VALÈNCIA. El pasado 30 de octubre se reunían en el Palau de la Generalitat los máximos representantes que sustentan el Pacto del Botànic para firmar con toda solemnidad un acuerdo que significaba el espaldarazo aparentemente definitivo a los últimos presupuestos de la presente legislatura. De esta manera, el jefe del Consell, Ximo Puig (PSPV); la vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís), y el líder de Podem, Antonio Estañ, renovaban su sintonía con una rúbrica para las cuentas que dejaba allanado el camino para la supervivencia de la alianza alcanzada en 2015.
Así, una fotografía de los tres referentes políticos con un documento compuesto de 66 medidas -de carácter en su mayoría superficial- propuesto por la formación morada -la que da sustento parlamentario desde fuera del Gobierno- convertía la jornada en un aparente éxito de las tres fuerzas políticas que alejaba los fantasmas de inestabilidad que se cernían con la proximidad de las elecciones locales y autonómicas.
Sin embargo, todo no podía ser tan fácil. Si la Ley de Acompañamiento ya está ofreciendo discrepancias y picos de tensión reseñables, el periodo de registro de enmiendas concluido este lunes evidenció que no todo el pescado está vendido en Les Corts de cara a la aprobación de las cuentas antes de Navidad.
Empezando por Podemos. El partido que lidera Estañ registró este lunes nada menos que 116 enmiendas, algunas de ellas que escuecen especialmente en el PSPV como la supresión de la ayuda de 3 millones a Air Nostrum o el recorte a la mitad del millón en subvenciones directas que pueden otorgarse desde Presidencia de la Generalitat, o lo que es lo mismo, de las que puede hacer uso Ximo Puig. "No sé para qué firmamos un acuerdo y nos hacemos una foto", se quejaba amargamente un diputado socialista a este diario al conocer el grueso de las enmiendas presentadas por Podem.
Una manera de expresar el disgusto que circulaba este lunes en la formación socialista al considerar que el pacto con la formación morada no había servido para reducir a la mínima expresión las reivindicaciones del partido de Estañ, que el año anterior se tradujeron en 200 enmiendas. En este sentido, fuentes del PSPV recordaban haber accedido durante las negociaciones a unos 150 millones de euros en peticiones de Podem basadas principalmente en Vivienda, Educación, pobreza farmacológica y otras cuestiones, por lo que mostraban su malestar por el más de centenar de enmiendas.
En este sentido, una de las modificaciones más significativas que propone Podemos en estas cuentas es la que pide aumentar el presupuesto de la Agencia Valenciana de la Innovación que preside Andrés García Reche. Mientras el año pasado consiguieron que el Consell redujera su presupuesto en 3,8 millones, en 2019 la formación pide que se incremente en medio millón de euros que restarían de los "trabajos realizados por otras empresas y profesionales" en los programa de Promoción Institucional y Comunicación; Administración local; relaciones con Les Corts; y Alta Dirección y Servicios Generales.
Ahora bien, tampoco los partidos del Consell, PSPV y Compromís, pueden hablar demasiado alto en este aspecto. El atasco este lunes en el registro era notable y no solo por la oposición: los socios en el Ejecutivo presentaron 168 enmiendas a sus propias cuentas, hecho llamativo que de algún modo también desinflaba la crítica contra Podemos. Si los propios creadores y diseñadores de los presupuestos corregían las partidas inicialmente presentadas, no resulta extraño que el socio externo también proponga sus propias modificaciones.
La mayoría de enmiendas presentadas conjuntamente por PSPV y Compromís, no obstante, no suponen grandes variaciones económicas individualmente, pero sí en el grueso final. Entre las propuestas que realizan los partidos que componen el Govern del Botànic se encuentran diferentes modificaciones presupuestarias, como por ejemplo, una ampliación en casi 20 millones de euros de las partidas relativas a la financiación de la delegación de competencias en las administraciones locales en materia de infraestructuras educativas de educación primaria y secundaria, unas actuaciones contempladas en el Plan Edificant.
Otra de las enmiendas que más llama la atención de los grupos que integran el Consell es la que pide incrementar en 1 millón de euros el presupuesto de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) con el fin de financiar "gastos corrientes" del ente para "refuerzar el sector audiovisual valenciano". Una cuantía que socialistas y valencianistas restan de la segunda fase de implantación del Plan Estratégico de Industria Valenciana (PEIV) de la Conselleria de Economía que dirige Rafa Climent.
