Foto: EFE/MorellVALÈNCIA. El abogado del expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, principal imputado dentro del marco del caso Erial, que investiga el supuesto blanqueo de cerca de once millones de euros a través de contratos a ‘dedo’ durante su mandato como presidente, presentó un recurso para tratar de conseguir la caída de la causa judicial.
El letrado del expresidente lo hizo con un recurso en apelación a la Audiencia Provincial de Valencia en el que solicitaba la nulidad como prueba válida del hallazgo de los papeles con la presunta hoja de ruta del blanqueo de capitales derivado de las mordidas. Dichos papeles aparecieron en un registro en la investigación del caso Taula, a cargo del Juzgado de Instrucción número 18 de València, y fueron el germen de la investigación contra Zaplana, que está en Instrucción 8.
La defensa de Zaplana esgrimió que dicho hallazgo era derivado de una investigación prospectiva, es decir, aquellas que "se llevan a cabo con la intención de anticipar lo que está por venir". Sin embargo, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial ha denegado su recurso, lo que deja vía libre a la Fiscalía Anticorrupción para seguir con el procedimiento.
Este auto se suma al de la semana pasada de la misma sección, que rechazaba la nulidad de la declaración del presunto testaferro de Zaplana, Fernando Belhot, quien no solo explicó cómo movía el presunto dinero B, sino que dio acceso a los investigadores a las cuentas con cerca de 8 millones de euros.
En este nuevo auto, al que ha tenido acceso este periódico, los magistrados explican que los motivos y los delitos por los que el juez del caso Taula acordó la entrada y registro en un despacho en el cual aparecieron los papeles, con la supuesta hoja de ruta del blanqueo, era legal pese a que no fue hasta cinco meses y medio después de dicho registro que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó un oficio advirtiendo del caso de Zaplana.
A este respecto, contesta la audiencia que el abogado del expresident cuestionó en su recurso la entrada y registro deduciendo de dicha tardanza la realización de una investigación prospectiva fruto de una "selección de documentos" y de lo que califica como "hallazgo casual", y añaden que "no comparte la Sala tal valoración, pues durante la práctica de la diligencia de entrada y registro resulta imposible un análisis exhaustivo de la documentación que se incauta, y sólo tras su ordenación, clasificación y análisis es posible determinar el posible alcance de los datos que reflejan tales documentos".
El mismo auto también resuelve sobre la licitud del uso de micrófonos de ambiente, más conocidos como ‘chicharras’. Según los magistrados, fueron lícitas las que la UCO colocó para grabar las conversaciones entre Zaplana y su presunto testaferro Francisco Grau Jornet en Alicante, así como la que se obtuvo de una conversación entre el expresidente y el ingeniero financiero que movió el supuesto dinero B, Fernando Belhot, en un céntrico hotel madrileño.
Dicen los jueces que se cumplen los criterios jurídicos para este tipo de intervenciones telefónicas, ya que la UCO indicó "qué agentes concretos las iban a realizar", además de emitir una "prolija exposición de los hechos objeto de investigación, de las relaciones de los investigados, de la relevancia de las citadas reuniones para el esclarecimiento de los hechos y la posible participación en los mismos de los investigados".
Zaplana pasó ocho meses en prisión tras ser detenido hace un año como presunto cabecilla de una trama que, supuestamente, cobró cerca de 11 millones de euros en dinero B de varios contratos con la administración mientras él estuvo al frente de la Generalitat (1995-2002).
Según sospechan los investigadores, Zaplana y sus presuntos testaferros en España, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y exdirector general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; la secretaria del expresident, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló.
Todos ellos están implicados en diferente medida en delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003. La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastrearon el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.
