Naiara Davó. Foto: CORTSVALÈNCIA. A lo largo de la legislatura pasada, el Botànic presumió en varias ocasiones de la cantidad de leyes que había logrado sacar adelante: PSPV, Compromís y Podem aprobaron en torno a 80 normas. Entre ellas, sin embargo, no se encontraba ninguna de las cuatro que los morados se fijaron como buques insignia: la reforma del Estatuto de Expresidentes, la del vaciado de las Diputaciones, la Ley de Residuos y Economía Circular, y la reforma de la Ley Electoral Valenciana para rebajar la barrera del 5% al 3%.
Cuatro leyes a las que la formación no renuncia en este nuevo mandato. Si bien la pandemia del coronavirus relegó a un segundo plano tanto los planes previstos por las consellerias del Botànic II como la actividad en Les Corts Valencianes, ahora el grupo parlamentario del que es síndica Naiara Davó tiene como objetivo tratar de impulsar estas normas que no llegaron a tramitarse y que, especialmente, no agradaban al PSPV.
La primera que pretenden reactivar, si la pandemia lo permite, es la del vaciado de las Diputaciones, cuyo objetivo principal es que la Generalitat Valenciana recupere aquellas competencias propias que en la actualidad ejercen las corporaciones provinciales. Para el partido que entonces lideraba Antonio Estañ, esta ley se convirtió en una prioridad cuando estalló la Operación Alquería, y así se lo advirtieron al president del Consell, Ximo Puig, en julio de 2018 y ocasiones posteriores. De hecho, registraron una propuesta de resolución en este sentido para tantear el posicionamiento de cada partido en esta cuestión.
Más tarde, presentaron una Proposición de Ley que ponía negro sobre blanco al determinar que sería la Generalitat Valenciana la que asumiría como propias las competencias de "Infraestructuras; Turismo; Cultura y Deportes; Educación; Salud y Bienestar Social; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Empleo; Seguridad y Orden Público". Además, también regulaba que sería ésta la que delegara en los órganos provinciales la ejecución de aquellas competencias que no fueran "de interés general para la Comunitat Valenciana", y que debería hacerlo "de manera expresa". Así, serían las consellerias del Gobierno valenciano las que determinaran los "mecanismos de coordinación" de las competencias que delegaran a las diputaciones.
Ahora bien, las diputaciones no perderían la totalidad de sus potestades. La norma planteaba ciertas facultades que mantendrían para garantizar la prestación de servicios a los municipios más pequeños. La propuesta inicial de los morados especificaba, por ejemplo, que las diputaciones seguirían encargándose de la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica en los pueblos de menos de 1.000 habitantes -como secretaria e intervención en los ayuntamientos-; asumiría la prestación del servicio de tratamiento de residuos en las localidades de menos de 5.000 personas, así como la prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 cuando estos no lo cubrieran; y se ocuparían de la gestión de recaudación tributaria y del apoyo a la gestión financiera en aquellos territorios que tuvieran menos de 20.000 habitantes.
También se encargarían de la administración electrónica y contratación centralizada en poblaciones con un censo inferior a 20.000 personas; de la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social de los pueblos más pequeños; y de realizar un seguimiento de los "costes efectivos" de los servicios que presten los municipios que se encuentran en la provincia que cubren. ¿Los motivos? Cuando detectaran que son superiores a los que la propia diputación ofrece, asesorarían al ayuntamiento para que pudieran reducir costes.
El texto, sin embargo, fue reescrito por el PSPV antes de ser registrado porque lo planteado por Podem dejaba en el limbo algunas cuestiones tales como qué sucedería con el Presupuesto que recibían las diputaciones del Estado si el grueso de las competencias pasaba a asumirlas el Gobierno valenciano, y qué ocurriría con el personal empleado en ellas. Los socialistas confiaban en que Podem rechazaría el texto plantado, sin embargo, ocurrió todo lo contrario: propusieron tramitarlo por lectura única para conseguir aprobarlo antes de que terminara la legislatura. No obstante, el PSPV se opuso junto a PP y Ciudadanos a darle salida de esta manera.
Podem volvió a plantear en enero la reforma del Estatuto de Expresidentes después de que se bloqueara la primera vez. Unas modificaciones dirigidas a que los Molt Honorables contaran con menos "privilegios" de los que hasta ahora tienen: coche oficial, oficina, conductor, así como que pasaran a ser miembros natos del Consejo Económico y Social (CES) y no del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
La votación de las enmiendas a esta ley generó uno de los debates más broncos entre los tres partidos del Botànic: el PSPV se alineó con el PPCV en todas las votaciones y evitó cualquier tipo de cambio sustancial en la norma actual. Un escenario que dejó en minoría a Compromís y Podem, que advirtieron que de repetirse los posicionamientos en el pleno terminarían rechazando la ley. Con los socialistas ocupando la Presidencia de la Generalitat, esta reforma se convirtió en otra piedra en el zapato.
