ALICANTE (EP). La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha propuesto juzgar por un posible delito de administración desleal a tres ex ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por la operación de reestructuración de deuda de la promotora inmobiliaria Hansa Urbana que acometió la entidad basándose en una falsa valoración de los terrenos que esta mercantil poseía y generando un agujero de más de 35,7 millones de euros.
En concreto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acuerda el paso a procedimiento abreviado por ver indicios delictivos suficientes para juzgar a la ex directora General Adjunta de la CAM Dolores Amorós; al entonces director General de Empresas, Daniel Gil Mallebrera; al que era director general de TIP, la sociedad que creó la caja para proyectos urbanísticos, Vicente Sánchez Asensio; y al cooperador necesario de todos, Rafael Galea, de Hansa.
Los hechos se remontan a 2002, cuando a propuesta de Gil Mallebrera, la CAM creó TIP para participar en proyectos de desarrollo de suelo con sus clientes creando sociedades conjuntas y facilitando después que la CAM financiara las operaciones. Una de esas empresas 'cliente' era Hansa Urbana, dedicada a la promoción inmobiliaria y en menor medida, a intereses en hoteles.
Cuando a finales de 2010 la CAM afrontaba la amenaza de intervención del Banco de España, acordó con Hansa Urbana una doble operación que buscaba arrojar plusvalías de 40 millones de euros a su cuenta de resultados. Primero, TIP vendería a Hansa urbana las participaciones que tenía en dos de sus filiales a cambio de más peso en la matriz. Después, vendería al socio mayoritario de Hansa, Rafael Galea, esos nuevos títulos por recompra.
En esa primera operación se valoraron las participaciones atendiendo a unos terrenos que constituían el principal activo de Hansa, tasados en 443 millones de euros en un informe de 2010 en el que se advertía de que había que estimar el valor comercial de aquel suelo teniendo en cuenta, entre otras cosas, que se dieran licencias urbanísticas que hicieran posible el proyecto. Sin considerar esta situación, la CAM dio por buena la tasación. Los permisos nunca llegaron.
El auto explica que Vicente Sánchez Asensio expuso a la CAM el proyecto en diciembre de 2010 "omitiendo de forma deliberada y consciente que la tasación estaba condicionada a la obtención de unas licencias que aún no habían sido conseguidas". Dolores Amorós, que defendió la iniciativa ante la comisión económica de la CAM y en presencia de Daniel Gil Mallebrera, tampoco comunicaron a la Caja esta información.
En junio de 2011, Hansa Urbana entró en una situación "crítica" por problemas de liquidez y como la CAM tenía una alta participación en la mercantil, Amorós defendió ante el Consejo de Administración de la caja una reestructuración de su deuda que implicó, entre otras medidas, comprar los mismos terrenos objeto de la primera operación tomando como referencia la tasación de 443 millones de euros, sin que se hubieran dado las licencias necesarias para que tuviese ese valor.
De este modo, "a pesar de no contar con las autorizaciones preceptivas, la CAM, a través de Amorós, Gil Mallebrera, Sánchez Asensio y en connivencia con Galea Expósito, acordaron el valor de los terrenos de acuerdo con una tasación que los estimaba en un valor muy superior al real", de modo que por el 24,9% de los mismos la caja perdonó 35,7 millones de euros de deuda a Hansa Urbana. El "valor auténtico" de aquellos terrenos, según explica el auto, era de cero euros.
La juez entiende que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de administración desleal en el caso de los tres ex ejecutivos de la CAM y de cooperación necesaria para la comisión de ese hecho en lo relativo a Rafael Galea. Mientras, archiva las actuaciones para otras personas que fueron investigadas en la fase de instrucción: Roberto López Abad, Juan Ramón Avilés, Remedios Ramón, Asunción Martínez y Francisco Grau.