VALÈNCIA. La Fiscalía Provincial de Valencia comunicó este miércoles que investigaba el incumplimiento del turno de vacunación contra el coronavirus por parte del alcalde de Rafelbunyol, Fran López, el exsecretario general de CCOO en la Comunitat Valenciana Arturo León y el secretario de Salud de UGT PV, Jesús García. Una apertura de diligencias que se produce tras la interposición de dos denuncias, una de ellas relativa al primero y otra a los líderes sindicales.
En el caso de León y García, se trata de una presentada el pasado febrero por España 2000. Tras recibirla, la Fiscalía decidió incoar diligencias de investigación penal y designar fiscal instructor. A partir de ahí, tiene seis meses para decidir si formula denuncia, lo lleva a un juzgado o procede al archivo.
La denuncia presentada por el líder de España 2000, José Luis Roberto, se hacía eco de las diversas informaciones en medios de comunicación en las que constaba que los representantes de UGT y CCOO se colaron en la vacunación. De un lado, Arturo León confirmó que había recibido la primera dosis y defendió la legalidad y la ética de su vacunación, pero también insistió en que quería preservar "el buen nombre" del sindicato, razón por la cual renunció a su cargo ante la polémica desatada. La Fiscalía de Valencia también investiga estos hechos aunque tuvieron lugar en el hospital General de Alicante, donde contaba con plaza como técnico de riesgos laborales pero no ejercía desde hacía 16 años por estar liberado.
De otro, el secretario de Salud de UGT PV, Jesús García, reconoció haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus a pesar de ser liberado sindical y, por tanto, no estar en la primera línea sanitaria. Puso su cargo a disposición del sindicato, pero la Ejecutiva respaldó su actuación.
La denuncia mencionaba, igualmente, que varios alcaldes también habían incumplido el orden de vacunación –aunque no incluía nombres–, así como el fiscal jefe de Castellón. Todo ello, expone en partido de ultraderecha, "habría dado lugar al cese de la directora general de Salud Pública de Valencia, Elvira Mensat".
"Dado que los sindicalistas citados son directivos de sindicatos muy próximos a los partidos que gobiernan en la Generalidad Valenciana (PSOE, Podemos, Compromís), no resulta infundado pensar que pueda haber existido algún tipo de connivencia con altos cargos de la Conselleria de Sanidad para conseguir ser vacunados gratuitamente y sin respetar el protocolo, con lo que se ha postergado la vacunación de aquellos a los que estaban destinadas las dosis recibidas por políticos y sindicalistas", señala España 2000.
En opinión de la formación ultraderechista, además de "la cuestión relativa a la indignidad y amoralidad que supone colarse para ser vacunado antes de tiempo, el hecho tiene también un componente económico: la vacuna les ha salido gratis". Motivo por el que piden a la Fiscalía que actúe como en Murcia y apuntan a los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación o apropiación indebida.
Entre las diligencias que solicitaron, se encontraba la de averiguar quién puso la vacuna a estos cargos y si recibieron la orden para ello de algún superior jerárquico, qué comunicación les fue enviada para vacunarse o por qué se decidió aplicar las dosis sobrantes en algunos centros.
A la espera de lo que decida la Fiscalía de Valencia, la de Alicante ya ha formulado una denuncia contra el alcalde de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano (PP), y contra los alcaldes de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives (ambos matrimonio y del PSPV) por haber vulnerado el orden de vacunación establecido en los protocolos oficiales. Aquí considera que existen indicios de la comisión de un delito de cohecho impropio pasivo. En cuanto al que fuera el fiscal jefe de la provincia de Castellón José Luis Cuesta –quien dimitió a finales del pasado enero y desde mayo está incorporado en Valencia– las diligencias se han remitido a la Fiscalía de Castellón.