La CNMV insta a las cotizadas a exigir responsabilidades ante la corrupción

VALÈNCIA (EP). La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está preocupada por los recientes casos de presuntas prácticas irregulares en algunas sociedades cotizadas, algunos de los cuales han dado lugar a actuaciones de la jurisdicción penal, por lo que ha recordado que las compañías deben exigir inmediatamente el cese y exigir responsabilidades si detectan este tipo de conductas.

Así lo ha manifestado en un comunicado emitido este lunes, en un contexto en el que compañías como BBVA e Iberdrola se han visto salpicadas por el caso Villarejo que se desarrolla en la Audiencia Nacional.

El supervisor de los mercados no ha mencionado a ninguna entidad concreta, sino que ha instado a los órganos de gobierno de todas las sociedades cotizadas a revisar sus políticas y procedimientos en este ámbito, así como su aplicación en la práctica, para asegurarse de que son "suficientemente exigentes y se aplican realmente".

La CNMV ha señalado que, aunque este tipo de situaciones solo afecten a algunas empresas o sean imputables a un número reducido de personas, sí pueden comprometer la imagen y reputación del mercado de valores español, especialmente en un contexto en el que los inversores dan cada vez más importancia a aspectos relacionados con la ética en sus decisiones de inversión.

Por ello, el organismo presidido por Sebastián Albella ha recordado a las cotizadas y demás emisores de valores españoles que deben tratar de impedir o reducir al máximo la probabilidad de que se produzcan prácticas de carácter irregular.

"Asegurar su cese"

Si se detectan, deben asegurar su cese y exigir responsabilidades, lo que requiere que sus órganos de gobierno cuenten con políticas y controles adecuados para prevenir la corrupción y demás prácticas irregulares, así como para identificar, evaluar y controlar los riesgos y potenciales impactos asociados, cerciorándose de que estos se aplican con el máximo rigor.

La CNMV ha resaltado la importancia de la máxima involucración de la comisión de auditoría, que tiene la función de supervisor la eficacia del control y la auditoría interna, y el papel de los consejeros independientes y demás externos, a los que corresponde una función de contrapeso con respecto a los consejeros ejecutivos.

En esta línea, ha señalado que la comisión de auditoría debe supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que tienen las cotizadas, como describir en el estado de información no financiera las políticas establecidas, resultados y riesgos y hacer referencia en el informe anual de gobierno corporativo a los principales riesgos, incluidos los derivados de la corrupción.

Esta información, que debe ser suficiente para que el mercado y los inversores entiendan el alcance e importancia de los hechos, debe incluirse en los primeros informes que se elaboren tras el momento en que se haya tenido conocimiento de las prácticas irregulares y riesgos, hayan trascendido o no públicamente.

Si no se incluye la información en el primer informe, se deberá incluir en la primera declaración intermedia trimestral o en el informe de gestión de la primera información semestral que se publique por la compañía, "sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que el retraso pueda dar lugar".

De igual manera, la CNMV ha informado de que este tipo de información debe incluirse en los folletos informativos que publican los emisores.

Reforzar las recomendaciones

Por otro lado, el supervisor de los mercados ha comunicado que está analizando la posibilidad de reforzar las recomendaciones relativas a este ámbito, ya que actualmente está realizado trabajos de revisión parcial del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

De ser así, las modificaciones podrían afectar especialmente a las recomendaciones relativas a situaciones que puedan afectar al crédito y reputación de la sociedad, a funciones de la comisión de auditoría, a la política de control y gestión de riesgos, a la función interna de control y gestión de riesgos y a la supervisión por una comisión del consejo del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo y de los códigos internos de conducta.