El valenciano no será exigido a funcionarios de Sanidad si choca con el derecho a la salud

VALÈNCIA (EFE). El anteproyecto de la ley de la Función Pública recoge el requisito lingüístico para el personal al servicio de las Administraciones valencianas con la excepción del ámbito sanitario, ya que nunca puede entrar en colisión con el derecho a la salud.

Si la exigencia del valenciano produce una disfunción en el funcionamiento del sector público sanitario, se priorizará "siempre" el servicio público sobre la exigencia de la capacitación, según ha asegurado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

Este miércoles se ha celebrado la Mesa general de Negociación, que ha abordado el anteproyecto de ley de la Función Pública y en la que se ha cerrado el trámite de negociación con los sindicatos -UGT, CCOO, Intersindical, CSIF y ANPE-CEMSATSE- para su aprobación. El texto regula el grado de conocimiento del valenciano que tendrán que demostrar los candidatos a trabajar en la Administración de la Generalitat.

Como punto de partida se ha asumido el acuerdo alcanzado por los sindicatos CCOO, Intersindical y UGT sobre la competencia lingüística que ha de acreditar el personal al servicio de las Administraciones valencianas, ha informado la Conselleria. Contempla que esta materia sea desarrollada mediante un reglamento que tendrá que estar aprobado a los seis meses de la entrada en vigor de la ley.

Si en el plazo de un año este reglamento no estuviera aprobado, se aplicará que a los aspirantes a los grupos A1, A2 y B se les exigirá el certificado C1 (equivalente al antiguo Grau Mitjà), y los opositores a los grupos C1 y C2 precisarán de los certificados B2 y B1 respectivamente (Grau Elemental), mientras que para las agrupaciones profesionales funcionariales se exigirá la acreditación del A2 (Grau Oral).

El sindicato CSIF ha rechazado el anteproyecto de ley por la imposición del requisito lingüístico y ha pedido que el nivel de valenciano sea un mérito para el acceso y provisión de empleo público. Argumenta que, en lugar de fomentar el conocimiento del idioma, supone una pérdida de derechos y la imposibilidad de consolidar, promocionar, participar o reingresar en estos procesos, ha informado en un comunicado.

Por su parte, Intersindical considera que la "redacción ambigua", la remisión a "futuros reglamentos" o las exenciones respecto a la capacitación lingüística no garantizan los derechos lingüísticos de las persona que utilizan el valenciano como lengua habitual, y afirma que la Conselleria se ha sumado "al discurso supremacista" del castellano.

En cuanto a otras cuestiones, el proyecto de ley obliga a acabar las pruebas de acceso un año después, como máximo, de la convocatoria de las oposiciones, que deberán tener al menos un 50 % de plazas para el turno libre. La Conselleria de Justicia ha destacado que la nueva ley ha sido "muy consensuada" con los sindicatos, a los que se ha aceptado entre el 70 y el 85 % de sus alegaciones.

El proyecto contempla las recomendaciones sobre igualdad entre hombres y mujeres recogidas en el Libro violeta de la Función Pública Valenciana, elaborado por expertos en perspectiva de género. El CSIF también ha rechazado la obligación de superar un ejercicio de las pruebas selectivas para formar parte de las bolsas de empleo temporal al considerar que elimina derechos del personal interino y provoca que se minusvalore la experiencia como mérito para el orden de prelación en las bolsas.

Por ello, ha planteado a la Conselleria que renegocie la propuesta y la creación de una "supermesa" de negociación con todas las administraciones públicas valencianas. Intersindical se muestra contrario a la función directiva profesional, a las entrevistas personales en las convocatorias y a la oposición "pura y dura" obviando la fase de concurso que valora los méritos.

El anteproyecto presentado prevé que el Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) se convierta en la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP), que será el que garantice la objetividad, imparcialidad y profesionalidad de los procesos selectivos de todos los organismos de la Generalitat. El anteproyecto de ley incluye una "drástica" reducción del número de cuerpos y escalas de la Administración de la Generalitat, que pasan de los 201 cuerpos, escalas y agrupaciones funcionariales que existen en la actualidad a un total de 87.