El conseller de Hacienda, Vicent Soler. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El permiso retribuido recuperable sí se aplicará al personal laboral de las empresas públicas de la Generalitat Valenciana. La Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler dictó este lunes una instrucción en la que explica que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros por el que los trabajadores del sector privado deberán devolver las horas cobradas pero no trabajadas a sus empresas es aplicable también "a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma".
En la orden, la Dirección General de Sector Público que dirige Isabel Castelló especifica que la Generalitat Valenciana no podrá aplicar el permiso retribuido recuperable sobre aquellos empleados que estén teletrabajando o desempeñando sus funciones bajo modalidades no presenciales de trabajo, ni tampoco con los que tengan una "incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas". Sin embargo, sí contempla que pueda adoptarlo durante el estado de alarma con los "trabajadores por cuenta ajena que no pueden teletrabajar"; "los que tengan los medios para teletrabajar pero no tengan carga de trabajo", y con los empleados "cuya actividad sea incompatible con el teletrabajo".
La resolución afectará a todo el sector público instrumental de la Administración valenciana. No obstante, será cada entidad la encargada de negociar la manera en la que los trabajadores deberán devolver esas horas: "Las entidades cuya actividad no constituya un servicio esencial, deberán, previa negociación colectiva, implementar las medidas que permitan cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la entidad o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas adoptadas en el período de duración del Covid-19, y particularmente, la necesaria adaptación de los recursos de la entidad a la futura vuelta a la normalidad conforme a los protocolos de postemergencia que puedan adoptarse", describe el documento.
Es decir, que cada entidad deberá establecer la fórmula mediante la cual los trabajadores devolverán las horas cobradas y no trabajadas. Podría ser, por ejemplo, realizando una jornada laboral más larga de la que se suela desempeñar habitualmente cuando todo vuelva a la normalidad se vuelva al puesto de trabajo presencial; o, incluso, optar por otras pautas que pudieran afectar a periodos vacacionales.
Según ha podido saber Valencia Plaza, algunas de las empresas del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana que ya se encontraban este lunes negociando las condiciones bajo las que se aplicaría este permiso retribuido recuperable son Ciudad de Las Artes y de las Ciencias (Cacsa), el Institut Valencià de Cultura (IVC), el Palau de Les Arts, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y Vaersa. En todos los casos, solo para los trabajadores que no estén desempeñando ninguna tarea presencial o a distancia.
Una negociación que las consellerias de las que dependen estos entes públicos reconocen que es especialmente compleja, dado que deben realizar un listado con los empleados se ven afectados y cuáles, por el contrario, no. Vaersa, por ejemplo, tiene alrededor de 900 empleados. Conviene apuntar, que en total el número de trabajadores del Sector Público Instrumental (excluidos Consorcios Sanitarios y Organismos Autónomos) es de 8.813. De estos, el personal implicado en servicios esenciales y operadores críticos asciende a 5.770 trabajadores, es decir el 65%.
La medida se aplicará también a los empleados públicos en régimen laboral de la administración pública valenciana, pero no a los funcionarios de la Generalitat, tal y como pretendía la consellera de Justicia y Administración Pública Gabriela Bravo, cuyas pretensiones fueron frenadas por el Ministerio de Función Pública. Una circunstancia que ella misma calificó este mismo sábado de discriminatoria.
Bravo consideró que el hecho de que el Gobierno de España permitiera la aplicación del permiso retribuido recuperable al personal laboral de las administraciones públicas pero no al resto de empleados públicos que, por motivos ajenos a ellos, no están realizando ninguna función dado el estado de alarma y al encontrarse en servicios que no son esenciales durante este período es "una gran desigualdad y una discriminación".
