VALÈNCIA. (EP). La Plataforma per un Finançament Just de la Comunitat Valenciana y la plataforma Per un Bon finançament de les Illes Balears han exigido un cambio del modelo de financiación en el año 2019 en el que se tenga en cuenta el peso poblacional, permanente y temporal de cada territorio, así como que mientras no se apruebe este nuevo modelo, se establezcan "de manera urgente" mecanismos compensatorios.
Así lo han reclamado ambas entidades, que agrupan a partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, en un manifiesto surgido de una reunión que han mantenido este viernes en València, en el que refieren que "la gran mayoría de la sociedad de ambas comunidades autónomas vienen reclamando una reforma inmediata del sistema de financiación", así como que el nuevo modelo no debe "discriminar a la ciudadanía por su lugar de residencia".
Otras de las reclamaciones que han realizado ha sido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque la Conferencia de Presidentes autonómicos como un "principio" para este nuevo modelo. Así, han destacado que el nuevo gobierno tiene una "predisposición positiva" ante esta cuestión, pero han manifestado que "no pararán las acciones" hasta que se apruebe el nuevo modelo.
Asimismo, han pedido que el Estado asuma la deuda que se ha generado en ambas autonomías como causa de la falta de financiación. De hecho, el secretario general de CCOO PV y representante de la plataforma valenciana, Arturo León, ha destacado que el pago de la deuda es el segundo gasto más importante de la Generalitat, mientras que, desde la plataforma balear, Javier de Juan ha señalado que de los 9.000 millones de deuda de las Islas Baleares, unos 5.000 se deben al sistema de financiación actual.
Los representantes de las entidades que conforman ambas plataformas han pactado unas acciones el 29 de noviembre en el que se entregará este manifiesto en las delegaciones y subdelegaciones de gobierno de las ciudades de ambas comunidades autónomas.
Otra de las cuestiones que han abordado es la intención de ampliar esta colaboración entre Comunitat Valenciana y Baleares a más autonomías. En palabras de la coportavoz de Compromís y miembro de la plataforma valenciana, Àgueda Micó, buscan "pasar de la bilateralidad a la multilateralidad".
Así, han indicado que ya han empezado contactos con plataformas de Murcia y Andalucía, y han apuntado que pretenden incluir a todos los territorios, incluso los que actualmente tienen una buena financiación: "Buscamos la unión entre territorios", ha manifestado Micó, quien ha incidido en que buscan "nuevas alianzas para encontrar nuevos consensos".
Así, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha insistido en que no quieren "una confrontación territorial en la que el arco mediterráneo pudiera contraponerse a otros territorios". "Partimos de que el actual es un sistema rígido en que, para que unos ganen, otros han de perder, lo que es una idea errónea", ha señalado.
En este sentido, de Juan ha agregado que la solidaridad entre territorios "no se discute para nada", pero buscan "un modelo en que las cosas estén más claras desde el principio", lo que daría "libertad para que los territorios puedan crecer": "El sistema hay que simplificarlo, si tengo las gastos, tengo que tener los ingresos. El estado no puede transferir los gastos y luego repartir los impuestos, lo que genera que haya comunidades que no pueden mantener sus servicios públicos básicos", ha manifestado.
Junto con la reforma del sistema de financiación, las plataformas han reclamado "de manera urgente" la asunción por parte del Estado de las deudas públicas de las autonomías provocados por la infrafinanciación, así como que el Proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019 recoja "un reparto de las inversiones y una ejecución que atienda una programación racional que acabo con el déficit inversor de las comunidades autónomas firmantes de este manifiesto y se ajuste al peso poblacional y económico de cada una de estas".
Así, también han pedido que se reconozca "el déficit inversor de los últimos años por parte del Gobierno de España" y se elabore "una agenda real de actuaciones urgentes en estos territorios". En la misma línea, piden al Gobierno el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación, así como el establecimiento de mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado.