José Mayor Oreja. Foto: EFE.VALÈNCIA. El ejecutivo de FCC José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja, declaró este martes como testigo en el juzgado que investiga una serie de contratos por 20 millones de euros durante la visita del Papa a València. Mayor Oreja acudió como legal representante de la constructora FCC, encargada de construir el altar desde el que Benedicto XVI dio una misa multitudinaria.
El testigo explicó que cuando vieron que existía una deuda de la Fundación V Encuentro con la empresa por la construcción y el montaje del mencionado altar, habló con los servicios jurídicos de la empresa para preguntar qué debían hacer. Según su versión, éstos le aconsejaron que se condonara la deuda.
El motivo fue que era una fundación dependiente de la Iglesia, y que "meterse en pleitos con ellos iba a ser más costoso y largo", y añadió que "si hubiera pensado que era pública, obviamente hubieran seguido reclamando porque al Administración Pública siempre acaba pagando aunque tarde mucho tiempo en hacerlo".
En cuanto a si el contrato para el montaje del altar del Papa se hizo con intermediación del gobierno de Francisco Camps, el hermano de Mayor Oreja aseguró que "no hablaron con nadie de la Generalitat, sino que lo hicieron directamente con la Iglesia".
Según las fuentes presenciales en las declaraciones, consultadas por Valencia Plaza, los otros dos testigos, el representante de Pavasal y el de otra de las constructoras que consiguieron contratos siguieron la línea marcada por Mayor Oreja, y desvincularon al gobierno popular de los contratos, además de seguir también la línea principal de las defensas de exponer que la fundación era de carácter privado y no público.
José Mayor Oreja es un viejo conocido de los juzgados valencianos, ya que estuvo procesado en una de las piezas de la Fórmula 1, la que investigaba los sobrecostes en la construcción del circuito urbano, hasta que la Audiencia Provincial dio por prescritos los delitos y archivó el caso.
Mayor Oreja también fue una de las personas, según la declaración del que fuera mano derecha de Camps en el PPCV Ricardo Costa, que entregó parte del dinero negro que entraba en el partido para financiarse de forma ilícita. Costa contó que en una reunión con José Mayor Oreja, éste, "sacó un fajo de billetes de 500 euros de uno de los bolsillos de su abrigo marrón". En total, según su testimonio, José Mayor Oreja, le dio 150.000 euros procedentes de la empresa contratista para "la campaña de Rajoy" en la Comunitat Valenciana.
Desde el año 2016, los instructores de esta causa investigan por los presuntos contratos fraudulentos a diez personas, entre las que destacan el expresidente de la Generalitat y presidente de honor de la fundación, Francisco Camps; el exconseller y expresidente de Les Corts Juan Cotino; el obispo auxiliar y presidente de dicha fundación Esteban Escudero; el secretario del patronato y exvicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos; Francisco Javier Jiménez Fortea; y los comisionados de la Fundación V Encuentro Antonio Corbí, Enrique Pérez Boada -exconcejal y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas- y Henar Molinero, ex alto cargo del Consell, que hacía las labores de secretaria en la fundación.
Los investigados están acusados de los delitos de delitos de prevaricación, malversación y falsedad por supuestas irregularidades en las adjudicaciones de contratos. El montante total bajo sospecha son 20 millones de euros que se gastaron en los contratos de publicidad, propaganda, pantallas gigantes y 7.000 urinarios que se colocaron por toda la ciudad. Según la Fiscalía Anticorrupción, dichas adjudicaciones se realizaron sin respetar las más mínimas normas de contratación de la Administración Pública.
Precisamente es este último punto el epicentro de la pugna entre las defensas y el fiscal, pues la lucha jurídica se centra en dilucidar si la fundación era una entidad pública o privada en el momento en que la Generalitat asumió la deuda, ya que el Ministerio Público acusa de malversación de caudales públicos y prevaricación, delitos que no existirían en el caso de que se tratara de una fundación privada. Con estas nuevas declaraciones, el fiscal Jesús Carrasco tratará de demostrar que la Fundación V Encuentro era pública, lo que le permitiría seguir adelante con el procedimiento.
