Infrafinanciación "de la sanidad pública"

En el último barómetro de opinión de la Comunitat Valenciana, publicado por la Generalitat el pasado octubre, la primera pregunta es cuál cree —respuesta espontánea— que son los principales problemas de la Comunitat Valenciana. En cabeza aparecen el paro, la sanidad, la educación y la corrupción política —con la izquierda gobernando aquí y allá—, mientras la financiación autonómica está en el puesto 32 porque solo un 0,7% se acuerda de ella o, si se acuerda, no considera que esté entre los tres primeros problemas. En la encuesta del CIS por CCAA publicada casi al mismo tiempo la financiación autonómica ni aparece entre los problemas percibidos por los valencianos.

En la de la Generalitat se pide a los encuestados que citen los problemas —máximo, tres— que consideran más importantes "que tiene la Comunitat", y después, los problemas más importantes "para usted", también con un máximo de tres. Debería cambiarse el orden de las preguntas porque intuyo que en la primera respuesta hay mucho de vivencia personal, como demuestra el hecho de que apenas sean citados problemas evidentes de la sociedad aunque no sean generalizados como la vivienda (8,5%), la violencia "doméstica" (3,5%) o la la ley/ayudas a la dependencia (0,6%).

Sea porque manejan estas encuestas o porque les importa un comino el problema de la financiación autonómica —me inclino por lo segundo—, el abrazo del oso que Pablo Iglesias propinó a Pedro Sánchez el otro día selló un documento de compromisos de gobierno en el que, una vez más, no figuraba el gran problema de los valencianos. El descubrimiento del exégeta Ximo Puig de una frase que podría ser que quisiese decir lo que no decía aún puso más en evidencia la omisión.

El otro día, en el tradicional debate poselectoral de directores de medios en el Club de Encuentro Manuel Broseta, me rebatía mi colega de La Razón Iñaki Zaragüeta que la infrafinanciación de la Comunitat sea el gran problema de los valencianos, ya que, a pesar de ser evidente, no se ha dejado de prestar ningún servicio público. A crédito, pero se prestan, lo cual es tan cierto como injusto: se prestan en peores condiciones que en otras CCAA y a costa de elevar la deuda a niveles insostenibles.

Todo lo dicho demuestra que por muy reiterativos que seamos los medios de comunicación en hablar de un asunto que consideramos problemático, la percepción de tal cuestión como problema es muy relativa. Además, los enunciados "financiación autonómica" o "infrafinanciación" que utilizamos habitualmente suenan a problema contable que tiene muy preocupado a Vicent Soler pero no a la inmensa mayoría de los ciudadanos, que señalan como problemas gordos precisamente los servicios mal financiados y, por tanto, mal atendidos: sanidad, educación, servicios sociales...

Por lo tanto, deberíamos empezar a hablar de "infrafinanciación de la sanidad pública", de la educación o de la dependencia; de falsos techos que se caen, de falta de personal o de listas de espera, para acercar a la ciudadanía un problema que no está en la calle. Y no lo está porque la Generalitat sí cuenta a final de año con la financiación que está pidiendo, vía FLA o deuda, aunque durante el ejercicio haya tensiones de tesorería que afectan a los servicios, a los proveedores y, a veces, a sus empleados que no cobran puntualmente, y que generan unos intereses de demora que reducen aún más el dinero disponible para esos servicios.

El otro día publicaba Levante, a raíz del caso de la menor que fue llevada esposada a un juicio en el que ella era la presunta víctima, que los menores tutelados por la Generalitat no reciben ninguna asistencia jurídica en los procedimientos civiles o penales porque "no hay recursos económicos". Pues eso.

También esta semana, los partidos que integran el Gobierno valenciano ha presentado una enmienda a la Ley de Acompañamiento para retrasar un año el pago del complemento a la Renta Valenciana de Inclusión a los trabajadores que no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional. Porque no hay dinero. Una renta de inclusión que es la más baja de todas las CCAA, solo por encima de la de Ceuta, según un reciente informe de Funcas. Pues eso.

El viernes 22 la Plataforma per un Finançament Just ha convocado una cadena humana para recordar aquella manifestación de hace dos años, cuando gobernaba Rajoy, tras la que esta plataforma formada por la CEV, CCOO y UGT entró en período de letargo bajo el mandato de Sánchez. Despierta ahora, nunca es tarde, pero ahora no hay gobierno. A ver si al menos sirve para que en el próximo abrazo de Sánchez e Iglesias se acuerden de ponerlo. En este periódico, por si sirve de algo, seguiremos insistiendo.

Deducciones para la Capital del Diseño

Hablando de financiación, el Gobierno en funciones de Sánchez ha declarado "acontecimiento de excepcional interés público" la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Madrid tras renunciar Santiago de Chile a acoger el evento. Para captar patrocinadores privados que lo financien, el Gobierno ha aprobado, mediante un decreto exprés de los que le gustan al presidente en funciones, deducciones fiscales de hasta el 90% de las cantidades aportadas por las empresas para la conocida como Cumbre del Clima, que se estima que costará unos 60 millones de euros.

Estamos a poco más de dos años de otro acontecimiento de excepcional interés público en València, que será Capital Mundial del Diseño en 2022. Sus organizadores, con un presupuesto mucho más modesto, buscan patrocinadores privados y no hay mejor aliciente para conseguirlo que la aprobación de exenciones fiscales para los mecenas, algo que el Ayuntamiento y/o la Generalitat deberían solicitar al Gobierno aprovechando su magnanimidad exprés para lo de Madrid.