Imagen del proyecto en PaternaVALÈNCIA. Pese a las negociaciones a contrarreloj de los últimos meses -y muy especialmente esta semana-no ha podido ser y la compañía británica de gestión y desarrollo de centros comerciales Intu Properties ha tenido que pedir el concurso de acreedores tras designar a KPMG como la encargada de llevar las negociaciones con los acreedores. Un 'default' en toda regla en lo que ha sido una crónica de una muerta anunciada, acentuada por la crisis de la covid-19 que ha imposibilidado la venta de activos con el que poder hacer frente a una deuda que supera los 5.000 millones de euros al cambio.
Intu ha comunicado a la bolsa londinense, que ha suspendido su cotización en pleno desplome, sus nuevos administradores concursales que son James Robert Tucker, Michael Robert Pink y David John Pike, los tres pertenecientes a la firma de servicios profesionales KPMG, que venía negociando en las últimas fechas con los acreedores.
El operador de centros comerciales ha asegurado en su comunicado que la situación de las filiales no cambia, ya que los contratos de los inquilinos son con estas sociedades y no con las que entran en administración concursal. "Las empresas operadoras de centros comerciales tienen o se espera que lleguen a acuerdos de servicio con los administradores de la sociedad matriz para garantizar la continuidad de la prestación de servicio", ha subrayado Intu.
Basta con echar un vistazo al gráfico de la cotización de Intu -en mínimos históricos- para hacerse una idea de la situación crítica del que es uno de los mayores operadores de parques comerciales del Reino Unido -con ramificaciones en España- dirigido por David Fischel. De hecho esta mañana llegaba a tocar por primera vez en su historia los 82 centavos para marcar los 178 centavos en el momento de la suspensión en el parqué londinense.
El mercado, siempre soberano, venía anticipando el 'default', que va a provocar serios dolores de cabeza al Gobierno de Boris Johnson por cuanto Intu emplea directamente a cerca de 3.000 personas, más otras 102.000 más en los 17 centros comerciales que opera en Reino Unido a las que hay que añadir unas 30.000 de la cadena de suministro. Todo un roto en un sector tremendamente damnificado por el 'efecto coronavirus'.
El propio Johnson ha manifestado a Reuters que "habrá tiempos difíciles por delante. Y el sector minorista, los centros comerciales, claramente han estado sintiendo la presión sobre su modelo de negocio durante mucho tiempo. Haremos todo lo posible para cuidarlos y asegurarnos de que los jóvenes trabajen por todos los medios posibles".
Intu ya avanzó esta mañana en un comunicado que lo tenía muy difícil dejando entrever que era cuestión de horas que presentaran el 'default', tal y como ha terminado sucediendo. La firma tenía de plazo hasta las doce de la noche de hoy (hora londinense) para llegar a un acuerdo con sus acreedores.
No obstante, el proyecto de macro centro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo en el municipio valenciano de Paterna que promueve Intu junto al grupo español Eurofund Investment, en una 'joint venture', sigue adelante. La compañía presidida por Ian Sandford no renuncia a una iniciativa que le ha costado sudor y lágrimas mantener viva tras las discrepancias con la Generalitat Valenciana, unas diferencias que han llevado la batalla hasta el plano judicial. Es por ello que Eurofund ya baraja diferentes opciones para encarar su futuro en Valencia.
De hecho, como adelantaba hace unas semanas Valencia Plaza, ya estudia dar entrada a nuevos socios ante las sombras que pesaban entonces de quiebra sobre Intu. Y es que la caída de la cotizada británica ponía en peligro la viabilidad de Puerto Mediterráneo y desde el grupo español se ha estado trabajando en alternativas para darle continuidad.
También se contempla la posibilidad de comprarle a Intu su parte del proyecto, como ya ha hecho con el centro comercial que ambas compañías desarrollan en Torremolinos. La diferencias es que, mientras el proyecto en Málaga ya cuenta con licencias y permisos y es inminente su construcción, el de Paterna se encuentra inmerso en un litigio judicial con la administración valenciana. Y desde Eurofund quieren ser cautos. La decisión está en el aire.
Lo cierto es que, todavía están a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie sobre el recurso de casación que presentó la Generalitat Valenciana contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anulaba el informe del Consell para rechazar Puerto Mediterráneo. Según los magistrados, la memoria ambiental desfavorable a este proyecto comercial, hotelero y de ocio de la entonces la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio es insuficiente, por lo que ordena retrotraer el procedimiento para que la Administración emita un nuevo informe que fije las condiciones necesarias para que esa actuación sea sostenible.
"Hemos recibido mucho interés, pero no podemos tomar una decisión porque necesitamos la resolución judicial para avanzar en los siguientes pasos", señalan desde Eurofund que recalcan que el proyecto sigue "vivo" a falta de conocer la decisión del Supremo. "Vamos a seguir adelante", subrayan.
Las desavenencias con la administración valenciana se iniciaron desde el principio por, principalmente, no guardar la distancia suficiente con las carreteras colindantes, CV-25 y CV-31. También pesaron aspectos de contaminación o el hecho de que el espacio a construir fuera la una de las pocas bolsas de suelo del área metropolitana de Valencia.
Los promotores modificaron el proyecto, incluso lo rebautizaron a Intu Mediterrani, para atender las peticiones de la administración y redujeron un 25% su superficie, al pasar de una edificabilidad de 500.000 metros cuadrados en la propuesta anterior a los 375.000 metros. Para ello, se comprometió a invertir 860 millones de euros en este espacio y generar más de 5.000 empleos anuales directos, que se suman a los cerca de 3.000 puestos de trabajo que se crearán durante las obras de construcción. Pero, pese a los cambios, las críticas de Compromís continuaron.
El último asalto lo ganó la compañía al anular la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la resolución de la Conselleria de 2016 que denegaba la propuesta del Plan de Actuación Territorial Estratégica (ATE) Puerto Mediterráneo. La Generalitat lo recurrió. El Supremo tendrá la última palabra.
