VALÈNCIA. CaixaBank ha planteado a los sindicatos cerrar 81 oficinas y prescindir 238 trabajadores en la Comunitat Valencia, tal y como contó este diario este viernes. La decisión entra dentro del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que está negociando la entidad presidida por Jordi Gual con los sindicatos. Ni que decir tiene que del éxito de las conversaciones dependerá que la cifra se reduzca, es decir, que no hay tantos despidos -o mejor dicho prejubilaciones porque van copar buena parte- y que no haya que bajar la persiana de tantas sucursales bancarias.
Según los datos presentados por la entidad, que no hay que olvidar que se quedó con la 'herencia' del Banco de Valencia, el 11,03% de los 2.157 empleados a los que se dirige el ERE proceden de la Comunitat Valenciana, es decir, 238. Un porcentaje solo superado en todo el territorio nacional por Madrid, con el 22,11% dado que se contempla rescindir el contrato de 477 empleados; y Andalucía con el 18,13%, que representan a 391 trabajadores. Barcelona y Teruel son las dos únicas provincias españolas donde no se contemplan despidos.
En cuanto al cierre de oficinas, los 81 que CaixaBank ha puesto sobre la mesa de los sindicatos correspondientes a las tres provincias valencianas representan el 10,21% de los 793 distribuidas por toda España. En este caso, la Comunitat Valenciana se sitúa en el cuarto puesto del ranking por detrás de Cataluña, con el 31,40% y 249 oficinas previstas para bajar la persiana; Andalucía (15,89% y 126 respectivamente); Madrid (11,86% y 94). Ni en Teruel ni en Melilla está previsto cerrar ninguna sucursal; mientras que en Burgos se van a abrir dos.
CaixaBank presentó el pasado jueves la propuesta a la representación sindical, con la "firme voluntad de llegar a un acuerdo consensuado" tras el proceso de negociación abierto el pasado 10 de enero, en el que se constituyó la mesa negociadora y se fijó el calendario de reuniones. Entre otras medidas, CaixaBank también ha puesto sobre la mesa ampliar el horario de atención al público por las tardes a todas las oficinas, aunque sin especificar cómo ni cuándo; ampliar la movilidad geográfica de los 25 kilómetros al ámbito provincial; aumentar la plantilla 'in touch' de 900 a 2.000 personas; abaratar la clasificación de oficinas o eliminar subdirectores y segundos responsables en oficinas de menos de cuatro empleados.
Los objetivos de negocio del banco presidido por Jordi Gual pasan por cerrar 821 sucursales urbanas, hasta contar con un total de 3.640 en 2021, y avanzar hacia una transformación de su red que permita ampliar el número de oficinas de asesoramiento urbanas ('Store') hasta las 700, desde las 285 actuales, así como mantener la red de sucursales en pequeñas poblaciones (red AgroBank) y desarrollar sus servicios digitales. Extender la red de oficinas 'Store' supone aumentar las integraciones de pequeñas sucursales urbanas, que se unirán en una única oficina, de mucho mayor tamaño y más servicios y con horario de apertura ininterrumpida de mañana y tarde.
Las organizaciones sindicales, que ya esperaban que la entidad trasladara las cifras sobre el número de puestos afectados, han mostrado su indignación ante las medidas de reestructuración que ha propuesto la entidad y han subrayado que se trata de una decisión "traumática", porque se amenaza con la unilateralidad si no hay acuerdo. Desde CC OO han lamentado la "falta de respeto a la profesionalidad de la plantilla" y han recordado que en 2018 la dirección del banco reconoció que "el excelente equipo humano" era el que hacía posible los "extraordinarios resultados alcanzados". El sindicato ha asegurado que no comparte ninguna de las medidas planteadas y cree que no hay razón que las justifique. "La propuesta de CaixaBank no busca sino llevar al límite la negociación para conseguir aplicar de forma unilateral estas medidas forzosas, tal y como prevé el procedimiento en caso de no llegar a un acuerdo", ha criticado CC OO.
Por su parte, UGT ha vuelto a pedir la retirada de estas medidas "poco prudentes y nada proporcionales" y ha denunciado que los datos aportados por la consultora externa son contradictorios con los reflejados en el plan estratégico. "No puede ser que ante los inversores y accionistas se diga que somos los mejores y vamos a pagar más dividendos, mientras que ante los trabajadores se diga justo lo contrario y se pretenda pagar menos en las nóminas", ha señalado UGT, que considera que las medidas son "completamente inadecuadas y desproporcionadas".
El Sindicato de Empleados de CaixaBank (SECB) también ha solicitado formalmente que se retire el formato de la negociación y se comience a negociar bajo acuerdo laboral. "Con todo lo que la empresa ha puesto encima de la mesa, se ve una negociación muy dura, ardua y complicada y todos los empleados debemos ser conscientes de ello. Las movilizaciones de la plantilla deben comenzar a estar presentes en la cabeza", ha advertido en su cuenta de Twitter.