al respecto, asegura que el ICO estará preparado para evitar que se vean afectadas empresas turísticas solventes y para ayudar a empresas como las de Costa Blanca a adaptarse a la nueva situación.
En la entrevista –realizada pocas horas antes de que el presidente del Gobierno en funciones anunciase en el debate electoral del lunes su intención de nombrarla vicepresidenta económica– la responsable económica del Ejecutivo destaca también que las infraestructuras como la ampliación del Puerto de Valencia ha de ser compatible con la protección del medio ambiente.
–En un contexto de incertidumbre en el que se multiplican las revisiones a la baja de las expectativas de crecimiento de la economía española, ¿considera ajustada a ese escenario la previsión de crecimiento del 1,8 por ciento de la economía valenciana para el próximo año?
–España está capeando mejor que otros países el actual entorno de incertidumbre y de inestabilidad en el ámbito internacional. Seguimos manteniendo unas tasas de crecimiento robustas. Nuestra previsión para este año es crecer un 2,1 por ciento y el año que viene un 1,8 por ciento. El crecimiento de la economía española tiene unos fundamentos más sólidos y sostenibles, más equilibrados que en etapas anteriores. Por ejemplo, no estamos generando déficit de balanza de pagos por cuenta corriente. La inflación sigue muy contenida y se sigue ganando competitividad. Tenemos una economía más diversificada, sin una burbuja en el sector de la construcción, y todas estas características se extienden a la Comunidad Valenciana. Es decir, que en líneas generales las tendencias deberían ser similares para Valencia y espero que su crecimiento esté alineado con el del conjunto del país.
–En la última revisión que se ha publicado, la del servicio de estudios del BBVA, la previsión para 2020 del 1,4 por ciento del PIB de la Comunitat, que estaba sustancialmente por debajo del crecimiento sobre el que el Gobierno valenciano ha elaborado su presupuesto...
–Lo que he visto este año es que la mayoría de los organismos revisaron al alza las previsiones de crecimiento en primavera. Nosotros no sobrereaccionamos en aquel momento porque ya desde el principio de año preveíamos que la segunda parte del año podría ser compleja por el Brexit, las tensiones comerciales o la sentencia del procés, como así ha sido. De la misma manera, ahora no hay que sobrerreaccionar con pesimismo. Esos fenómenos que ya preveíamos no cambian los fundamentos de nuestro crecimiento económico que son, como le decía, bastante más equilibrados que en otros momentos de nuestra historia. Esa es la base sobre la que tenemos que construir de cara al futuro.
"no hay que sobrerreaccionar con pesimismo ante los elementos de incertidumbre económica"
–La Comisión Europea ha abierto un expediente contra unas ayudas que la Generalitat dio a una aerolínea. ¿Tienen ya preparadas las alegaciones que va a presentar el Reino de España?
–La Comisión Europea ha solicitado información que por supuesto proporcionaremos para explicar estas ayudas que se referían a la modernización de la flota, a su adecuación a las nuevas exigencias medioambientales. En definitiva, unas inversiones que en principio deberían estar cubiertas por el reglamento de exención por categorías correspondiente.
–Existe una investigación de este tipo por una posible ayuda de Estado ilegal al Consorcio Valencia 2007. Su Gobierno se comprometió y así lo hizo en los últimos presupuestos frustrados a condonar la parte de la deuda que estaba en manos del Estado, ¿cómo encaja esa investigación con el hecho de que el Estado condone deuda? ¿No plantea problemas?
–Hasta el momento la Comisión Europea únicamente ha solicitado a las partes información sobre el préstamo, como hace siempre de oficio cuando hay una denuncia de una tercera parte. Desde el Ministerio de Hacienda se remitió la información requerida y la Comisión no ha solicitado nada más y no ha incoado procedimiento formal de investigación.
–¿Cómo asiste el Gobierno a las noticias negativas que llegan desde la planta de Ford en Almussafes como el traslado de la producción de motores a EEUU? ¿Tiene algún plan de contingencia o algún contacto con la multinacional?
