ELCHE. Los 34 acusados de la presunta trama de corrupción empresarial en torno a la contrata de basuras de Orihuela que ha dado origen a la macrocausa del caso Brugal, entre ellos los exalcaldes del PP Mónica Lorente y José Manuel Medina, y el empresario Ángel Fenoll, han sido absueltos por la sección séptima de la Audiencia de Alicante con sede en Elche.
En esencia, en la resolución judicial ha pesado la anulación de las escuchas practicadas por los agentes de la Udef durante la fase de investigación. En concreto, el fallo considera que esos pinchazos telefónicos se realizaron de manera ilícita al haberse infringido el derecho fundamental al secreto de las telecomunicaciones, en la medida en que no contaron con resoluciones judiciales que las autorizasen. Además, la Audiencia también incide en que no se siguió el protocolo de sellado necesario para su volcado.
Así se concluye en la sentencia conocida este miércoles, de 391 páginas, dada a conocer a los acusados citados de manera individual. Entre ellos, el empresario Ángel Fenoll, ha expresado su alegría al conocer el fallo y ha edicho: "Creo en la Justicia después de 14 años".
El ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, también ha expresado su satisfacción la resolución del juicio: «Bien está lo que bien acaba. Esperaba la sentencia, porque llevo 17 juicios y 16 absoluciones. Ha habido persecución por parte de la Fiscalía». Por su parte, Lorente, ha afirmado: «Ha sido lo que esperaba, cuando vine el primer día confiaba en la justicia y su labor y vengo hoy con el mismo sentimiento. Llegué a la causa en último lugar, sabía que no he hecho nada y sigo con tranquilidad»
Este juicio ha versado sobre el origen del denominado caso Brugal, que ha resultado en una veintena de piezas separadas en toda la provincia de Alicante. La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde popular José Manuel Medina.
De las 34 personas que se han enjuiciado en esta rama inicial del Brugal, 15 han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos como los referidos exalcaldes Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal.
La Fiscalía Anticorrupción, que fue quien denunció los hechos y ha llevado gran parte de la investigación, solicitaba penas muy altas para los acusados. Así, para el ex alcalde Medina, la pedía 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho; para su sucesora Lorente ocho años por fraude; y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.