En este sentido, conviene recordar que la coalición valencianista se planteó semanas atrás aumentar los fondos de la Corporació que preside Enrique Soriano para adecuarlos a lo que recoge la ley de creación de À Punt. En concreto, al artículo que hace referencia a que el presupuesto de la radiotelevisión valenciana deberá consignarse de acuerdo a las cuentas de la Generalitat y nunca podrán ser inferiores al 0,3% ni superiores al 0,6%. Según el grupo parlamentario que dirige Fran Ferri, los 55 millones de euros previstos para 2019 no se hallan en la horquilla que marca la normativa, sino que suponen un porcentaje inferior.
Un argumento, el legal, que emplearon semanas atrás para tratar de convencer a Podemos y PSPV de la necesidad de aumentar el importe concedido al órgano que dirige Empar Marco, ya que de lo contrario estarían incumpliendo una ley que elaboraron ellos mismos. No obstante, ninguno de sus socios estaba dispuestos a hacerlo. Se acogieron a que el cálculo de estos porcentajes debía hacerse tomando como referencia el presupuesto de gastos no financieros, es decir, aquel que no incluye los más de 5.000 millones de euros de deuda. Finalmente, de los 14 millones de euros demandados por Marco y Soriano, tan solo se ha concedido uno.
Por otro lado, los grupos de la oposición, PP y Ciudadanos, se situaron conjuntamente en cifras muy similares a los del año anterior. Los populares que lidera Isabel Bonig registraron 1.064 enmiendas (por las 1.250 del pasado ejercicio) mientras que la formación naranja introdujo 574 por las 491 de los presupuestos de 2018.
Entre las enmiendas del PPCV, además de la supresión de la subvención directa de 1 millón en Presidencia y de la redistribución de la ayuda a Air Nostrum, destaca la que plantea disminuir en 100.000 euros a la CEV, UGT y CCOO la compensación económica directa por participación institucional y destinar esos 300.000 euros a la mejora de las condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales en la línea de subvención por colaboración institucional (alcanzaría los 900.000 euros).
En el área de Justicia solicitan destinar 3 millones de euros para la construcción de edificios o 2 millones para la modernización tecnológica, la implantación efectiva y completa del expediente judicial electrónico. En Agricultura, piden medidas para la racionalización del uso de agua para riego y destinar 9,5 millones de euros para la construcción de la depuradora en Sagunto. En Turismo, una enmienda propone destinar 250.000 euros a un nuevo programa de lucha contra el intrusismo y el fraude en los apartamentos turísticos.
En Infraestructuras se incluyen entre las 72 enmiendas presentadas la construcción de la Ronda Sur-Oeste de Vila- Real, el Tren Gandía-Denia-Alicante (Tren de la Costa), la completa ejecución de la línea T-2 de MetroValencia hasta Nazaret, la finalización de la Autovía CV-60 en el tramo Terrateig-L'Olleria, la mejora y ampliación de la carretera de la Ronda de Mislata, la circunvalación Bellreguard -Oliva (Variante Sur) en Oliva, la estación intermodal en la zona Playas de Orihuela (Orihuela); las mejoras de la línea férrea Alcoy-Xàtiva o la integración del ferrocarril en Villena (soterramiento o supresión de los pasos a nivel).
En cuanto a Ciudadanos, el portavoz de Economía de este grupo, Toni Woodward, destacó su "apuesta por los emprendedores", que se concreta en 1 millón de euros más para cuotas de autónomos, otro millón para el paro de los autónomos y 100.000 euros para emprendimiento e innovación. Para luchar contra la despoblación Cs pide 3,5 millones para ayudar a las empresas que se constituyan en zonas rurales, 1 millón de euros para los autónomos que desarrollen su labor en municipios en riesgo de despoblación, y otro millón para desempleados que se constituyan como autónomos y ejerzan en estas zonas.
En materia económica, Woodward subrayó los 1,7 millones para el plan renove de electrodomésticos y el millón para el vehículo eléctrico. Además, pidió que los 600.000 euros presupuestados para la promoción turística en À Punt se destinen a la lucha contra el fraude. Respecto a educación, Woodward destacó "las enmiendas encaminadas a garantizar el plurilingüismo, como 1 millón para auxiliares de conversación y ayudas al alumnado para estancias en el extranjero" y "el aumento de la partida del bono infantil". En cuanto a sanidad y a políticas inclusivas, las enmiendas de Cs reclaman 775.000 euros para ampliar las plazas del centro de Alzheimer en Alicante y casi 1 millón de euros para apoyar a las entidades relacionadas con el Parkinson.
