VALÈNCIA. Hace unos meses, Valencia Plaza desvelaba una disputa judicial entre dos de las empresas que conforman la UTE Erescanner Salud, que desde 2008 presta el servicio de resonancias a la sanidad pública valenciana. La familia Saus y la familia Paz, principales integrantes de la UTE, mantienen una batalla por 5 millones de euros de los beneficios obtenidos del servicio público tras la aparición en 2017 de un documento "sorpresa". Un enfrentamiento que ha llegado a los juzgados de lo penal y que ahora repercute en los resultados de Eresa, la empresa de los Saus.
La UTE está controlada en un 57% por la familia Saus (Grupo Ascires) –a través de Eresa (49%) e Iberdiagnosis (8%)– y los otros socios son la familia Paz (Clínica Benidorm) –a través de Inscanner (20%) y Beanaca (8,5%)– y Ribera Salud, con el 14,5%.
Este documento, supuestamente firmado en 2011, establecía un nuevo reparto de los beneficios de la UTE en el que Inscanner y Beanaca solo percibirían las ganancias obtenidas en la provincia de Alicante. Es decir, en lugar de recibir un 28,5% del total de la UTE recibiría solo lo facturado en la provincia de Alicante.
Ante esta situación perjudicial para las arcas de Inscanner, Eresa fue llevada por la compañía alicantina a los juzgados al interponer una querella para invalidar el proceso. Esto motivó que la compañía de los Saus provisionara el año pasado 5,5 millones tras judicializarse la cuestión, lo que rebajó sus beneficios ese año hasta 2,9 millones frente a los 7 del año anterior. La facturación de la compañía también se redujo en 2018 de 50,2 millones a 48,6.
Eresa repartió dividendos con cargo a reservas voluntarias por importe de 4 millones de euros. En los últimos cinco ejercicios la empresa ha repartido entre sus accionistas dividendos por un valor total de 17,24 millones de euros.
En 2018, la UTE –dirigida desde el año anterior por Lorena Saus, presidenta del Grupo Ascires– aprobó con los votos a favor de los Saus y en contra del resto, un reparto de 30 millones de euros según el porcentaje inicial pero restándoles 5,13 millones a Inscanner y Beanaca para dárselos Eresa. En la querella, Inscanner considera esto delito societario y apropiación indebida porque, aun dando por válido el documento de 2011, se trataría de una relación contractual entre esos dos socios, ajena a la UTE, por lo que los Saus no podían prevalerse de su mayoría en la UTE para cobrarse la supuesta deuda sin que fuera otorgada por la compañía 'perjudicada'.
"La entidad ha reconocido unos ingresos de 5,5 millones de euros como consecuencia de la interpretación y ejecución de un contrato de fecha 18 de noviembre de 2011", recogen en las cuentas de Eresa. Según detallan, 5,1 millones se remontan el periodo de 2012 a 2017 y han sido registrados con abono a cuentas de reservas. Los 401.081 euros restantes corresponden a la liquidación del contrato hasta 30 noviembre de 2018 y han sido registrados con abono a ingresos ordinarios.
"Las liquidaciones efectuadas por los años 2012 a 2017 derivadas del contrato citado han sido impugnadas judicialmente en 2018, demandando a la entidad al reintegro de las cantidades dispuestas. La sociedad, en base a los principios de correlación de ingresos y gastos, prudencia valorativa e imagen fiel, ha dotado la correspondiente provisión", explica la memoria anual.
Como ya señalaba Valencia Plaza la pasada semana, las cuentas de la compañía de resonancias también recogían un cálculo del coste que supondría que tanto la Conselleria de Sanidad como el Hospital General de Valencia no subrogaran al personal de sus contratas y que establecía en 6 millones de euros.
Una cifra que supondría cubrir los despidos de personal y que se elevaría a 4,8 millones de euros si la actividad de la UTE Erescanner Salud finaliza su relación con la administración sin que asuma a una parte importante de sus trabajadores, mientras que el coste en el consorcio hospitalario se cifra en 1,2 millones.