Ángel Luna entrega al presidente de Les Corts, Enric Morera, la memoria de la institución. Foto: FLICKER CORTSVALÈNCIA (EP). La memoria de la Sindicatura de Greuges de 2020 concluye que la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia "las gravísimas carencias" que tienen las administraciones públicas para ser "eficaces" y el resultado es que "han fallado a muchos ciudadanos cuando más lo necesitaban, dejándolos a la intemperie", y "en desamparo" por lo que ha urgido a "su modernización desde la base hasta la cúpula" para que puedan "llegar a la gente".
Así, lo ha advertido este martes el síndic de Greuges, Ángel Luna, tras entregar en Les Corts la memoria de la institución, que recoge que se han tramitado 4.065 nuevas quejas, 30 de oficio y 16.052 consultas ciudadanas, frente a las 4.528 nuevas quejas, 33 de oficio, y 11.923 consultas de la ciudadanía del ejercicio anterior.
Al respecto, ha aclarado que esta disminución en el número de quejas es consecuencia de tres factores. En primer lugar, porque en 2020 prácticamente en un trimestre no hubo actividad por el confinamiento, aunque la institución sí que siguió abierta y atendiendo a la ciudadanía.
Además, los trabajadores de los servicios sociales, que son un elemento esencial para encauzar las peticiones al Síndic, durante este año de pandemia "lógicamente se han centrado en labores más urgentes". Por último, ha apuntado a la "comprensión" de la población ante esta situación "muy crítica", que ha derivado en que se haya puesto unas 500 quejas menos pero haya casi 6.000 consultas más que en 2019.
Luna ha explicado que de la memoria se observa que pese "al esfuerzo de muchos trabajadores públicos" la pandemia ha sacado "las gravísimas carencias" de las administraciones para resolver los problemas por sus maneras de trabajar "obsoletas" y unos "procedimientos excesivamente farragosos, complicados y largos" cargados de requisitos que deben "sortear" los propios ciudadanos o "simplemente para poder contactar con su centro de salud por teléfono, lo que les ha generado una situación de desamparo mientras se ha aumentado al colapso de los servicios sociales".
El problema estriba, ha mantenido, en el "desconocimiento de la administración de sus propios medios" lo que ha llevado "al colapso de los medios telemáticos para solicitar las ayudas que arbitraban" o "actuaciones laberínticas que siguen sin tener sentido hoy en día" como pedir ayudas a la vivienda.
El resultado es que la brecha tecnológica "se ha dejado sentir aún más en perjuicio de los más débiles y especialmente de los mayores", de forma que las ayudas "muchas veces no llegan a quienes las necesitan sino al que sabe moverse, que no son precisamente los más desfavorecidos".
Así, la pandemia ha acelerado "un proceso de deterioro de la administración pública española en general, no solamente la de la valenciana". Un ejemplo, ha citado, es la larga cola que observó en el Ayuntamiento de Alicante para conseguir el certificado de empadronamiento con el que demandar el ingreso mínimo vital incumpliendo así el derecho legal de las personas a no tener que aportar documentos que ya obran en el poder de las administraciones.
Por todo ello, ha insistido en que para "poder socorrer" a la ciudadanía, dado que los efectos de la pandemia "van a durar", se requiere de forma "imperiosa" una modernización "profunda" de las Administraciones, desde la manera de seleccionar funcionarios, sus procedimientos, sus prácticas a su capacidad de comunicarse con la ciudadanía.
El 43,49% de las quejas proceden de Alicante, el 6,07% de Castellón y el 44,39 de Valencia. El 92,09% se presentaron en castellano y el resto, 7,91% en castellano.
Por materias, servicios sociales, dependencia, discapacidad, igualdad y menores concentraron el 34,93 de las quejas -- un total de 1.420-- frente al 31,43% del año anterior; seguidas de Régimen jurídico, participación y transparencia con el 12,10% --492-- frente al 12,17% del año anterior; sociales y urbanismo el 10,46% --425-- frente al 7,77%; Educación, derechos lingüísticos y patrimonio cultural valenciano el 9,0% --367-- frente al 5,65%.
Le siguen las referidas a Empleo público con el 8,73% --355-- frente al 8,70%; Sanidad con el 5,04% --205-- frente al 9,70%; Medio Ambiente con el 4,72% --192-- frente al 5,12%; Consumo, Industria, Agricultura y Hacienda con el 4,45% --181-- frente al 9,81%; y Vivienda con el 1,82% --74-- frente al 2,56%.
Por organismos, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas encabezó el número de quejas con 2.050, seguida de Educación con 1.302; Sanidad con 267, Vivienda con 71, Economía con 42, Agricultura, 34, Política Territorial, 22, Hacienda 15, Participación 9, Presidencia de la Generalitat 11 y otros organismos autonómicos 33.
Luna ha avanzado que en lo que se lleva de año se han recibido unas 200 quejas más que en el mismo periodo que el año anterior fundamentalmente en Sanidad, Vivienda, Transparencia y Educación, mientras que las presentadas por dependencia, la renta valenciana de inclusión o discapacidad "siguen más o menos la misma tónica o incluso bajan ligeramente".
