Puig, Cucarella y Soler. Foto: GVAVALÈNCIA. Poco a poco la actividad en Les Corts vuelve a la "vieja normalidad" que quedó congelada antes del confinamiento por la crisis sanitaria de la covid-19: la tramitación de leyes que quedaron pendientes -como la Ley del Juego que fue aprobada hace ya tres semanas-, Proposiciones No de Ley olvidadas, la puesta en marcha de comisiones parlamentarias y también los tropiezos en las votaciones que de vez en cuanto se suelen cometer.
Este jueves al tripartito le tocará enmendar uno de los errores que dejó en el cajón cuatro días antes de que se decretara el estado de alarma por una votación equívoca en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda del Parlamento valenciano y que, en plena cancelación de las Fallas, pasó de puntillas por la actualidad mediática: el permiso a la Sindicatura de Comptes a que fiscalice más exhaustivamente las cuentas de la Generalitat Valenciana y su sector público instrumental.
En concreto, Les Corts Valencianes aprobaron el 10 de marzo el dictamen de la comisión de Economía en el que se recogía el informe de fiscalización de la Sindicatura de la cuenta general de la Administración de la Generalitat de 2018. En él, se incluyó por error del tripartito una propuesta de resolución del PPCV en la que se instaba al órgano a extender su labor de control a varios ámbitos.
En el texto aprobado, el Parlamento instaba al Consell a dotar de medios humanos y técnicos a la Sindicatura de Comptes para poner el foco de atención en Presidencia de la Generalitat: "La Sindicatura debe realizar un análisis sobre las líneas de subvención o transferencias que han tenido un grado de ejecución bajo o/y unos niveles de pago bajos, o incluso nulos, en particular aquellos que dependen de Presidencia", detallaba el dictamen de la comisión de Economía.
Asimismo, el Parlamento valenciano exigía a la institución a través de la propuesta de resolución del Partido Popular a realizar un análisis "del uso abusivo de los contratos menores y las adquisiciones por compra directa, así como de la insuficiente justificación sobre la necesidad y la idoneidad del objeto del contrato y el fraccionamiento indebido de su objeto".
El redactado fue incluido en el dictamen al ser aprobado por unanimidad por PPCV, Ciudadanos, Vox y los tres grupos parlamentarios que forman el tripartito: PSPV, Compromís y Unides Podem. Una votación que tres meses después las formaciones que integran el Botànic II quieren rectificar. ¿La manera? Socialistas, valencianistas y morados no encuentran otra forma que no sea votando en contra en el pleno de este jueves del dictamen de la comisión que dio luz verde a la cuenta general de 2018.
De hecho, así lo confirmaron este martes los portavoces de Economía en Les Corts de los tres partidos que integran el Consell durante el debate: Ferran Martínez (Unides Podem), José Muñoz (PSPV) y Aitana Mas (Compromís). De esta manera, será la primera vez en la historia que la Cámara valenciana rechace el informe del órgano fiscalizador que, actualmente, dirige Vicent Cucarella.
La votación, sin embargo, se producirá este jueves porque los grupos parlamentarios han agrupado las votaciones de todos los puntos del orden de los plenos en la última jornada a pesar de que estos son debatidos con anterioridad en los días previos. El posicionamiento del tripartito, no solo supondrá rechazar, en definitiva, el informe fiscalizador de la cuenta general, también de dotar de más medios a la Sindicatura de Comptes para que controle más y mejor a la Generalitat Valenciana y su sector público instrumental.
La propuesta de resolución de los populares incluida en el informe de la comisión de Economía y aprobada por Les Corts también instaba al Consell a dotar de los recursos materiales y humanos necesarios a la Sindicatura para que esta pudiera "realizar auditorías integrales de las cuentas de la Generalitat Valenciana y de sus organismos, empresas públicas y fundaciones, en cuanto a la opinión respecto a los términos de eficiencia, eficacia y economía".
Además, el órgano fiscalizador realizaría "un análisis de los gastos contraídos sin cobertura presupuestaria, vulnerando lo dispuesto en la normativa de aplicación, y habiendo recepcionado bienes y prestación de servicios sin amparo contractual y su consiguiente tramitación como expedientes de enriquecimiento injusto". Así, también obligaba a que mejorara la "tramitación y contabilización" de los expedientes de enriquecimiento injustos aprobados por el Consell.
La institución que dirige Vicent Cucarella debería seguir velando por el cumplimiento de la legalidad de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) que preside Enrique Soriano, la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació que dirige Alfred Costa, o las entidades del sector público instrumental de la Generalitat.
Por último, la propuesta de resolución obligaba a que se llevara "con urgencia" una mejora de la gestión contractual por los órganos responsables de la Generalitat porque, según recogía el texto, el informe de la Sindicatura dejaba "acreditado que la gestión en esta materia incurre en numerosos incumplimientos de la normativa reguladora de la contratación pública".
