El tren de los fondos europeos Next Generation EU

En España, que ocupa los últimos lugares europeos en ratios macroeconómicos (PIB/hab; deuda; déficit; elevada tasa de desempleo; productividad muy reducida; deficientes conocimientos escolares y educativos–informe PISA), en los próximos años debemos hacer un sobreesfuerzo tanto la Administración Pública como el sector privado: empresarios, contratistas, concesionarios y financieros para gestionar adecuadamente los 140.000 M€ (72.000 M€ de transferencias y 68.000 M€ de créditos) promoviendo la inversión del sector privado en torno a grandes Macroproyectos Tractores (MPT). Sólo una concentración de esfuerzos en gestión, eficacia, eficiencia y coordinación de los proyectos/actuaciones hará posible que nos subamos, aunque sea en marcha a la carrera, al ultimo vagón del tren europeo.

A este esfuerzo que debe liderar el Gobierno y Parlamento español en nada ayudarán la actitud de partidos nacionalistas que presumen de no ser españoles; los independentistas que se declaran claramente antiespañoles y los valientes gudaris bildu-etarras, con brillante historial de tiro en la nuca, bomba bajo el coche, el secuestro y la extorsión… y hoy apoyando al Gobierno de España y trabajando a favor de la Deconstrucción. Actitud que debe "abandonarse" ante esta oportunidad histórica y excepcional que nos brinda Europa con sentido de Estado y lealtad institucional.

Como ya apuntó el Presidente Pedro Sánchez en la Mesa de Dialogo Social (4/11/2020) para la Recuperación, Transformación y la Resiliencia  de la Economía Española, hay que recomponer, reactivar y afianzar la estructura empresarial; promover inversiones público-privadas ambiciosas e impulsar un programa de Reformas estructurales.

Como se puso en relieve en el Plan “España Puede”, activar este Plan Europeo puede generar problemas. De hecho, así se han reiterado los departamentos ministeriales afectados y aquí en la Comunidad Valenciana, personalmente así se han manifestado los responsables territoriales de la Administración General del Estado (AGE): Dirección de Carreteras (MITMA) en la Comunitat; ADIF Dirección Territorial Zona Este; C.H. Júcar Ministerio Transición Ecológica, etc., con quienes hemos mantenido reuniones de trabajo. Denuncian claramente la existencia de “cuellos de botella” tanto operativos (por falta de medios materiales y humanos de las Unidades y/u Órganos encargados de la tramitación de estos procedimientos, expedientes de redacción de proyectos, declaración de Impacto Ambiental, expropiaciones, etc.), como legales (por la complejidad de su tramitación… excesivamente garantista), situación que de no remediarse con prontitud puede impedir disponer de proyectos y actuaciones suficientes y solventes con la rapidez, la eficiencia y la transparencia que exige la UE.

Esta dificultad, entendemos que también se produce en la Generalitat y sus consellerias con vocación inversora, y en particular en las consellerias de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y Agricultura, Emergencia Climática, Desarrollo Rural, Transición Ecológica (sequía vs inundaciones).

De hecho, hace más de 10 años, desde la Cámara de Contratistas preparamos un documento -dossier- “Esquema General del Procedimiento de Contratación de una obra de Carreteras del Estado”, donde llegamos a identificar que desde la iniciación del Expediente (Normativa aplicable s/LCSP, y Órganos participantes en su licitación) hasta el inicio de las Obras/Comprobación del replanteo, había la necesidad de pasar por unos 183 hitos o pasos técnico-administrativos de una serie de Ministerios, direcciones generales, intervenciones, supervisiones etc. etc., que suponía un mínimo de 5/6 años para iniciar una obra, desde su inicial gestación.

Toda esta realidad, anquilosamiento de la Administración y “carencia de biblioteca de proyectos /actuaciones”, más allá de meras declaraciones de  futuribles intenciones, genera “cuellos de botella”, efectos muy perniciosos al demorar los compromisos de gasto, y de ese modo impide que podamos atender (tener dispuestos proyectos para su licitación y adjudicación) a los importes asignados a España, con cargo al Next Generation EU (21/07/2020), Agenda 2030 de la ONU (25/09/2015) y The European Deal Green (11/12/2019).

Desde la CEOE y en su Departamento Legal, con el beneplácito de la Oficina Económica de la Moncloa, se creó con rapidez y eficacia una Oficina de Proyectos Europeos para encontrar/proponer un Proyecto de Agilización de Contratación y Redacción de Proyectos. A esta oficina se incorporaron junto a los asesores jurídicos y expertos de CEOE y sus organizaciones sectoriales, los directores de los departamentos de Derecho Público de consultoras tan importantes como Deloitte, Uría, Cuatrecasas, PWC, etc.  “Los documentos que, tras arduo y eficaz trabajo se entregaron al Gobierno (Gabinete Económico de la Moncloa) se refiere a una propuesta de Proyecto de Real Decreto Ley para agilizar los trámites administrativos, jurídicos y procedimentales de la distribución de Fondos Europeos Next Generation EU, que suponen unas modificaciones en preceptos específicos de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones. Con ello se pretende eliminar trámites “innecesarios” para acortar plazos administrativos, agilizando el funcionamiento de la Administración, preservando “en todo momento” los mecanismos que garantizan el buen uso de los recursos públicos, y creando una nueva figura, la de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, para incluir en el ordenamiento jurídico, nuevos instrumentos de Colaboración Público Privada.

Los PGE-2021 de España, en trámite último de enmiendas parciales en el Congreso, ya llevan incorporados e incluyen una serie de partidas por importe de 26.634 M€ con cargo a los Fondos del Next Generation EU, por lo que, habida cuenta que no antes del tercer trimestre 2021 (en el mejor de los supuestos) comenzaremos a recibir fondos acordes a proyectos aprobados, primero por OIReSCOM y ONE (España) y después por Bruselas, tendremos que nuevamente emitir deuda pública que asumirá el BCE y que tendrá que irse adecuando a la efectiva puesta en marcha y disponibilidad de la llegada de Fondos Comunitarios, y tener que acudir directamente o como apalancamiento a la Colaboración Público-Privada.

Finalmente desde los Sectores de la Consultoría/Ingeniería, la Construcción, y las Concesionarias/Financieras, y desde una gobernanza eficaz y control centralizado desde el Gobierno, que garantice una coordinación eficaz entre administraciones, pero asegurando un rol clave de las autonomías en la gobernanza y gestión de fondos europeos, al conocer la casuística e idiosincrasia de su territorio, proponemos los siguientes Macroproyectos Tractores: (1) Plan de Rehabilitación de Vivienda y regeneración urbana; (2) Depuración de aguas y redes de saneamiento; (3) Prevención de avenidas; (4) Plan de Residuos; (5) Transporte público y movilidad; (6) Transporte ferroviario de mercancías, convencional y logística; (7) Movilidad urbana; (8) Movilidad segura, conectada y sostenible; (9) Equipamiento público con refuerzo de la infraestructura sanitaria; (10) Transformación digital y ecológica del sector industrial y de la construcción, y (11) Reformas legales e incentivos fiscales.

Proyectos tractores, que por un importe aproximado de 100.000 M€ (de los cuales tan solo 12.800 procederían del Next Generation UE, y otros 87.300 M€ del capital privado (CPPs) generarían un empleo a 1.376.000 personas, producirían una actividad económica inducida de unos 190.000 M€ y tendrían un retorno fiscal de 47.000 M€.

Solo queda tener voluntad gubernamental en acometer estas recomendaciones y exigencias de la U.E para subirnos a este último tren europeo.

Manuel Miñés es director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana (CCCV)