VALÈNCIA. (EP). El Ministerio de Fomento ha dejado en suspenso el anunciado concurso público para volver a ceder a empresas privadas la explotación de las nueve autopistas rescatadas por el Estado hasta que no concluya el cálculo de la factura que este rescate tendrá para las arcas públicas.
Así lo aseguró el titular del Departamento, José Luis Ábalos, quien explicó que su Departamento trabaja en determinar este importe, el que tiene que pagar a las exconcesionarias de las vías por la inversión que realizaron en su construcción.
El Gobierno ha mantenido en 1.800 millones de euros la estimación de esta 'factura' ya realizada por el anterior Ejecutivo en el último informe de sostenibilidad remitido a Bruselas hace unas semanas.
No obstante, las concesionarias que eran titulares de las vías y los fondos que se quedaron con su deuda elevan este importe a cantidades de entre 3.700 y 5.000 millones de euros.
Fomento tiene de plazo hasta los próximos días 13 de enero y 20 de enero de 2019 para determinar esta factura, la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración, dado que, según la legislación, debe atenderla en los seis meses posteriores a la resolución de los contratos de concesión, anulación que se produjo el pasado verano.
El plan de rescate que diseñó y acometió el anterior Gobierno para las nueve autopistas que quebraron durante la crisis pretendía volver a ceder las autopistas a empresas privadas para sacar recursos con los que afrontar parte de la factura del rescate. En concreto, se calcularon ingresos de entre 700 y 1.000 millones de euros.
El anterior equipo del Ministerio de Fomento programó la relicitación de las vías durante este año 2018. El actual equipo, tras acceder al Departamento en junio, ya dijo que esta operación no se podría acometer al menos hasta 2019 dado el estado en que encontraron los pliegos de contratación.
Ahora, Ábalos considera que "no es el momento" para abordar este proceso de concurso público "hasta en tanto no se sepa lo que supone para el Estado su rescate".
Además, el ministro se refirió también al cambio de condiciones que deberán tener los nuevos contratos de concesión, dado que ya no se pueden realizar para amortizar la inversión en construcción de las autopistas, sino sólo para afrontar sus costes de explotación.
Esta circunstancia, sumada al acortamiento de los plazos máximos de concesión que imponen las normas de la UE, lleva a que "el interés de los inversores privados en las autopistas sea mucho más bajo".
Por el momento, y ante esta perspectiva, Fomento ha blindado a su sociedad Seittsa para que pueda seguir gestionando las vías cobrando el peaje. Esta es una de las medidas que incluye el Real Decreto Ley de modificación de la Ley de Carreteras aprobado este viernes en Consejo de Ministros.
Las nueve autopistas que quebraron y actualmente están 'nacionalizadas' son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto, que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Circunvalación de la Alicante y la Cartagena-Vera.