Pocos días antes de que Puig adelantara las elecciones, los socialistas y morados llegaron a un principio de acuerdo sobre el redactado: el PSPV estaría conforme con que Les Corts pudieran revocar a un Molt Honorable cuando éste fuera condenado por sentencia firme por un delito contra la administración ocurrido antes, durante o después de su mandato. Para ello, sería necesario que lo propusiera un tercio del total de los diputados de la cámara y de dos grupos parlamentarios. Y para que saliera adelante, debería ser aprobado por una mayoría reforzada de dos tercios de la cámara; es decir, 66 diputados. No obstante, el adelanto electoral, finalmente, terminó enterrando este acuerdo.
Se convirtió en una verdadera mosca de verano para los socialistas y, ahora, Unides Podem quiere reactivarla antes de octubre. Registrada en agosto de 2018 por Podem, incluía todo un paquete de medidas entre las que los morados recuperaban el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (conocido como SDDR), una de sus principales batallas de la pasada legislatura que el Consell enterró en uno de sus seminarios tras la crisis que desató en el seno de la propia Conselleria de Medio Ambiente. Desde que se planteó por primera vez, despertó un férreo rechazo entre los empresarios -alegaban que tenía un elevado coste y apenas afectaba al 9% de los envases-, motivo por el cual el PSPV nunca se mostró convencido y logró frenarlo.
Ahora bien, la norma de Podem no solo incluía el SDDR. También planteaba otras cuestiones como que no se distribuyeran bebidas en envases de un solo uso en edificios o en eventos públicos; que se promoviera la instalación de fuentes de agua potable; o que en los establecimientos hosteleros fuera obligatorio ofrecer a los clientes la posibilidad de consumir agua no envasada de forma gratuita de manera que se reduzca la producción de desechos. Otro aspecto sobre el que la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ya planteó sus contrariedades en la fase de participación. En la comisión de Les Corts explicaron que el "agua embotellada" protegía las propiedades del agua mineral, facilitaba su transporte y almacenamiento.
Especial atención hicieron también al apartado que prohibía que todo producto alimentario que pudiera venderse a granel, se comercializara de ese modo y no envasado en plástico. Una cláusula que dificultaría la prevención de la contaminación cruzada de alimentos en supermercados y el control de alérgenos, especialmente. Así, la CEV concluía en sus alegaciones que era "prácticamente imposible cumplir, conforme la normativa europea y operativa de gestión de comercios" este punto del articulado.
Además, también vetaba la fabricación de productos con objetivos de obsolescencia programada. Algo que consideraban que generaba "inseguridad jurídica" -se preguntaban cómo controlar la compra on-line- y una desventaja competitiva para las empresas valencianas respecto a empresas de otras comunidades autónomas que sí pudieran fabricar y vender en otros mercados. En definitiva, una ley que chocaba frontalmente con la patronal empresarial -a excepción del apartado que contempla la creación de la Agencia Valenciana de Residuos (AVR) y la Oficina de Prevención de residuos, con los que sí estarían de acuerdo- y de la que en el PSPV no quería ni oír hablar en la pasada legislatura, pero en la que Podem podría encontrar el respaldo de Compromís si la pata verde de la coalición hiciera fuerza para defenderla.
Durante la legislatura pasada la reforma de la Ley Electoral Valenciana para rebajar el listón electoral al 3% en la Comunitat fue una ofensiva que lideró Compromís. El debate no entusiasmaba especialmente al PSPV, pero sí a Podem, cuyos pronósticos electorales para los comicios autonómicos no eran nada halagüeños. Con diferencias entre los miembros del Botànic respecto a cómo acometer esta rebaja, el tripartito inició su tramitación en la Cámara valenciana.
Sin embargo, fue imposible sacarla adelante porque Ciudadanos, que en un primer momento declaró su apoyo a esta reforma, retiró su apoyo en el último momento. Por lo que socialistas, valencianistas y morados se quedaron sin la mayoría parlamentaria requerida para llevar a cabo la modificación de esta ley.
Un debate que ahora, en Unides Podem, quieren retomar: por una parte, conviene apuntar que el partido que ahora lidera Pilar Lima sufrió una debacle electoral en la autonomía respecto a los comicios de 2015 que le hizo perder 5 escaños (pasaron de tener 13 diputados en solitario a 8 con Esquerra Unida); por otra, el escenario ha cambiado sustancialmente respecto a la legislatura anterior porque el grupo que lidera Toni Cantó ahora es favorable a negociar esta reforma para rebajar el listón siempre que se mejore la proporcionalidad.
Una modificación que se podría acometer sin necesidad de reformar el Estatut -a lo que lo condicionaron en el mandato anterior- haciendo pequeñas variaciones en la representación de Castellón. Esto es porque el artículo 24 del Estatut contempla que cada circunscripción debe tener al menos 20 diputados. Castellón cuenta actualmente con 24, por lo que uno de los cambios que plantean los naranjas es restar estos cuatro escaños a esta provincia y redistribuirlos entre Valencia y Alicante, que cuentan con una mayor densidad de población. Las negociaciones para abordar esta reforma, a priori, empezarán a la vuelta de las vacaciones si Podem da definitivamente el paso adelante.
