MADRID (EP). El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha remarcado que existe una "gran diferencia" entre un error y un delito respecto a la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011, operación que se investiga en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) desde noviembre del año pasado y que está a punto de llegar a su fin.
Así lo ha indicado Sevilla en la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre del año de la entidad, periodo durante el que ganó 400 millones de euros, un descenso del 22,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior debido fundamentalmente a un menor volumen de resultados por operaciones financieras (ROF) como consecuencia de que la rotación de carteras se hizo en 2018.
"A toro pasado es fácil decir que probablemente la salida a bolsa no fue una buena idea, pero hay una gran distancia y diferencia entre error y delito", ha precisado el consejero delegado de Bankia, subrayando que la operación estuvo "altamente regulada y reglada" por parte de banqueros de inversión, auditores externos, Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) o Banco de España. En este sentido, ha asegurado que muchos de las personas que desfilaron por el banquillo en la fase testifical del juicio de Bankia coincidieron con esta visión. "Los testigos aportados por las partes consideraban también que la salida a Bolsa no fue buena idea, pero no un delito", ha aseverado.
La semana pasada comenzó la última fase del procedimiento penal, en la que la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones expusieron sus conclusiones finales. El Ministerio Público elevó entonces las penas que pedía inicialmente por delito de estafa a inversores y además añadió el de falsedad contable por las cuentas de Bankia y BFA del ejercicio 2011, por lo que el número de personas a las que acusa se incrementó desde cuatro hasta quince.
En concreto, pidió para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato una condena de ocho años y medio de prisión (cinco y medio por estafa y tres por falsedad contable), para el exvicepresidente José Luis Olivas solicitó cinco años por estafa, para el exconsejero de Bankia José Manuel Fernandez Norniella reclamó seis años (cuatro por estafa y dos por falsedad contable) y para el exconsejero delegado Francisco Verdú Pons demandó un año y medio de prisión por falsedad contable.
"Lógicamente partimos del respeto más absoluto a las decisiones de la Justicia. La Fiscalía ha presentado unas acusaciones y será el Tribunal quien resuelva", ha añadido Sevilla a preguntas sobre la posición de la entidad ante la nueva postura de la fiscal Anticorrupción Carmen Launa.