Foto: OSCAR GARRIDO SERRA/MERCADONA VALÈNCIA (EP). La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha financiado con 375.000 euros cuatro proyectos destinados a mejorar las condiciones sociolaborales de las personas migrantes trabajadoras agrícolas de temporada y campaña de 2020, según ha informado la Generalitat.
De este modo, se financian proyectos de las organizaciones empresariales agrarias que realicen actividades para mejorar y garantizar la integración social de las personas migrantes trabajadoras agrícolas temporeras en el campo valenciano, y facilitarles así el acceso a los servicios básicos.
Para ello, la Generalitat implica a las organizaciones agrarias empresariales contribuyendo a la financiación de los gastos corrientes derivados de los proyectos que incluyan actuaciones de mejora de estas características.
Así, además de las ayudas para financiar los alojamientos, el área de acogida y acompañamiento, se incluye también el dotar a estas personas de conocimientos y habilidades para mejorar sus condiciones socio-laborales.
En concreto, se ha financiado a las entidades Unió de Llauradors i Ramaders, Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana (COAG-CV) y a Jóvenes Agricultores Asaja-Alicante.
Los proyectos de mejora incluyen actividades de organización y coordinación de las contrataciones y los desplazamientos de las personas trabajadoras de temporada, con tareas como cuantificación de sus necesidades y la gestión de las ofertas y bolsas de empleo, así como los gastos derivados de los controles a alojamientos y la contratación de personal para la atención de los trabajadores migrantes.
Además, las subvenciones de Igualdad cubren actividades de capacitación profesional y formación para emprendedores agrícolas y temporero y habilitación de plazas de alojamiento que cumplan las condiciones exigidas legalmente.
De igual forma, se subvencionan acciones de información a las personas trabajadoras sobre sus derechos y deberes laborales; asesoramiento jurídico-laboral; formación para la prevención de riesgos laborales; sensibilización de empresarios sobre los derechos y deberes laborales y otros servicios como economato o transporte hasta los lugares de trabajo.
Las modificaciones respondían a la necesidad de mejoras en Colón 80 como centro de valoración de discapacidad antes del cambio de planes de Vicepresidencia
