Pablo Casado ha rescatado del olvido el adjetivo "felón" para aplicárselo a Pedro Sánchez, a quien en el último capítulo del procés le sería más ajustado el quijotesco "follón" frente a los "malandrines" independentistas. España vive en el insulto por la ocurrencia del "relator" –nadie habló de "relatora" porque la ira no dejó espacio a la perspectiva de género–, alta traición para una mayoría hastiada que este domingo hará una demostración de fuerza en Madrid igual que los independentistas la hicieron en su día en Cataluña. Sí, las comparaciones son odiosas.
Mientras Sánchez se piensa si convoca elecciones o le queda algún conejo en la chistera, la vida sigue y continúa recordándonos que en la Comunitat Valenciana tuvimos nuestros felones, follones y malandrines, patriotas de pacotilla, adalides del derroche cuando no del mangoneo.
Cada vez que paso por la ITV me acuerdo de Zaplana y de Rafael Blasco, igual que cuando las organizaciones de consumidores nos recuerdan que la ITV valenciana está entre las más caras de España. No es casualidad, es porque el Gobierno de Zaplana repartió las concesiones entre amiguetes con tarifas desorbitadas que, no obstante, a Blasco le parecieron escasas para el pelotazo que, según desveló Fran Ferri el otro día, iban a dar sus familiares y amigos. Así que el conseller se inventó una prueba sonométrica adicional, única en España, para enriquecer a unos cuantos a costa de los conductores valencianos.
A Zaplana la jueza le ha trincado más de 6 millones de euros en Suiza, supuestamente de mordidas de una de las cinco adjudicatarias de las ITV, vinculada a la familia Cotino. Una de las cinco beneficiadas. Han pasado 20 años y cuando vas a pasar la ITV continúas pagando un sobreprecio por las cinco.
Hablando del expresidente, la jueza que lo mantenía en situación de prisión provisional a pesar de su enfermedad ha contestado a todos los que la tildaban de inhumana y cruel por no dejarlo en libertad. A la eficaz campaña mediática para exigir su libertad –hasta tres empresas o asesores de comunicación participaron hasta lograr movilizar al mismísimo Pablo Iglesias–, la magistrada responde que Zaplana siempre ha estado atendido allí donde los médicos han dicho –lleva casi dos meses en La Fe–; que nunca pisó una celda porque en Picassent siempre estuvo en la enfermería atendido por personal sanitario –ningún médico de los que han pedido su libertad ha explicado por qué estaría mejor atendido en casa sin personal médico que en la enfermería de la cárcel–; que el régimen de visitas a su habitación de La Fe lo establecen las autoridades penitenciarias y no ella, y que, en fin, la evolución de la enfermedad de Zaplana no es consecuencia de su privación de libertad.
La magistrada Rodríguez Guerola deja una pregunta en el aire que deberían responder los especialistas en hematología que afirmaron, en informes remitidos al juzgado, que la estancia en la cárcel de un enfermo con la patología de Zaplana "puede acrecentar el riesgo" de desarrollar complicaciones: ¿Han visitado la cárcel y su enfermería o hablan de oídas estos científicos?
La puesta en libertad de Zaplana –no por motivos médicos sino jurídicos, como se encargó de puntualizar la jueza instructora– llegó días después de la salida de prisión, tras obtener el tercer grado penitenciario, de uno de sus colaboradores más cercanos cuando dirigió la Generalitat: Rafael Blasco. El político alcireño, expulsado de la Generalitat y del PSPV a finales de los ochenta por corrupto, fue rescatado años después por Zaplana, quien lo puso al cuidado de sus gallinas para darse entre todos un festín. Cuando Zaplana se fue al Ministerio de Trabajo, Blasco se quedó con Camps, (a)saltando de conselleria en conselleria (Sanidad, Medio Ambiente, Cooperación...) con su equipo habitual interno y externo: Tauroni, Llinares…
Condenado por robar dinero destinado al Tercer Mundo y pendiente de un segundo juicio por esta misma causa (piezas 2 y 3), con Blasco se está cumpliendo el guión pactado con la Fiscalía que desveló Xavi Moret en este periódico y al que me referí en un Billete el pasado junio. Desde entonces, se ha archivado la causa que se abrió contra él por el escándalo de Abucasis en Sanidad; también una pieza que afectaba a su esposa, Consuelo Císcar, por el saqueo del IVAM; el exconseller ha salido de prisión, y continúan las gestiones para un pacto en el que el fiscal rebajará la petición de condenas del segundo juicio del caso Cooperación, de 16 años a solo dos, a cambio de que devuelvan el dinero. Un pacto que prácticamente libraría de la cárcel a la mano derecha de Blasco en el desvío de las ayudas, Marc Llinares.
En el mundillo judicial entienden las ganas del fiscal Vicente Torres de pactar, aún dejando casi sin castigo a uno de los principales implicados, para evitar un juicio de larga duración y mucho desgaste.
Menos comprensible es la repentina falta de contundencia de este fiscal en el caso Valmor. Tras pactar con buena parte de los implicados a cambio de una confesión que dejaba a Camps a los pies de los caballos, Torres elaboró un extenso y muy documentado pliego de cargos contra el expresidente que fue despachado por la jueza instructora con un archivo basado en un correo electrónico que pone en cuestión una –solo una– de las graves acusaciones.
El supuestamente humillado fiscal ni recurrió. Demasiada faena para quien, paralelamente, está trabajándose su candidatura al puesto vacante de miembro de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, donde necesita los votos del bloque conservador.