La creación y puesta en marcha de lo que conocemos como Estado del Bienestar, si bien existía alguna mínima aproximación anterior en países europeos como Holanda, comienza tras la Segunda Guerra Mundial y, en gran parte, como consecuencia de dos factores: la lucha del movimiento obrero y la devastación producida sobre la población y economías europeas por el terrible conflicto armado.
La arquitectura del Estado del Bienestar descansa sobre cimientos de un acuerdo político, en que los partidos mayoritarios de la época (socialdemócratas y democristianos) junto con los sindicatos de clase, deciden tomar dos decisiones trascendentales en la historia política europea: regular el mercado laboral y destinar fondos públicos al gasto social, especialmente a educación, sanidad y pensiones.
Como se observa, los pilares básicos del Estado del Bienestar han mutado poco desde sus orígenes, configurando lo que conocemos como Servicios Públicos Fundamentales. No obstante, han ido surgiendo nuevas necesidades sociales que se han ido incorporando a estos mínimos configuradores del Estado del Bienestar. Además de educación, sanidad y pensiones, se añaden los servicios sociales (erradicación de todo tipo de pobreza, dependencia...) así como elementos de competitividad económica (esencialmente infraestructuras).
En un estado autonómico como el nuestro, el grueso de los servicios públicos fundamentales es prestado por las comunidades autónomas. Salvo los servicios correspondientes a la Seguridad Social (prestación por desempleo y pensiones) y las infraestructuras reservadas al estado, el resto es gestionado por las comunidades autónomas, esto es sanidad, educación y servicios sociales.
En nuestro caso, la gestión de estos servicios básicos para la ciudadanía fue transferida a la Comunitat Valenciana con la llegada de la democracia a nuestro país. Pero hubo un problema de origen, la gestión del servicio no vino acompañada de los fondos necesarios para realizarla adecuadamente. Es decir, se encargó la gestión de la sanidad, la educación y los servicios sociales a la comunidad autónoma pero sin dotarse del presupuesto suficiente. Esto ha ido generando un desequilibrio financiero en origen que se conoce como Deuda Histórica.
En segundo lugar, y pese a las sucesivas reformas del sistema de financiación, nunca conseguimos obtener unas transferencias suficientes derivadas del modelo de financiación que nos permitieran sufragar el gasto por habitante en servicios públicos fundamentales. Esto es lo que se conoce como infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.
Llegado este momento dos preguntas son oportunas. Primera, ¿cómo han reaccionado los gobiernos de España ante esta situación a todas luces injusta para los valencianos? Y segunda, ¿cuál ha sido la consecuencia de esta infrafinanciación crónica en relación al gasto medio por habitante en educación, sanidad y servicios sociales?
En relación con la primera pregunta, una serie de datos evidencia la radical diferencia de sensibilidad del Gobierno de España tras la llegada del Presidente Sánchez a la Moncloa.
Veamos algunos. (i) Por primera vez la inversión territorializada de los PGE se ajusta al peso poblacional de la Comunitat (recibimos cerca del 10%), con Montoro recibíamos el 7%; (ii) el reparto de los fondos Covid también se ha ajustado a nuestro peso poblacional (de los 16.000M€ recibimos 1.485M€, un 9,2%); (iii) además el Gobierno se hará cargo de la deuda del Consorcio València 2007 por importe de 419 millones; (iv) la Comunitat Valenciana recibirá 1.254M€ de los 10.000M€ del Fondo REACT-EU destinado a fortalecer el Estado del Bienestar y a reactivar la economía tras el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 (supone un 12,5 % del total de los fondos, por encima de nuestro peso poblacional); (v) en cuanto al fondo de 5.000M€, en ayudas directas nos corresponden 690M€, un 13.8% del total; (vi) además la eliminación de las reglas fiscales y de déficit ha supuesto 1.234M€ adicionales que ahora puede gastar la Comunitat, y, por último, (vii) la activación del FLA ha permitido pagar 700 M€ directos a nuestras empresas y proveedores en los meses de marzo y abril.
En cuanto a la segunda pregunta (la afectación de la infrafinanciación sobre el gasto social por habitante), analizar los datos también puede ser revelador. En términos generales, el gasto social (educación, sanidad y dependencia) ha crecido un 36% desde 2015, esto es un incremento de 754€ más por cada valenciano, situándonos así por encima de la media estatal en gasto social. De hecho, en el presupuesto de 2021 el gasto social por habitante se incrementa en un 11.4%. Por tanto, la Comunitat invierte 5.122€ por cada ciudadano, cuando en el año 2015 apenas llegaba a los 3.500€.
Desglosando este gasto social vemos comparativas que arrojan claridad sobre el cambio de paradigma. En lo relativo a (i) Sanidad, el Partido Popular en el año 2015 dejó la inversión por habitante en cerca de los 1.100€, ahora en 2021 alcanzará 1.504€. Esto supone un crecimiento del 40%. (ii) En Educación el gasto por cada habitante era de 823 euros en 2015, siendo de 959€ por habitante en la actualidad. (iii) Mientras que en Servicios Sociales, el PP dejó en una exigua cantidad de 168 euros por habitante y que ahora se situará en 384 € con los gobiernos socialistas.
Si bien es cierto que la reivindicación de la reforma del sistema de financiación debe seguir siendo una prioridad en la agenda política valenciana, no lo es menos que la llegada de los gobiernos socialistas de Ximo Puig, y después de Sánchez, han supuesto una evidente mejora tanto en la financiación de “facto” como en la convergencia del gasto público por habitante en la Comunitat Valenciana. Todo ello nos demuestra que el modelo socialista de salida a la crisis de la pandemia se basa en el compromiso de fortalecer y seguir construyendo el Estado del Bienestar.