VALÈNCIA. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) sacrificará sus números de este año para hacer frente a los pufos heredados de la desaparecida Cierval. La organización que preside Salvador Navarro ha decidido dotar contra el resultado de este ejercicio hasta 700.000 euros para cubrir la totalidad del quebranto económico esperado por los litigios abiertos con los trabajadores que demandaron a la anterior organización autonómica, ya que Cierval les dejó a deber tanto esa indemnización por despido como la última nómina.
La dotación estropeará las previsiones sobre la liquidación del ejercicio de la CEV de este año, con unas pérdidas notablemente superiores a los 230.000 euros de resultado negativo con el que cerró 2017. Sin embargo, la organización ha preferido pasar página, cargar la totalidad del riesgo contra el resultado del ejercicio actual y esperar a que los recursos judiciales prosperen para liberar la dotación en futuros ejercicios.
La confederación estima que con esa cantidad podrá dar respuesta al peor de los escenarios, tanto por las demandas que ya ha perdido pero que están pendientes de recurso como en aquellas que aún están a la espera de resolución.
Por el momento, los juzgados de lo social ya han dado la razón a cuatro exempleadas de la organización que presidía José Vicente González al concluir que Cierval y las tres organizaciones provinciales que la fundaron (CEV, CEC y Coepa) constituían una unidad empresarial "a efectos laborales". Dado que la CEV es la única que sobrevive, después de que las trabajadoras ampliaran la demanda el juez dictaminó que debía responder solidariamente de las obligaciones laborales de Cierval.
El Juzgado de lo Social 2 de València declaró improcedente el despido de estas cuatro trabajadoras y obligó a la CEV a readmitirlas o a indemnizarles conjuntamente con 215.000 euros. La patronal recurrió en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), por lo que la sentencia aún no es firme.
A esa cantidad se suman los 32.975 euros de la indemnización por despido improcedente de Javier López Mora, quien era el secretario general de Cierval y se acogió al ERE planteado por la organización en el momento en el que ésta fue a liquidación. La sentencia también ha sido recurrida por la CEV.
Pero los litigios abiertos por el ERE de Cierval no se agotan con esas dos sentencias. A ellos se suma la demanda que los otros siete empleados de la patronal autonómica que completaron ese expediente de extinción plantearon para reclamar la indemnización por despido. En conjunto, reclaman 207.000 euros, lo que en el caso de ser condenada de nuevo y de perder los dos recursos planteados contra las primeras sentencias elevaría la factura pendiente para la CEV por encima de los 450.000 euros, el equivalente a una cuarta parte de su presupuesto anual.
La vista por el despido de esos siete empleados se había fijado para este mismo martes, pero fue aplazada hasta que la sentencia favorable a las primeras cuatro trabajadoras que demandaron sea firme.
La organización considera que ahí acabaría el riesgo a asumir por los pufos heredados de Cierval. A pesar de que en el primer juicio por los despidos de Cierval el abogado del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) –personado en la demanda– abrió la puerta a reclamar a la CEV los 274.000 euros que tuvo que abonar por el concurso de acreedores la castellonense CEC y los 462.000 euros por el de la alicantina Coepa, la CEV cree que este riesgo está extinguido.