CASTELLÓ. Las subastas de interrumpibilidad para el segundo semestre de 2019, celebradas la semana pasada, sitúan la retribución anual del servicio en 196 millones de euros, casi un 40% menos que en 2018. Pero las incertidumbres para la industria electrointensiva no acaban aquí, ya que se ha anunciado que estas han sido las últimas subastas de interrumpibilidad que se van a celebrar.
Según señala la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energia (AEGE), se trata de un hecho "sorprendente" porque hay muchos países europeos que cuentan con este servicio como elemento importante de seguridad de su sistema eléctrico. "Es cierto que ese anuncio ha venido condicionado a que las subastas se mantendrán mientras no se apruebe el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que debe permitir que nuestra industria alcance un precio eléctrico final similar al que disfrutan sus principales competidores dentro y fuera de Europa", agregan en un comunicado.
El servicio de interrumbilidad lo pagamos todos los consumidores en la factura de la luz y es una herramienta que aporta flexibilidad y respuesta rápida ante grandes desequilibrios de generación y demanda de energía. Básicamente consiste en la disposición de dejar de consumir energía por parte de los grandes consumidores de energía (industria sobre todo). Con ello se reduce la demanda y puede haber un mayor equilibrio en el mercado. A cambio de este servicio, esas empresas que dejarían de consumir, reciben una retribución económica.
De este modo, los datos publicados sobre el estado de la industria española son cada vez más preocupantes: en el PIB, el peso de la industria supone apenas el 12,6% frente a un objetivo del 20%; el indicador IRE de Red Eléctrica indica que hasta mayo el consumo de la industria ha caído en 2019 un 9%. Y las señales de alarma se multiplican: en 2018, las industrias asociadas en AEGE disminuyeron su consumo de electricidad hasta los 23 TWh, 6,4 % inferior al de 2017. En 2018 y 2019 se han anunciado cierres de plantas, varios ERE´s y reducciones de producción en varios sectores.
"El precio que pagan nuestras industrias es un lastre a su competitividad. Nuestro precio final de la electricidad es de 20 a 25 €/MWh más caro que el que pagan las mismas industrias en Francia y Alemania, donde sí cuentan con una política industrial eficaz", manifiestan desde AEGE, que señalan que la industria electrointensiva está "en alerta máxima", mientras espera con impaciencia que los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y para la Transición ecológica aprueben el Estatuto con mecanismos, validados por la Comisión Europea, y dotación económica suficiente para lograr el objetivo de recortar los 20 €/MWh que soporta la industria española frente a la centro europea. "De esta manera se evitará que el trabajo de tantos años para ganar en eficiencia energética y mejorar día a día se desmorone por los elevados costes eléctricos en España", apuntan.
Igualmente, desde hace años, AEGE viene reclamando que se armonicen, cuanto antes, las condiciones de suministro con las de los principales competidores, franceses y alemanes. "Las empresas necesitamos salvar la situación en el corto plazo, tenemos que seguir produciendo en 2020 y sin perjuicio de confiar en que realmente tengamos los que nos anuncian como precios eléctricos competitivos en 2030. Nuestra industria también necesita una transición justa. Por eso, reclamamos una auténtica política industrial que apoye y potencie a la industria electrointensiva, sector vital para la economía del país y motor de creación de riqueza y sostén del estado del bienestar", aseveran desde la asociación.
AEGE, cuyas empresas suman más de 20.000 millones de euros de facturación anual y más de 186.000 empleos, insta al Gobierno y a los partidos políticos a aunar esfuerzos en apoyo de la industria para lograr la convergencia con Europa en coste eléctrico.