Inverco alerta al Gobierno de que se juega más de 30.000 puestos de trabajo con las sicavs

VALÈNCIA. El Gobierno presentó ayer el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 (LPGE 2019), que recogen -entre otros muchos aspectos- que las sicavs pasen a estar en manos de la Agencia Tributaria y no en las de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal y como venía sucediendo desde el origen de estas sociedades de inversión de capital variable en 1983, cuando se crearon en tiempos de Miguel Boyer como ministro de Economía.

Precisamente este diario publicó el pasado 6 de enero un panel de opinión donde ocho curtidos financieros dieron su opinión sobre el futuro de estas sociedades enfocadas a los grandes patrimonios pero accesibles a los pequeños ahorradores, dado que conviene recordar que en su gran mayoría cotizan en el segmento específico del Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Todavía queda que el Congreso apruebe los Presupuestos, pero el miedo ya se ha metido en el cuerpo no solo de las entidades financieras sino también en el de Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. La institución presidida por Ángel Martínez-Aldama sacó ayer por la tarde un comunicado advirtiendo que el Gobierno se juega más de 30.000 puestos de trabajo de alta cualificación y unos ingresos para el fisco de unos 340 millones de euros al año.

Comunicado de Inverco

Estos son los tres puntos del comunicado de Inverco, que da por hecho que se verán desplazadas las inversiones, así como los puestos de trabajo y los ingresos fiscales derivados de su actividad hacia otras jurisdicciones comunitarias.

• Las sicavs están reguladas por las Directivas europeas desde hace más de 30 años, y en ellas se establecen los requisitos que debe reunir este vehículo de inversión, existente en todos los países de Europa. Además de los requisitos establecidos a nivel europeo (transparencia, supervisión y diversificación, entre otros), las sicavs españolas ya tienen un régimen más exigente, pues adicionalmente deben contar con un número mínimo de cien accionistas, no previsto en la Directiva ni en la práctica totalidad de países. Esta diferencia ya supone en la actualidad un peor tratamiento para las sicavs españolas.
• La encomienda a la Administración Tributaria de la potestad para comprobar el cumplimiento del número mínimo de accionistas, prevista en la LPGE 2019, no hace sino alejar aún más a las sicavs españolas del régimen europeo, lo que resultará perjudicial para la actividad de gestión española, con sus correspondientes efectos negativos sobre la financiación de la economía, la generación de empleo y la recaudación de impuestos, al desplazar sus inversiones, así como los puestos de trabajo y los ingresos fiscales derivados de su actividad, hacia otras jurisdicciones comunitarias.
• Las sicavs españolas tienen un claro sesgo inversor hacia los activos domésticos, invirtiendo casi un tercio de su patrimonio (30.832 millones de euros a junio de 2018) en activos españoles, cuando el peso de España en los índices mundiales no supera el 2%. Además son gestionadas, custodiadas, asesoradas, auditadas y distribuidas por entidades en su mayoría españolas, cuya actividad, unida a la tributación de sus accionistas, genera unos ingresos fiscales que se estiman en 340 millones de euros anuales. Contribuyen, asimismo, junto con los restantes vehículos de inversión colectiva, a la generación directa e indirecta de más de 30.000 puestos de trabajo de alta cualificación.