La publicación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 supone un nuevo viraje del Gobierno en lo que respecta a medidas tributarias. Eso, sin entrar a valorar algunas previsiones, como la estimación de un aumento del 14,7% en los ingresos públicos.
Cabe recordar que actualmente aún se gobierna bajo la Ley de Presupuestos del año 2018, aprobada en el último mandato de Mariano Rajoy. Y tampoco podemos olvidar la moción de censura de junio del 2018, que propició a Pedro Sanchez la presidencia del gracias al apoyo de una “amalgama” de partidos políticos, algunos de los cuales no sucumbieron a los “encantos” del proyecto de ley de presupuestos para el 2019 que preparó el Gobierno Sánchez en su primer mandato junto con el grupo parlamentario Unidas Podemos. Aquello desembocó en la convocatoria electoral de abril del 2019, donde el PSOE fue el partido con mayor número de votos pero, sin embargo, no fue capaz de reunir los apoyos necesarios para lograr ser investido presidente. Se disolvieron nuevamente las Cortes y se celebraron elecciones en noviembre del 2019: el PSOE volvió a ser la fuerza más votada pero con un retroceso de escaños y votos. Finalmente, tras el acuerdo de gobierno de coalición con Unidas Podemos, se consiguió la investidura y formación del actual Gobierno en enero del 2020.
Por aquel entonces, ya se habían producido los primeros casos de contagio en China por covid-19, que a partir de marzo propició la declaración de pandemia mundial por la OMS, el estado de alarma en España, y el terrible y angustioso periodo vivido en los meses de marzo a mayo, con miles de fallecidos, sistema sanitario colapsado, empresas cerradas, ERTE y una crisis económica fulgurante.
Es importante recordar todo esto para saber en qué momento nos encontramos y por qué se nos presenta este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2021 con unas previsiones macroeconómicas, desde mi punto de vista, extremadamente optimistas. Pero no quiero detenerme en cuestionar las previsiones del Gobierno, sino en lo importante: en las medidas tributarias del proyecto presupuestario, entre las cuales se limita la exención por dividendos y venta de filiales al 95% (actualmente, del 100%), incrementa dos puntos el IRPF para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros anuales y tres puntos porcentuales para las rentas del capital superiores a 200.000 euros anuales, sube el Impuesto de Patrimonio con vigencia indefinida, se incrementa el Impuesto sobre Hidrocarburos (“dieselazo”), sube el IVA a las bebidas azucaradas, etc.
Como pueden observar, medidas tributarias que suponen un alza impositiva importante para las empresas, empresarios y ciudadanos. Pero esto no sería lo más llamativo si tenemos en cuenta el acuerdo de investidura entre el PSOE y Unidas Podemos, aunque en aquel pacto había medidas de alivio fiscal que no han llegado al proyecto de Presupuestos: reducción de dos puntos del tipo impositivo para las entidades con cifra de negocio inferior al millón de euros y deducción por incorporación de mujeres al órgano de administración de las compañías.
Lo especialmente grave es el viraje que adopta nuestro Gobierno al presentar unos presupuestos con esta subida impositiva con la que está cayendo: con miles de establecimientos cerrados, autónomos cobrando la prestación por cese de actividad, incremento del desempleo… Insisto en el viraje porque semanas antes a la presentación del citado proyecto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que la reforma fiscal quedaba aparcada hasta que la situación económica y sanitaria mejorase. Creo sinceramente que debemos solicitar a nuestros gobernantes que se fijen en países vecinos como Alemania, donde se ha propuesto que el Estado asuma el 75% de los ingresos que obtenían los comercios en noviembre del 2019.
Solo cabe ahora pedirles a nuestros gobernantes, y al resto de fuerzas políticas, que aprovechen la tramitación parlamentaria para efectuar un último viraje hacia la cordura y el sentido común. Si no modifican las medidas de alza fiscal que contempla el actual proyecto no conseguirán sino agravar la actual situación de crisis económica y social.
* Miguel Ángel Molina Martínez es Socio Fiscal Tomarial SLP