CASTELLÓ. (EP). La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló, María Jesús Garrido, ha reclamado al Gobierno que regule la subida de los precios del alquiler, especialmente en los inmuebles que son propiedad de los fondos buitre".
Garrido ha realizado estas declaraciones tras respaldar una concentración convocada este lunes por la PAH y el sindicato de inquilinos contra una orden de un desahucio de un alquiler de una exVPO propiedad de un fondo de inversión y que ha sido suspendida. La concejala ha destacado que este desahucio ha sido aplazado por los juzgados.
La concejala de Vivienda se ha solidarizado con la protesta vecinal que ha tenido lugar en el exterior del bloque de viviendas donde pesaba la demanda de desahucio. Ha explicado que los afectados son una familia con menores a los que se había reclamado su marcha por la entidad propietaria por finalización de contrato y que la comisión judicial ha decidido su aplazamiento al no haberse nombrado todavía un abogado de oficio.
Garrido ha subrayado que esta familia estaba al corriente de pago y ha advertido que hay una oleada de compras por parte de fondos buitres de exVPO de Castelló, sobre todo en el Raval de la UJI, "que provoca aumentos del precio del alquiler de un 50 por ciento".
"Hay que denunciar a los fondos buitres que pretenden hacer negocio con un derecho como la vivienda", ha explicado Garrido, que ha afirmado que el 15% de los 9.000 alquileres de Castelló están en manos de grandes propietarios y fondos buitres.
Garrido ha resaltado que en situaciones de desahucios el Ayuntamiento dispone del protocolo antidesahucios, que aplaza los desalojos de manera temporal en situaciones de vulnerabilidad
La concejala ha emplazado al Gobierno central a aprobar una nueva legislación que regule el precio del alquiler a cargo de grandes propietarios y fondos buitre. Ha recordado que el programa de Gobierno acordado entre PSOE y Unidas Podemos contempla regular los precios máximos de alquileres en zonas tensionadas.
También ha destacado que la Conselleria prevé reforzar el tanteo y retracto, una figura que da prioridad a la Administración autonómica para recuperar viviendas públicas que han perdido su calificación. Desde el Ayuntamiento, ha añadido Garrido, se trabaja en ampliar el parque de vivienda social a través del plan de compra pública y la bolsa de alquiler social.