El sector de la automoción en su conjunto es clave para nuestro país. Somos uno de los países más competitivos desde el punto de vista de la producción de vehículos, no sólo el ensamblaje, sino con toda la industria complementaria, los servicios y la logística. El Gobierno está plenamente comprometido con apoyar al sector y acompañarlo en el proceso de transición ecológica, que es ineludible.
"colaboraremos con las administraciones y la empresa para el mantenimiento de la actividad y del empleo en Ford Almussafes"
En el caso concreto de Ford tenemos tiempo, puesto que hasta 2024 no está previsto que se dejen de fabricar esos motores en Valencia. En este plazo tenemos que colaborar en los distintos niveles de la administración y, por supuesto, con la empresa para encontrar alternativas de futuro que garanticen el mantenimiento de la actividad y del empleo en esta planta. El sector se enfrenta a un reto, pero también habrá una gran oportunidad y creo que es muy positivo que el conjunto de la industria en España esté comprometida con el proceso de transición ecológica, con la transformación necesaria para adecuar nuestros coches a las nuevas necesidades, sobre todo, a nuestros mercados de exportación, para que sigamos siendo uno de los productores más competitivos del mundo.
–MSC, otra empresa muy importante en Valencia, concretamente en el Puerto, ha presentado una oferta para construir y explotar una nueva terminal de contenedores con una previsión de inversión de 1000 millones. MSC ha dicho que, si el proyecto se retrasa porque se le exige una nueva evaluación ambiental, se plantearía probablemente llevarse esa inversión a otro lugar. ¿Conoce el Gobierno esta situación? ¿Hay algún tipo de movimiento?.
–Somos conscientes de la importancia que tiene este activo estratégico para el futuro de la ciudad. Lo que tenemos que ver es si el estudio de impacto ambiental de 2007 sigue siendo válido y si ése tiene que ser el punto de partida. Necesariamente tenemos que asegurarnos de impulsar un crecimiento económico y desarrollo de las infraestructuras compatible con la protección del medio ambiente. La inmensa mayoría de la población española entiende que es preciso alinear crecimiento y sostenibilidad, tanto económica como medioambiental y social, y ésa es la agenda con la que estamos comprometidos.
–Y la empresa tendrá que entenderlo también si ello implica retrasos...
–Las empresas lo que normalmente valoran es la seguridad jurídica y la claridad; en la medida en la cual sepan cuál es el contexto, es más fácil tomar decisiones de inversión.
–El turismo británico es fundamental, particularmente para la Costa Blanca, ¿qué medidas tiene previstas el Gobierno para mitigar los efectos del Bréxit específicamente sobre este sector?
–La economía española está muy interrelacionada con la británica. En primer lugar, desde el punto de vista de la población, tanto por los británicos que viven en nuestro país como por los españoles que viven y trabajan en el Reino Unido. También desde el punto de vista de las exportaciones, muy importantes para esta comunidad autónoma, y desde el punto de vista de las empresas que están presentes en los dos mercados. Desde el primer día hemos considerado como una prioridad absoluta de nuestro Gobierno tratar de impulsar que se llegase a un acuerdo para una salida ordenada del Reino Unido. Que el impacto de este proceso, necesariamente negativo, sea el menor posible; minimizar los daños. Dada la incertidumbre, además nos hemos preparado para lo peor, con medidas como un Real Decreto-Ley para reforzar y agilizar el control de fronteras, los controles fitosanitarios, el procedimiento de aduanas, para tratar de facilitar la vida de los exportadores y también la continuidad para los residentes extranjeros en nuestro país.
