Foto: MARGA FERREREl hospital más veterano de Valencia, con más de 500 años de historia, no está integrado en la Conselleria de Sanidad. Esto constituye, se mire como se mire, una anomalía. Al menos desde que la Ley General de Sanidad del 1986 obligó a que cada Comunidad Autónoma se dotara de “un Servicio de Salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos” de cualquier administración pública dentro de su territorio. Los hospitales de las diputaciones de Valencia y Castellón se gestionan actualmente como Consorcios, es decir, “entidades de derecho público… creadas por varias administraciones … para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias”. Las administraciones consorciadas son, por un lado, la Generalitat y, por el otro, las diputaciones de Valencia y Castellón en sus respectivos consorcios.
Si hubo alguna vez, durante estos 35 años, impedimentos serios para la completa integración de los hospitales de las diputaciones en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, desaparecieron con la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Esta Ley obliga a que el personal de los consorcios, laboral o funcionario, proceda de las administraciones consorciadas -sólo excepcionalmente se autoriza la contratación directa- y a la adscripción a la administración de mayor entidad, en este caso a la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (CSUiSP) y somete a los consorcios a los mismos controles normativos y contables que a la administración pública de adscripción.
La integración del personal de los consorcios sanitarios adscritos a la Generalitat Valenciana no es solo una posibilidad sino un mandato de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y ni siquiera requiere la disolución de aquellas entidades. El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) y el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC) tienen su propia idiosincrasia y ajustar todos los engranajes de la administración para una integración de este volumen requiere una decisión clara del Consell y un esfuerzo de su administración. Este puede ser un proceso más complejo que el de la integración de las Unidades de Salud Mental de la Diputación de Valencia, que tuvo lugar en 2008, o el traspaso del Hospital Provincial de Alicante a la Generalitat en 1990.
La diferencia es que, en este caso, los consorcios no desaparecen y los ajustes presupuestarios pueden ser más complicados, aunque las diputaciones continuarán recibiendo los fondos del ministerio por el servicio que prestan y aportándolos al consorcio.
La regulación normativa de los consorcios y de su personal se ha clarificado mucho y, aparentemente, no existen grandes obstáculos al consenso político para llevarlo a cabo: la citada Ley 40/2015 fue promulgada por el gobierno del Partido Popular en tiempos de Mariano Rajoy. Ciudadanos presentó una enmienda a los Presupuestos de la Generalitat de 2019, que fue aprobada, con el objetivo de “elaborar un plan para la adscripción del personal de los consorcios sanitarios a la plantilla de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública”. Y, por último, el tripartito que gobierna la Generalitat viene impulsando la reversión de las concesiones sanitarias y de los servicios sanitarios privatizados en una clara apuesta por el sistema público.
¿Qué impide, entonces, que se produzca esa iniciativa durante lo que queda de legislatura? ¿es posible que esté chocando con inercias de clientelismo político en el interior de estos centros? El reciente episodio de confusión, periodístico y sindical, en relación con el proyecto de creación de la Empresa Pública de Salud, puede verse en ese contexto. El anuncio de Proyecto de Decreto-Ley del Consell se entendió, demasiado rápidamente, como una amenaza para el personal del Consorcio Hospital General de Valencia, que pasaría así a la nueva Empresa Pública de Salud, en vez de integrarse en la Conselleria. Lo que solo se refería a la reversión de servicios privatizados y empresas concesionarias se quiso entender como si afectara también a los consorcios.
Nada que ver. Ya el informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana de 24 de octubre de 2018, sobre el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Gestión Administrativa y Financieras y Organización de la Generalitat, excluía a los consorcios de la discusión sobre las figuras jurídicas con las que el personal de empresas y concesiones revertidas podría continuar su actividad para la Sanidad Valenciana. La integración de los empleados públicos de los consorcios sanitarios adscritos a la Generalitat Valenciana no pasa por esas figuras, pensadas para el personal cuando finalizan contratos mercantiles y concesiones sanitarias con empresas privadas.
La integración del personal de los consorcios a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es posible y conveniente y la futura Empresa Pública de Salud no es ningún obstáculo. No nos distraigamos.
Edmundo Febré es miembro del Comité de Empresa del CHGUV por el sindicato SIMAP-PAS
Pepe Reig es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha
