BRUSELAS. La rebaja del presupuesto de la Union Europea para los próximos siete años afectará especialmente a las regiones periféricas, no sólo por el recorte en fondos regionales, agricultura e investigación, sino también por el aumento de aportación indirecta de los Estados miembros a través del aumento de la tasa de cofinanciación de los fondos regionales. Desde hace un año, la Comisión sigue sin alcanzar un acuerdo por parte del Parlamento y de los Estados miembros, que se niegan a aprobar un presupuesto menor del actual, pero también a aportar más fondos propios.
La Comisión presentó un Marco financiero Plurianual para el nuevo ejercicio 2021-2027 disminuido por la salida de un socio, el Reino Unido, al tiempo que rebajaba las ayudas que afectan a las políticas de cohesión, al haber introducido nuevas prioridades en inmigración, defensa y cambio climático.
La última de las novedades es que, además de recortar los fondos agrícolas de la PAC, que implican directamente a las regiones periféricas mediterráneas, había que restar dinero de los fondos de política de cohesión. Las ayudas que reciben las empresas más desfavorecidas o con alta tasa de desempleo, verán mermados sus recursos y las oportunidades de llegar a ellos. Los gobiernos regionales, por ejemplo de Valencia y Murcia, que participaban de proyectos europeos junto al sector empresarial, deberán cofinanciar con una tasa mayor estos programas.
Durante el anterior marco plurianual 2007-2020, las instituciones públicas y privadas podían acceder a fondos europeos de cohesión regional aportando sólo un 15% del coste total del proyecto. Ahora, esta tasa aumenta hasta un 30%, con lo que deja en un 70% la aportación de la Unión Europea, cuando hasta ahora alcanzaba el 85%. Esta medida choca con la negativa de los Estados a incrementar su aportación directa al presupuesto de la Unión, pese a la insistencia de la Comisión de crear nuevos ingresos. Éstos podrían derivarse de los derechos de emisión comercial o de las contribuciones por los plásticos no reciclados.
En este sentido, Bruselas sigue insistiendo ante el Consejo y el Parlamento, si los Estados no aportan más dinero y los tratados comerciales siguen dejando menos ingresos por tasas de aduana, no se pueden cumplir las nuevas prioridades de la “Comisión Von der Leyen”, que es el nombre de la nueva presidenta. El nuevo gobierno en Bruselas apuesta por la innovación, la movilidad académica, la acción por el clima, la gestión de fronteras y la migración, la digitalización y la defensa.
En cuanto al presupuesto para el próximo año, el Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo centrado en el crecimiento y la competitividad, la acción por el clima y otras prioridades de la UE, como la seguridad y la gestión de la migración. Los compromisos ascienden a un total de168.700 millones de euros. Esto supone un aumento del 1,5 % con respecto al presupuesto modificado de la Unión para 2019. Se ha dejado un margen de 1.500 millones de euros respecto de los límites máximos de gastos del marco financiero plurianual para 2014-2020, para necesidades imprevistas.
El total de los pagos asciende a 153.600 millones de euros. Ello representa un incremento del 3,4 % desde 2019 para garantizar la puntualidad de los pagos y evitar que se acumulen las solicitudes de pago en los próximos años, en particular en política de cohesión. Los importes acordados se basan en la premisa de que el Reino Unido seguirá participando plenamente en la financiación durante ese año.
Bruselas ha centrado el gasto en la protección del clima en varios ámbitos, como la investigación y el desarrollo (Horizonte 2020), las infraestructuras de transporte y energía (Mecanismo «Conectar Europa») y la acción exterior de la Unió. También se han asignado fondos adicionales al programa LIFE de la UE, que recibirá 590 millones de euros, y a la Agencia Europea de Medio Ambiente para la contratación de nuevo personal para respaldar la lucha contra el cambio climático.
Para luchar contra el desempleo juvenil en las regiones más afectadas, la dotación para la Iniciativa de Empleo Juvenil se ha fijado en 145 millones de euros. En los ámbitos de la seguridad y la migración, que también afectan a las regiones periféricas del Mediterráneo, se han asignado al Fondo de Asilo, Migración e Integración 949 millones de euros, en particular para el apoyo a los Estados miembros situados en primera línea. Se destinará financiación adicional con respecto a 2019 a varias agencias, en particular para el nuevo personal contratado por FRONTEX, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, Europol y la Fiscalía Europea. Eurojust recibirá 3.7 millones de euros adicionales.
De otro lado, la Comisión insta a varios países, entre ellos España, a cumplir el objetivo del déficit y el control del gasto público con recortes en sus políticas. Los gobiernos conservadores de Mariano Rajoy afrontaron la crisis y las exigencias de Bruselas con recortes en beneficios sociales, educación y sanidad. Estas medidas nunca fueron propuestas desde Bruselas, que aconsejaba contrariamente su salvaguarda.
En esta ocasión, la Comisión le recuerda a España que debe adoptar nuevas medidas para equilibrar la balanza, desestabilizada con el aumento de las pensiones con el indicador del IPC, por las pagas de Navidad a los funcionarios públicos respecto a 2012-2014, lo que afectará especialmente a los gobiernos autonómicos.mPor ello, desde Bruselas aconsejan a España que preserve la sostenibilidad del sistema de pensiones y que aumente los impuestos.
