FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA (EP) La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que el próximo lunes mantendrá una reunión con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas y ha mostrado su intención de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para acordar medidas, al tiempo que ha anunciado que en los próximos días se aprobará una 'extra FLA' o extra Facilidad Financiera de 5.932 millones de euros para refinanciar la desviación de déficit de 2019, de ellos 2.500 millones "a tipo cero".
Además, las comunidades podrán solicitar al Estado el adelanto de la mitad de la liquidación correspondiente a 2018 por unos 5.500 millones de euros.
Así lo ha señalado durante su intervención en la Comisión de Hacienda en el Congreso para informar sobre las medidas y actuaciones adoptadas por su Ministerio para abordar la crisis sanitaria generada por el Covid-19, en la que ha asegurado que el Gobierno no va a permitir que "ninguna administración se quede sin liquidez", con un "esfuerzo importante" para que se sigan prestando los servicios públicos y se dé respuesta a las necesidades derivadas de la crisis.
Montero ha avanzado que mantendrá una reunión el próximo lunes con los consejeros de Hacienda de las distintas comunidades autónomas y ha adelantado que se convocará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para poder acordar medidas y establecer un "cauce añadido que sea adecuado", al ser "muy consciente" de que las CCAA necesitan recursos para hacer frente al coronavirus.
Por ello, tras haber recibido 115.887 millones del sistema de financiación, un 7,3% más respecto a 2019 al haber calculado el Gobierno las entregas a cuenta con la previsión desfasada de un crecimiento del 1,6% este año, ha anunciado que en las "próximas reuniones" la Comisión Delegada de Asuntos Económicos adoptará nuevas medidas al respecto.
En concreto, ha indicado que el año pasado se produjo una desviación "muy importante" del objetivo de déficit (0,55% frente al objetivo del 0,1%), por lo que se pondrá en marcha un 'extra FLA' o un extra de Facilidad Financiera de hasta 5.932 millones, de lo que un 75% se va a abordar de forma "inmediata" y el 25% restante en octubre, cuando se conozcan los datos definitivos de liquidación de las cuentas públicas de las regiones.
En este sentido, ha señalado que como se comprometió en la última reunión del CPFF, el 'extra FLA' y el extra de Facilidad Financiera para las CCAA cumplidoras del objetivo de déficit tendrán un tipo cero para la parte de déficit imputable al Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, con lo que "2.500 millones serán a coste cero", algo "relevante en un contexto de emergencia sanitaria".
Además, ha recordado que el Gobierno ha aprobado transferir otros 625 millones de partidas especiales que se vinculan a la respuesta del Covid-19, de forma que en total verán la luz 14.000 millones de euros adicionales de liquidez, como precisó el presidente del Gobierno.
"Hemos hecho lo posible para que, en los cauces legales, las CCAA dispongan ya de recursos necesarios ante las necesidades de la crisis", ha apuntado Montero, quien ha detallado que el pasado 23 de marzo cobraron 2.867 millones correspondientes al 40% de la actualización de las entregas a cuenta y el 20 de abril cobrarán el 50% restante.
Así, Hacienda ha anticipado la liquidación correspondiente a 2019, al tiempo que Montero ha indicado que no se va a esperar a julio, cuando correspondería hacer frente al resto de la liquidación, por lo que las CCAA dispondrán de recursos en función de sus necesidades en materia sanitaria social o económica.
La ministra ha informado de que las CCAA han podido solicitar de forma anticipada 5.500 millones en concepto del 50% de la liquidación definitiva correspondiente al ejercicio 2018, concepto que se eleva a casi 11.000 millones y que en "condiciones normales" no cobrarían hasta el mes de julio. Según Montero, en los "próximos días" se hará efectivo ese 50% del anticipo que han solicitado las CCAA que tenían mayor desviación de déficit.
A esto se suma que se han aprobado las cuantías del segundo trimestre del Fondo de Financiación, junto a la transferencia de 300 millones para el plan concertado de servicios sociales destinado al cuidado a domicilio y teleasistencia, y la ampliación de la suspensión de plazos tributarios y deudas no tributarias en su ámbito y en las entidades locales.
Además, se ha ampliado el plazo del calendario del reembolso de préstamos concedidos por las CCAA y las entidades locales a las empresas y autónomos con inactividad.
La portavoz del Gobierno ha detallado que se ha aprobado destinar 1.400 millones del Fondo de Contingencia para el Ministerio de Sanidad por gastos extraordinarios y compras de material por importe de 900 millones hasta la fecha, con una distribución de fondos de 300 millones entre las CCAA.
Igualmente, se ha suprimido el IVA a la adquisición de material sanitario por entidades públicas, hospitales y clínicas con un impacto presupuestario de 1.022 millones menos de recaudación.
También ha informado de que después de que Bruselas haya dejado exento de aduanas y sin IVA las importaciones de productos sanitarios con efectivo retroactivo desde la pandemia, el Gobierno va a extender al ámbito aduanero la posibilidad de aplazar durante seis meses, sin devengado de intereses de demora los tres primeros, deudas tributarias siempre que el importe de la deuda a aplazar sea superior a 100 euros, ya que por debajo el gasto de gestión sería superior.
"Hay un compromiso firme para que las CCAA cuenten con recursos", ha apostillado Montero, quien ha recordado que se han aprobado para los ayuntamientos 300 millones de mayor utilización de superávit para protección social y ha asegurado que el Gobierno quiere conseguir una "propuesta acordada" con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que la utilización del superávit se pueda emplear en políticas prioritarias, en coordinación con el Estado, CCAA y ayuntamientos.
Ha abogado por un esquema para cubrir "aquello que el resto de administraciones no puede legar" para actuar "entre todos enérgicamente sobre un ciudadano único o una empresa única", y no se produzca una "asimetría" en función de ayuntamientos con superávit o sin él.
Por ello, ha avanzado que se planteará la posibilidad de arbitrar un procedimiento que permita a los ciudadanos o sectores productivos de ayuntamientos sin superávit no verse "claramente perjudicados"
