VALÈNCIA (EFE). El juez José de la Mata ha propuesto juzgar a 35 personas por la presunta estafa de las clínicas del Grupo iDental, y de su sucesora, por estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y organización criminal.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, de 383 páginas, el juez de la Audiencia Nacional pone fin a esta pieza, centrada en los delitos económicos perpetrados por las dos presuntas organizaciones criminales que coincidieron, lo que lleva a la conexión procesal en este procedimiento, en la transmisión del Grupo iDental, que ha dejado 120.000 afectados en la Comunitat Valenciana.
Recientemente, el juez propuso también juzgar a los cinco máximos responsable del Grupo iDental y su sucesora por la pieza en la que se les ha investigado por un fraude a la Seguridad Social, valorado en 23,6 millones de euros, hechos por los que la Fiscalía pide penas de seis años de cárcel y multas de hasta 90,3 millones de euros.
Según relata en este nuevo auto, iDental fue vendido por los primeros propietarios, Antonio García Pellicer y Vicente Castañer, a otros tres de los principales imputados, Luis Sans, y los hermanos José María y Juan Garrido López, quienes, según lo investigado, se cree que trataron de repetir la estafa con el grupo Instituto Odontológico Asociados (IOA).
García Pellicer y Castañer, con el apoyo directivo de otras personas imputadas, constituyeron el Grupo iDental, así como toda la estructura societaria derivada y lo pusieron en marcha hasta llegar finalmente a venderlo al entramado de Luis Sans y los Garrido López.
Esta segunda organización, según el juez, ha estado durante años, desarrollando una estructura societaria gracias a la cual consiguieron fraudulentamente una importante financiación de Bankia para su inversión en distintas explotaciones mercantiles, con el objetivo de su enriquecimiento personal a costa de los fondos desembolsados por la entidad bancaria.
Todo ello, en perjuicio de la viabilidad de las explotaciones económicas adquiridas y de la integridad patrimonial de la financiera. La operativa fraudulenta fue repetida, al menos, en seis sociedades, y ha supuesto una disposición de fondos provenientes de Bankia de unos 54 millones de euros en préstamos hipotecarios obtenidos fraudulentamente.
La estrategia de fraude consistía en ofrecer servicios odontológicos sofisticados y de alta calidad a los clientes, a precios irrisorios, con pleno conocimiento de la incapacidad del grupo para proporcionar los servicios comprometidos y con total desprecio de la salud bucodental y estado de sus usuarios, haciéndoles creer que el coste muy elevado de los servicios estaba cubierto mediante subvenciones o ayudas oficiales, destaca el auto.
Una vez captado el cliente se le presionaba de forma muy agresiva para hacerle firmar los presupuestos y los correlativos créditos al consumo, obviando también los requerimientos económico-financieros de solvencia establecidos por las compañías de crédito.
La finalidad real era captar como fuera el máximo número de clientes y, por tanto, el mayor número de recursos económicos procedentes de los créditos al consumo, "con plena conciencia de la incapacidad de la empresa de prestar el servicio comprometido".
Cuando iDental fue adquirido por Sans y los hermanos Garrido, continuaron exactamente con las mismas prácticas, asegura el titular del Juzgado Central de Instrucción 5, que subraya que siguieron la misma política de captación de clientes, aun a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos.
Según el magistrado, únicamente había financiación para continuar la actividad de la empresa hasta junio de 2018 (finalmente se cerró en mayo) y no se hicieron frente a las nóminas durante los últimos meses de actividad.
Un número masivo de tratamientos quedaron inacabados, fueron defectuosos y, en muchos casos produjeron alergias e intolerancias y, en otros, lesiones, debido a la absoluta insuficiencia en la capacidad de producción de los servicios y la limitada experiencia de los odontólogos contratados, en su mayoría recién graduados sin práctica profesional.
Pese a ello, los pacientes "no tenían una vía alternativa de salida, ya que la clínica, no daba opción a cancelar los tratamientos, por lo que, aunque no quisieran continuar con estos, debían de seguir pagando las mensualidades debidas".
El auto incluye las amenazas y coacciones que sufrieron los perjudicados de Idental por parte del Departamento de Calidad. También detalla lesiones como perforación de tabique nasal, del tímpano, fractura de mandíbula, extracciones de piezas sanas, o infecciones y alergias por los materiales utilizados, por lo que los afectados tuvieron que ser atendidos por médicos de medicina general para subsanar o paliar las lesiones y secuelas.
Fuera de esta pieza, en la parte principal del procedimiento, quedan ahora los hechos y delitos de lesiones contra la salud pública cometidos por los investigados en los tratamientos odontológicos, así como los delitos contra la hacienda pública.