Ximo Puig, president de la Generalitat. Foto: RAFA MOLINAArdo en deseos de conocer la Memoria Económica que Ximo Puig va a presentar junto a su programa electoral para que sepamos cuánto nos va a costar cada una de las medidas que promete. Es un ejercicio de responsabilidad que deberían imitar todos los partidos no porque nos vayan a contar la verdad sino porque conocer las cifras permite ponerlas en cuestión si se les va la mano, como ocurre cuando cuadran el presupuesto con ingresos fantasmagóricos y gastos minusvalorados (y al escribir esto estoy pensando en Pedro Sánchez por ser más reciente su presupuesto imaginativo nonato que el reivindicativo de Puig).
De esa Memoria que el PSPV presentará este lunes me interesa sobremanera lo que nos va a costar el rescate del área de salud de Dénia, una promesa de marzo de 2016 incumplida por Puig que a buen seguro estará en su programa para la próxima legislatura. El president no ha cumplido su promesa porque quiso vender la piel del oso antes de cazarlo, o, como dijo Mónica Oltra en uno de los almuerzos electorales que este periódico está celebrando con los candidatos a la Generalitat, "uno tiene que decir que ha cazado el conejo cuando lo tiene en el saco, no cuando se acaba de comprar la escopeta".
Añadió la vicepresidenta y candidata de Compromís –la crónica la publicaremos el martes 16– que prefiere que Marina Salud continúe con la gestión privada del área de La Marina antes que pagar a los socios –DKV y Ribera Salud– más de lo que dice la Intervención que se les puede pagar: "Si la empresa al final sin gestionar se va a llevar el dinero que se llevaría si lo gestionara, pues hacemos un pan como unas tortas".
Ahí tiene Puig un primer problema, porque la Ley de Patrimonio no permite a la Generalitat pagar más del valor neto de la acción de la concesionaria Marina Salud, unos 16 millones de euros en total, y DKV quiere más porque hay unas expectativas de negocio. De hecho, DKV había pactado, por un precio mayor, la venta de su 65% a su socio Ribera Salud cuando Puig se interpuso y anunció, hace tres años, que se la quedaba la Generalitat.
Este jueves, DKV acudió sin Ribera Salud a una cita en la Conselleria de Sanidad con el subsecretario Juan Ángel Poyatos, donde ambas partes constataron que es imposible anunciar ningún acuerdo antes del 28 de abril. En la reunión, por cierto, Compromís coló a un asesor del secretario autonómico Narcís Vázquez para que informara a Oltra de primera mano, pero se ve que no lo hizo a tiempo porque la vicepresidenta dijo el viernes en la rueda de prensa del Consell que no tenía información de lo allí tratado.
Con Puig también tuvimos un almuerzo en el periódico, aún no publicado, en el que le preguntamos por este asunto. Dijo que "probablemente" antes del 28 de abril, si no hay acuerdo con DKV, "se tomará una decisión de iniciar el rescate de la concesión". ¿Se retirará la concesión? "Exactamente", respondió Puig, que pronosticó que el asunto acabará en los tribunales. No es descartable, pues, que el último pleno que le queda al Consell, dos días antes del 28A, sea utilizado por Puig para ganar votos con una medida que en la práctica solo será otro anuncio del rescate, el enésimo desde marzo de 2016.
Es importante saber cuánto nos va a costar porque es dinero que se podría utilizar para mejorar otros hospitales, como el Clínico de València o para prestar servicios que sí tienen en otras comunidades autónomas.
La Memoria Económica del PSPV debería incluir ese dato, para lo que el partido tiene como referencia el caso de La Ribera, del que podían aprovechar para dar datos y así nos enteramos. No hablo de inversión, que ahí Sanidad ha echado el resto para mejorar las instalaciones como ya querrían en otros hospitales comarcales públicos, sino de gasto.
En La Ribera han contratado a 466 trabajadores más para la gestión pública, lo que supone incrementar la plantilla un 30%. Es una manera fácil pero no barata de mejorar un servicio que, según la última encuesta de satisfacción publicada (2017), estaba en la media de las áreas de salud públicas de la Comunitat y que tenía unas listas de espera por debajo de la media.
Si la consellera Ana Barceló tuviera a bien hacer públicos los datos de satisfacción y listas de espera por departamento, podríamos valorar si ha valido la pena, más allá de consignas falaces como que 'la sanidad pública no es un negocio' cuando hay centenares de empresas con miles de trabajadores que viven honradamente de ella. Y otros que viven de ella no tan honradamente, siendo los peores quienes llevan en una mano la bandera de la sanidad pública y en la otra el cazo.
Hablando de gasto, la Autoridad Fiscal de Responsabilidad Financiera (AIReF) ha dado un tirón de orejas al Consell de Puig por aumentar de forma desaforada el gasto en 2018 y, por lo apuntado en el presupuesto de 2019, también este año electoral. Tanto, que la letanía de que somos una comunidad que gastamos por debajo de la media ha dejado de ser cierta, según el organismo que dirige José Luis Escrivá.
Escrivá reconoce que estamos infrafinanciados, como Murcia, y advierte que, debido a eso, la Generalitat no cumplirá el objetivo de déficit, como Murcia. Pero a diferencia de Murcia, que sí está haciendo un esfuerzo por contener el gasto, el Consell ha descuidado esa obligación.
"Las medidas previstas por la Comunitat Valenciana en su presupuesto llevan a un crecimiento del gasto muy por encima de lo permitido por la regla de gasto y a un déficit que podría resultar superior al registrado en 2018", advierte la AIReF, que formula recomendaciones al conseller Soler para que reduzca el gasto y aumente los ingresos –no dice cuáles– y pide al Ministerio de Hacienda que realice "un seguimiento estrecho" de la puesta en marcha de estas medidas. Es decir, otra vez bajo la lupa de Montoro, perdón, de Montero.
