El Conseller de Hacienda, Vicent Soler. FOTO: KIKE TABERNER
VALÈNCIA. (EFE) La valenciana fue una de las diez comunidades autónomas que en 2017 tuvo remanente de tesorería negativo, lo cual indica que los recursos líquidos y los derechos de cobro liquidables a corto plazo son insuficientes para afrontar las deudas a corto plazo, una situación financiera que debe corregirse.
Así lo refleja el informe global del sector público autonómico que ha aprobado el Tribunal de Cuentas referido a 2017, ejercicio en el que el remanente de tesorería en su conjunto fue negativo, por importe de 282 millones de euros, frente al remanente negativo de 1.753 millones de euros en 2016.
El informe señala asimismo que, en el conjunto de las Administraciones Públicas, las modificaciones presupuestarias supusieron un 6,9 % de incremento de los créditos iniciales y un 6,2 % de las previsiones iniciales, si bien las modificaciones superaron el 10 % de los créditos y previsiones iniciales en la Comunitat Valenciana y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Respecto al saldo final agregado de las cuentas de acreedores de las Administraciones generales, fue de 32.689 millones de euros, y el 23,7 % del total correspondió a la Comunitat Valenciana, mientras que Andalucía y Cataluña representaron conjuntamente el 28,4 %.
En el apartado de las Universidades, el Tribunal de Cuentas destaca que en el ejercicio 2017 las universidades de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Baleares y la Comunitat Valenciana tuvieron un grado de ejecución del presupuesto de gastos inferior al 80 %.
Sobre las empresas públicas, el activo total supuso 70.002 millones de euros para un conjunto de 422 entes empresariales, y destacaron por el valor de sus activos los subsectores empresariales de Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía, la Comunitat Valenciana y el País Vasco, que supusieron el 83 % del activo total.
El sector empresarial autonómico presentó en su totalidad resultados de explotación negativos en 2017, con relevantes resultados negativos en las empresas de la Región de Murcia (13 entes), de la Comunitat Valenciana (23), de Galicia (12) y País Vasco (49).
El informe señala asimismo que la contribución del gasto farmacéutico al total del gasto sanitario público consolidado de cada autonomía fue desde el 13,3 % de Baleares al 19,2 % de Extremadura y la Comunitat Valenciana.
Respecto a la estabilidad presupuestaria, la Comunitat Valenciana fue una de las seis regiones que incumplieron su objetivo, al igual que Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia, y una de las trece que incumplió la regla de gasto.
En lo que respecta a los avales, en términos absolutos los mayores importes en riesgos finales de avales respecto a Administraciones Generales correspondieron a Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana.
Finalmente, sobre la contratación pública, el Tribunal de Cuentas ha detectado expedientes de contratación seguidos por los trámites de urgencia o emergencia en los que no resulta debidamente documentada la concurrencia de las circunstancias exigibles para justificar su carácter excepcional en Aragón, Castilla y León y Comunitat Valenciana.
En los procedimientos negociados analizados, no se ha justificado la utilización de este procedimiento, o se aprecia que la definición de los aspectos de negociación contiene deficiencias, o no hay constancia en el expediente de haberse realizado una efectiva negociación, en las proposiciones recibidas en la Comunitat Valenciana, Melilla y Murcia.
