El acusado asegura que se encontró "de golpe con esta pesadilla" y que cualquiera piensa que es "el malo"
VALÈNCIA. El juicio al exmarido de Mónica Oltra, Luis Eduardo R. I., por presuntos abusos sexuales a una menor del centro de acogida en el que trabajaba como educador ha quedado este lunes visto para sentencia después de su repetición. El acusado fue condenado a cinco años de prisión en diciembre de 2019, pero la Audiencia de Valencia ha vuelto a celebrarlo ahora por pruebas que no se tuvieron en cuenta en el anterior.
La Fiscalía ha mantenido su petición de pena de cinco años de cárcel, aunque en sus conclusiones ha pedido esta vez la agravante por superioridad al entender que el acusado se valió de su posición en el centro. La representante del Ministerio Público ha defendido que las nuevas pruebas –un informe del Instituto Espill y otro de la dirección territorial de la Conselleria de Igualdad basado parcialmente en el primero que otorgaban poca credibilidad a la víctima– no sirven para debilitar el testimonio de la menor.
En su opinión, los hechos han quedado acreditados desde que en febrero de 2017 la víctima comunicara los abusos que estaba sufriendo. "La declaración de la menor aparece en la Fiscalía, en el juzgado, en el expediente de la Conselleria y en el documento de Espill. Todas las veces habla de episodios de masturbación y mantiene su relato", ha señalado.
Así, ha calificado el mencionado informe de Espill de "tendencioso, acientífico, inquisitivo, incongruente y de parte". "Lo encargó la Conselleria no sabemos con qué finalidad. Su fin tiende a desacreditar a la menor calificándola de desafiante o dominante. No utiliza metodología alguna, declara que no es creíble su testimonio y que la motivación era espuria porque se quería ir a un centro de Paterna. Sin embargo, ella mantuvo la misma versión de las masturbaciones, siempre contó lo mismo y hubo relato", ha explicado la fiscal.
"Nadie cree a la víctima, se dice que es muy mentirosa, se la trata de tal forma que se tiene hasta una actitud hostil hacia ella. Falló quien debía protegerla. La Conselleria tenía la tutela y falló", ha remarcado. Motivo por el que ha manifestado que la Generalitat tendría que haber sido parte en la causa como responsable civil subsidiaria y ha pedido al tribunal que reserve expresamente acciones a la menor para que pueda reclamar indemnización a la Administración.
La representante del Ministerio Público ha incidido en que un "hecho fortuito" como que la menor se escapara del centro fue lo que hizo acudir allí a la Policía en junio de 2017. "Ahí es donde se pone en conocimiento de la Fiscalía por parte de los agentes el presunto abuso. Si no hubiera ido la Policía, tal vez los hechos habrían quedado impunes", ha sostenido.
Igualmente, cree que fue "anómalo" que se cambiara a la menor de instalaciones y no al educador o que la Conselleria no viera necesario hacer más actuaciones en agosto de 2017. "No se documentó nada de esto, pero acordó incoar un expediente informativo cuando esto ya estaba judicializado. Encargó un informe a Espill que no se ha remitido a Fiscalía ni al juzgado sino dos años después. Nos preguntamos si ha sido para modificar el resultado de un juicio ya celebrado", ha comentado.
Por su parte, la abogada del acusado, Ana Cal, ha replicado que los informes no se han hecho a posteriori para alterar un juicio ya celebrado y que estuvieron en un cajón de la Fiscalía. Ha defendido, del mismo modo, que se ha producido la vulneración de un juicio con todas las garantías por la "falta total de parcialidad" de la Sala, dado que, entiende, existía una "necesidad de que fuera apartado el tribunal que ya se formó una conclusión de culpabilidad". También que se ha vulnerado el principio de inmediación por haber transcurrido más de un año desde el juicio anterior.
Después de que la Audiencia haya rechazado la testifical de la directora del centro de menores, la declaración de la víctima, el cuadrante de sus fugas o un nuevo informe psicológico debido a que los dos que ahora figuran son contradictorios, ha indicado que se ha privado a la defensa del derecho a pruebas necesarias y relevantes. Además, ha pedido las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño después de haber consignado 6.000 euros en el juzgado en concepto de responsabilidad civil.
La letrada ha señalado que las mencionadas pruebas no aceptadas corroboran "múltiples nuevas contradicciones" de la víctima, que desde 2014 "lo único que quería era salir del centro". "Es una menor maltratada con la vida, institucionalizada, que ha sufrido. No se pretende juzgarla, sino analizar cómo sus circunstancias vitales influyen en su credibilidad", ha apuntado. Por ejemplo, el hecho que se haya podido utilizar la mentira para conseguir sus propósitos.
"Hay once declaraciones suyas y nueve versiones distintas", ha destacado. Entre ellas, las fechas y las ocasiones en las que produjeron los abusos. "Siete personas detectan que ella quiere irse del centro, pero parece que no tengamos que hacer caso a eso", ha afirmado. En este sentido, ha opinado que la menor es "una superviviente que lo único que quería era tener una familia y cuando vio la oportunidad de ello habló de los abusos".
El testimonio de la víctima, ha continuado, no puede "debilitar las garantías procesales" del acusado, que, en su opinión, ha sido "linchado por la prensa y por la sociedad". En la declaración de Luis, ha comparado, "no ha habido ninguna contradicción" ni tampoco se ha podido "probar la continuidad delictiva".
Por último, el acusado ha ejercido su derecho último de palabra y ha incidido en su inocencia. La menor, ha dicho, "no es culpable, sino una víctima" porque "siempre ha soñado en tener una familia", algo que verbalizaba "cada vez que su madre tenía una nueva pareja". "Estaba abandonada por su familia, ni sus compañeras de habitación querían estar con ella. Pero yo no soy el culpable de eso", ha señalado.
"No quiero culpabilizarla a ella, pero quiero que se diga la verdad. Yo de golpe me encuentro en esta pesadilla y cualquiera entra en internet piensa que soy el malo. Mis hijos se han peleado en el colegio con compañeros defendiéndome", ha asegurado.
Su papel como educador, ha apuntado, no era el de interactuar por las noches con los menores, sobre los que ha remarcado que, "cuando quieren algo, la barrera entre mentir o decir la verdad no la tienen clara". "No es por maldad, es por conseguir lo que quieren", ha añadido.