CASTELLÓ. (EP). El director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social, Bernardo Castelló, ha asegurado que durante el primer semestre de 2019 se han detectado en la provincia de Castellón 322 altas ficticias, que afectan a 18 empresas, y se han iniciado investigaciones por presunto delito contra la Seguridad Social sobre 77 mercantiles, de las que 12 están en acción judicial y hay dos sentencias condenatorias. Esto supone un importe de deuda implicado de 4.180.317,24 euros.
Bernardo Castelló ha aportado estos datos en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten, para informar sobre la constitución de la Comisión Provincial del Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social. Ten ha explicado que el Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social tiene como finalidad principal la recuperación de recursos del sistema de Seguridad Social "que no llegan porque hay un incumplimiento de obligaciones en materia de afiliación, cotización o recaudación, y también por conductas irregulares como el acceso indebido a beneficios o prestaciones".
Otra de las finalidades es el reforzamiento de la confianza y la sostenibilidad del sistema, "ya que las pensiones y la Seguridad Social es muy importante para los ciudadanos", ha indicado. Por eso, según la subdelegada, "es muy importante la participación de los diferentes organismos para la recogida de información, realización de estudios y propuestas, sobre todo para hacer actuaciones preventivas y de corrección del fraude, así como para la evaluación y difusión de los resultados". "Es importante que los resultados se vean y que la ciudadanía sepa que es muy importante que se denuncien estas conductas irregulares", ha añadido.
Al respecto, Ten ha subrayado que el Observatorio es un órgano de carácter colegiado de la Tesorería General de la Seguridad Social que funciona en pleno y comisiones provinciales, "donde hay representantes de varios organismos, sobre todo de la Tesorería General de la Seguridad Social, del INSS, del Instituto Social de La Marina, de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, de los servicios jurídicos de la Seguridad Social, y de los sindicatos y asociaciones empresariales más representativos".
Por su parte, Castelló ha explicado que el objetivo es crear un órgano colegiado "donde participen todos los actores que son relevantes en esta materia para lograr aportaciones con objeto de detectar situaciones de fraude y, a partir de ahí, elaborar planes de acción coordinados para luchar contra este fenómeno tan preocupante para la sostenibilidad del sistema público de pensiones".
Las funciones principales de ese órgano son la detección y prevención de situaciones de fraude, elaboración de planes de acción para la lucha contra el fenómeno y difusión de resultados para lograr una mayor sensibilización social.
"Estamos intentando ir por delante del fenómeno en la medida que sea posible mediante la utilización de tecnologías analíticas y predictivas basada en big data y minería de datos", pues "se pretende utilizar la base de datos de la Seguridad Social para analizarlos con objeto de, cuando se detecten patrones de fraude, cargarlos en una base de datos que permite la investigación individualizada por parte de las unidades de lucha contra el fraude que se constituyen a nivel provincial", ha añadido.
Por otra parte, ha señalado que donde se detectan más situaciones de fraude es en aquellos sectores que requieren menor capitalización e infraestructuras, es decir, en el sector servicios y normalmente con una entidad pequeña.
"El fenómeno más preocupante es el de empresas ficticias, pero creo que lo hemos conseguido controlar, además de las sucesiones no declaradas, es decir, empresas que desaparecen para soltar el lastre de las deudas y se crean a partir de cero sin asumir las obligaciones anteriores", ha indicado Castelló. También hay otras cuestiones que se han citado por parte de la Inspección de Trabajo en el Observatorio como abuso de la contratación temporal y realización de horas extras no retribuidas o no compensadas.