"NUESTRO SECTOR TURÍSTICO ES TREMENDAMENTE COMPETITIVO Y OTRAS EMPRESAS CUBRIRÁN EL HUECO QUE SE PUEDA PRODUCIR CON EL BREXIT"
Hemos tenido un caso en cierta medida 'adelantado' con la quiebra de Thomas Cook, con efectos sobre todo en Baleares y Canarias. Y hemos reaccionado inmediatamente para adoptar soluciones temporales que nos permitan cubrir el impacto negativo que se puede producir a corto plazo. Nuestro sector turístico es tremendamente competitivo, tiene activos muy importantes y, por tanto, otras empresas cubrirán el hueco que se pueda producir. Pero es importante acompañar a todo el sector turístico en esa transición, facilitando la continuidad de los vuelos y apoyando la financiación de los operadores y los hoteles. El Gobierno actuó con enorme celeridad para establecer todos estos mecanismos y ésa tiene que ser la línea a seguir: acompañar al sector para que se adapte a las nuevas circunstancias.
–¿El Gobierno se plantearía una medida transitoria específica para el sector turístico de la Costa Blanca similar a las que ya ha adoptado hasta que otras empresas?
–Las medidas que hemos adoptado cubren a toda España. Algunas medidas son específicas de Baleares y Canarias por su idiosincrasia, pero todas las medidas que se han adoptado son comunes para el conjunto del Estado. Estamos ultimando la nueva línea del Instituto de Crédito Oficial del ICO para proporcionar financiación, liquidez y garantizar la continuidad de aquellas empresas solventes que se puedan ver afectadas negativamente debido a la falta de pago de la campaña de verano o la perturbación de la campaña de invierno. Alicante está cubierta por las medidas que se han adoptado.
–¿El borrador presupuestario que el Gobierno central ha enviado a Bruselas incluye la previsión de los 1.300 millones de euros de ingresos que el Gobierno valenciano mete cada año en su presupuesto como partida para igualarse a la media de financiación del resto de comunidades?
–Como Gobierno en funciones, hemos enviado a Bruselas lo que se denomina como Plan Presupuestario a Políticas Constantes, con menos grado de detalle del normal. Sólo se ha incorporado algunas medidas que ya están comprometidas, por ejemplo la revalorización de las pensiones o la subida del sueldo de los funcionarios, pero no se ha incluido todo el detalle correspondiente a las estructuras de financiación.
–El PSOE habla en su programa electoral de converger con otros países de la Unión Europea en cuanto a progresividad y equidad fiscal, con impuestos a las transacciones financieras o el impulso a la fiscalidad medioambiental, ¿va a haber subida de impuestos en el nuevo Presupuesto?
–Cuando preparemos los Presupuestos Generales del Estado para 2020 tendremos que ver cómo se articulan estos principios fundamentales que nos han guiado durante estos 17 meses: tener un sistema fiscal sólido, justo y progresivo. En definitiva, que las grandes empresas paguen proporcionalmente más que las pequeñas y que las grandes plataformas digitales tengan que contribuir también en aquellos países en los que se genere el valor añadido. Un sistema más justo que proteja a las clases medias y trabajadoras y aumente la progresividad. Los ciudadanos saben perfectamente cuál es nuestra agenda porque son los principios que nos guiaron en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2019, fallida lamentablemente. Y esos mismos principios son los que nos guiarán de cara al futuro.
–La ministra de Hacienda en funciones dijo en València que para poner más recursos a disposición de las Comunidades Autónomas en la reforma de su financiación, una cuestión prioritaria para la Comunitat, el Estado tendría que captar más recursos y que lo haría probablemente con nuevas figuras en el ámbito medioambiental...
–En fiscalidad medioambiental se está trabajando mucho a nivel global y europeo. Tendremos también que reflexionar sobre cómo hacer un sistema fiscal que incentive esa transición ecológica, pero de forma proporcionada, progresiva y sin poner en riesgo el crecimiento económico y la actividad. Se trata de instrumentos que se han demostrado como muy potentes en otros países para orientarse hacia una economía baja en carbono y cumplir nuestros objetivos de cara a 2030 y 2050. Son muchas las opciones que se están barajando y tendremos que ver cuál es el sistema más adecuado y equilibrado.
–¿Cuanto a subir el gasóleo, por ejemplo?
–No hay ninguna decisión tomada al respecto.
