VALÈNCIA (EP). La Comunitat Valenciana recibió el pasado año un total de 4.330 solicitudes de asilo frente a las 2.300 de 2017, lo que la convirtió en la cuarta autonomía en peticiones por detrás de Madrid (20.704); Cataluña (8.034) y Andalucía (5.412). Por provincias, Valencia, con 3.588, fue la tercera con mayor número, precedida por Madrid y Barcelona (7.361).
Así lo ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa el Coordinador Territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CAER), Jaume Durà, quien ha presentado el XVII Informe Anual CEAR 2019 'Las personas refugiadas en España y Europa', que refleja que una de cada cuatro personas que solicitaron asilo en la Unión Europea obtuvo el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria.
En el conjunto del país, la mayor parte de solicitudes de asilo proceden en especial de Latinoamérica, principalmente de Venezuela, Colombia, Honduras o El Salvador --en muchos casos de personas que huyen de las Maras--. En estos últimos casos, ha precisado que la Mara Salvatrucha o la 18 son "las más terribles" por lo que piden al Gobierno que reconozca a quienes huyen de sus países por estas amenazas que, además del asilo, les reconozcan el derecho a "algún tipo de protección".
Durà ha recalcado la huida de muchas personas procedentes de Marruecos y Argelia por su condición sexual. En este sentido, este viernes, CEAR junto a Directa, presentarán el documental 'Fugir per estimar i ser', un largometraje sobre personas LGTBI "que huyen de los países de África del Norte".
Durà ha explicado que España es el cuarto país de la UE en número de solicitudes de asilo --54.065 en 2018, un 74% más que en años anteriores-- por detrás de Alemania, Francia y Grecia, y ha destacado que la política del primer ministro italiano, Matteo Salvini, "se está imponiendo en toda Europa", lo que provoca un descenso en las solicitudes de asilo.
En esta línea, ha lamentado el "retraso terrible" que existe a la hora de resolver las peticiones, también en València, donde los solicitantes están recibiendo cita para mayo de 2020. Esto demuestra que, a su juicio, "claramente el sistema está colapsado" y ha criticado además que "faltan plazas de acogida porque no todas las personas consiguen entrar".
Al respecto, ha recordado que el pasado lunes se cumplió un año de la llegada de la flotilla del buque Aquarius a València, --con 629 personas de 26 nacionalidades que arribaron a puerto tras superar una travesía de ocho días por mar y el rechazo de varios países-- y ha recalcado que les "llama la atención" que las personas que pidieron asilo y no se fueron a otros estados como Francia, "continúan esperando protección efectiva".
Desde la llegada de la flotilla del Aquarius, Durà ha asegurado que se ha producido un "bloqueo de barcos humanitarios" --ejemplificado en la situación de otras embarcaciones como el Open Arms o el Aita Mari--, por lo que ha pedido a los gobiernos "una protección efectiva y definitiva" para estos últimos inmigrantes.
El responsable de CEAR PV ha calificado de "mentira" que haya una "avalancha" de refugiados en Europa ya que en 2018 llegaron 126.000 personas, de las que 65.383 fueron a España. "Las que caben en el estadio del Valencia", ha dicho.
Durà se ha mostrado especialmente preocupado por lo que ocurre con los MENA (Menores No Acompañados), porque "es una competencia de las comunidades autónomas". "En 2018, solo 70 menores consiguieron protección internacional, una cifra muy baja teniendo en cuenta que en la actualidad hay más de 13.000 menores no acompañados en los centros de acogida que gestionan las comunidades autónomas", ha dicho.
La rueda de prensa ha contado con la presencia de refugiados, algunos de ellos periodistas, que han huido de sus países, como Egipto, Mauritania, China, Kurdistán o Nueva Guinea. "Intenté salir del régimen de esclavitud, pero no lo conseguí", ha explicado Yahya, un mauritano de 39 años que huyó de su país por pertenecer a la etnia Soninké, que todavía practica la esclavitud.
Yahya se subió a una embarcación rumbo a España el 11 de agosto de 2018. Proviene de una familia de esclavos, por lo que su condición de servidumbre es inalterable en su país. "La religión musulmana no promueve la esclavitud, son los líderes religiosos y feudos quienes favorecen ese sometimiento", ha aclarado Yahya.
Ahora convive con otros refugiados en un centro de Cullera, donde aprende "fontanería, electricidad y climatización", además de ir a clases de español. Este centro es uno de los tres que se encuentran en la Comunitat --además del de Sueca y San Juan-- en el que profesionales de derechos humanos dotan de habilidades sociales a más de 300 refugiados en total.
Por su parte, el periodista de 27 años Ahmed Ali, procedente de Egipto, fue condenado en 2014 a cadena perpetua por "sacar información de su país y renunciar el régimen", según ha comentado que se declaró en la sentencia. El periodista participó en un proyecto sobre un documental que reflejaba la situación de opresión de los periodistas de Egipto. "Los periodistas de mi país están trabajando en peligro", ha afirmado.
Ahmed reside en España sin posibilidad de viajar a otros países porque vive "con una tarjeta roja". Esta tarjeta imposibilita a algunos los solicitantes de asilo a abandonar su lugar de residencia, algo con lo que el periodista tiene que convivir desde hace tres años. "Ninguna persona puede sentir lo que yo estoy sintiendo", ha asegurado.