VALÈNCIA. Luis Iglesias, marido de María Zaplana, hija del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, ha afirmado que los 2,2 millones de euros que fueron ingresados en la cuenta familiar que compartía con su esposa procedían de una operación inmobiliaria con Amancio Ortega, dueño del imperio Zara.
Iglesias ha afirmado que pertenecía a un fondo internacional de inversión que se dedicaba a la compraventa de inmuebles por cuyas ventas recibía un porcentaje. En el caso de Amancio Ortega, fue la venta de un inmueble en la calle Gran Vía 32 en Madrid, que se vendió al empresario gallego por 400 millones de euros y por cuya venta Iglesias recibió un dividiendo de 2,2 millones de euros. Esta es la cifra bajo sospecha y de la cual supuestamente la Agencia Tributaria tiene conocimiento, con lo cual esa parte de la investigación, de ser acreditada, dejaría de estar bajo sospecha.
Esta declaración viene vinculada a lo dicho por la propia María, quien ha declarado a Valencia Plaza: "Ese dinero procede de negocios de mi marido". Fuentes del caso consultadas por este periódico aseguran que lo dicho por el yerno de Zaplana no es descabellado, pero que habrá que investigarlo.
María Zaplana, la hija del expresidente de la Generalitat, y Rosa Barceló, la mujer del político imputado por el presunto amaño de contratos públicos, el cobro de ‘mordidas’ y el blanqueo de las mismas, han explicado a Castellón Plaza que han contestado a todas las partes y que “la declaración ha ido muy bien" porque han podido explicar "los errores" por los que ambas se encuentran investigadas en el caso Erial.
María Zaplana, que también ha declarado, ha dicho a la salida: "Me he ratificado en lo dicho ante la UCO". Lo que declaró ante la Guardia Civil fue que los 2,2 millones ingresados procedentes de Suiza eran de negocios de las empresas de su marido, así como que los 3.500 euros que costaba mensualmente el alquiler del piso del expresidente en Pascual y Genís “era un precio ajustado a mercado”.
Además, también ha explicado que el piso de Poeta Querol lo pudo adquirir gracias a una donación de su padre de 600.000 euros. María Zaplana asegura que "no hay nada, son todo errores que se subsanarán con el tiempo y la documentación aportada por la defensa".
Luis Iglesias, el marido de María Zaplana, ha declarado con respecto al alquiler que le parecía normal que una persona que no es propietaria lo alquile como propietaria, y que le pareció "un poco caro, pero no mucho", así como que era normal no haber visto nunca al propietario.
Además, también ha prestado declaración la secretaria de Zaplana, Mitsouko Henríquez, quien ha afirmado que las operaciones monetarias que hizo, las hizo porque se lo dijo Zaplana, y que los 50.0000 euros en efectivo encontrados en el despacho del expresidente que tenia en Telefónica eran para gastos corrientes como comidas, cenas, viajes, y gastos médicos derivados de su enfermedad, que a veces se pagaban en efectivo.
Por otro lado, Henríquez también ha asegurado que Zaplana le decía que le cobrara los cheques, y que también cobró cheques a Joaquín Barceló -presunto testaferro- pero que para hacerlo le pedía permiso a Zaplana.
En el caso Erial se investiga el presunto amaño de la adjudicación de los contratos de las ITV y del Plan Eólico en la Comunitat, y el posterior pago de comisiones, entre otros, al expresidente Zaplana.
Entre los imputados se encuentran, además de Zaplana, los empresarios José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau; el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, o la mujer y una de las hijas de Zaplana.
Asimismo están imputados el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, la exdiputada del PP Elvira Suanzes y empresarios como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro, y Saturnino Suanzes, abogado y posible gestor de fondos "b" y hermano de la citada ex diputada autonómica.
Los investigados están acusados de los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.