CASTELLÓ. (EFE). El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón ha decidido incluir como gasto en el Plan Económico Financiero (PEF) el Fondo de Cooperación, entre otras nuevas variables, con el objetivo de beneficiar a los municipios de la provincia a la hora de ejecutar sus presupuestos.
Así lo ha avanzado este martes el diputado delegado del área de Hacienda, Santiago Agustí, según el cual la medida contempla computar el Fondo de Cooperación Municipal, que supone una ayuda a los ayuntamientos de 5,6 millones de euros, como gasto de la Diputación y no de los municipios. Esta propuesta está avalada por los informes técnicos y será incluida en el Plan Económico Financiero que aprobará la institución provincial en el pleno extraordinario de este jueves, según informa la Diputación.
"Con esta modificación vamos a conseguir beneficiar a los ayuntamientos de la provincia, porque así podrán subir su techo de gasto y tener más margen a la hora de ejecutar sus presupuestos", ha valorado Agustí.
Pero ha advertido de que la Diputación debe entrar en un Plan Económico y Financiero para los ejercicios 2020 y 2021 por la "mala gestión del anterior equipo de gobierno del PP, que ha ocasionado que el ejercicio 2019 se cierre sobrepasando en 8,1 millones de euros el objetivo marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en 15,3 millones los criterios impuestos por la regla del gasto".
Este Plan exigirá el "máximo rigor en la gestión" durante estos dos años, de manera que, a pesar de tener 40 millones de remanentes en los bancos, "en ningún caso el gasto podrá sobrepasar la cantidad global que figura en los presupuestos de la institución".
De lo contrario, ha avisado el diputado, "la Diputación sería intervenida económicamente en 2022 por el Ministerio de Hacienda, que tendría la potestad de eliminar las partidas presupuestarias que considerase oportuno".
Agustí ha explicado que el Plan Económico y Financiero es consecuencia de la decisión del anterior equipo de gobierno de poner en marcha en 2018 un segundo Plan 135 y de dedicar el gasto financiero a la amortización de préstamos. El segundo Plan 135 de 2018 no se pudo ejecutar "por una cuestión de plazos" en ese año "y la consecuencia fue que se produjo un incremento muy importante del gasto en el ejercicio de 2019".
Por otra parte, el gasto financiero que se destinó a la amortización de préstamos desapareció porque no computaba para la regla de gasto pero terminó incrementando el gasto en inversiones y gastos corrientes de 2018 y 2019. Según Agustí, "se ha llegado a esta situación por la mala gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular, que incumplió deliberadamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto que activaron los gobiernos Mariano Rajoy y Montoro, y que siguen en vigor".
Este plan, ha remarcado, "exigirá el máximo rigor en el gasto, que en ningún caso podrá sobrepasar la cantidad global que figura en los presupuestos de la institución porque de lo contrario, en 2022 podría ser intervenida económicamente por el Ministerio de Hacienda".
