Barceló y Oltra juntas en un acto. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Las residencias de ancianos se han convertido ya en la 'zona cero' de afección por coronavirus. Los escalofriantes datos revelados este jueves por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, reflejan cómo la pandemia se está cebando en los centros de la tercera edad sin que desde el Gobierno valenciano se encuentre la fórmula para poner freno a este avance.
Hasta el momento se han detectado casos positivos en 49 centros (seis en Castellón, 13 en Alicante y 30 en Valencia) y la lista de fallecidos se eleva a 44. Pero las cifras de cara a los próximos días no resultan más alentadoras: 221 positivos detectados en residentes, 67 contagiados entre trabajadores de estos centros y un total de 407 empleados que se encuentran en cuarentena a falta de conocer si tienen el coronavirus.
Unas cifras que obligaron a la consellera de Sanidad a explicar este martes el modo de gestionar esta difícil situación. A día de hoy, el departamento de Barceló solo actúa en las residencias intervenidas en virtud de la resolución aprobada el 18 de marzo. Cuando se notifica un caso positivo la conselleria se hace cargo de la parte sanitaria del centro y adopta las medidas necesarias para el control y tratamiento de la epidemia. Esto supone la intervención sanitaria gradual en función del estado de la situación en cada uno de los centros y "atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad". La intervención de Sanidad implica que en algunos casos no se traslada a los enfermos a un hospital sino que son atendidos en la residencia.
Además, se designa a una persona responsable del departamento del salud en el que se encuentra la residencia para que disponga los recursos materiales y humanos que sean necesarios para prestar la asistencia sanitaria inmediata. Varios ancianos han fallecido en los últimos días en la residencia Santa Elena, en Torrent, donde permanecieron por decisión médica debido a su edad y estado de salud.
No obstante, Barceló recordó que el resto de competencias más allá de la cuestión del coronavirus corresponden a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que lidera Mónica Oltra, de quien depende la gestión y coordinación de los centros de mayores.
Así que en cierta medida la responsabilidad puede considerarse compartida. Sanidad no está pudiendo frenar la oleada de casos en las residencias que sufren un foco y desde Igualdad y Políticas Inclusivas tampoco se adelantaron a tomar medidas preventivas cuando tenían competencias plenas y ya habían empezado a detectarse casos de coronavirus en este tipo de centros de la tercera edad.
Cabe recordar que fue el día 10 de marzo cuando aparecieron los primeros casos en el asilo de Santa Elena, en Torrent, uno de los focos donde el virus ha afectado con más virulencia. Tras un grito de desesperación de la residencia el 17 de marzo, pidiendo a Sanidad que tomara las riendas, fue el día 19 cuando finalmente el departamento de Barceló dio un paso al frente para ponerse al cargo de la situación, que de momento solo ha hecho que empeorar, al igual que los contagios en el resto de la Comunitat Valenciana y en el resto de España.
Otro de los brotes con complicaciones ha sido el de la residencia de Alcoy, donde habían fallecido hasta este miércoles 26 usuarios. No obstante, Barceló señalaba que proporcionalmente tampoco se han registrado más casos de muerte que en la de Torrent, el segundo foco por número de contagios, ya que en el centro alicantino hay muchos más residentes.
Mientras, otras fuentes sanitarias señalan que en Requena podría haber un nuevo foco, si bien desde Sanidad no se han facilitado detalles sobre la gravedad del mismo. En todo caso, en tan solo esta semana, el número de residencias con positivos ha pasado de 30 a 49, lo que hace temer una escalada ante la que la Generalitat se está viendo impotente.
En este escenario, Sanidad anunciaba este jueves el despliegue de 87 inspectores sanitarios de la Comunitat Valenciana para revisar todas las residencias de mayores no intervenidas por la Conselleria de Sanidad con el fin de verificar que aplican correctamente el protocolo frente al coronavirus, tanto las medidas nacionales como las autonómicas. De éstos, 29 se encuentran en Alicante, 41 en Valencia y 13 en Castellón. Un control que no se inició hasta este miércoles en las residencias en Valencia y Castellón y este jueves en Alicante.
Tras el envío del Ejército en ayuda de las residencias de toda España, el Ministerio Fiscal decidió investigar la situación de las residencias. Después de varios días de trabajo, la Fiscalía Provincial de Valencia advertía este jueves de situaciones "dramáticas" ante una "patente" falta de medios y empleados "desbordados", "al límite" de sus posibilidades. Así lo señalaba en declaraciones a Europa Press la coordinadora de la sección de Civil de Valencia, Ana Lanuza, en relación con la situación que atraviesan las residencias en la provincia de Valencia. Desde esta sección de la Fiscalía, no se observó ningún tipo de responsabilidad en la forma de actuar de las residencias. "Están haciendo mucho con muy poco y, encima, se les está cuestionando su actuación en muchos lugares", lamentó Lanuza. "Puede haber algún supuesto mal hecho, pero no es ni mucho menos la tónica general. Más bien al contrario", concluyó.
En todo este tiempo, las miradas se han dirigido hacia Ana Barceló dado que Sanidad es la que toma las riendas cuando se detectan positivos en residencia, mientras Oltra está manteniendo un perfil bajo, más allá de las ruedas de prensa tras el pleno del Consell y sus intervenciones respecto al material de protección necesario para estos centros.
En este sentido, desde las residencias alertaban en los últimos días de la sequía de material para afrontar la pandemia y solicitaban mascarillas, tanto quirúrgicas como de mayor protección, como batas, guantes y gafas. Es cierto que, a día de hoy, han empezado a recibir parte del mismo, pero insisten que el material para proteger a los profesionales como los trajes de protección individual (EPI) escasea, a pesar de que las residencias se han convertido prácticamente en hospitales.
Mientras, desde sector sociosanitario plantean preocupaciones respecto a los procedimientos de la conselleria. Por ejemplo, han solicitado al departamento de Barceló que cuando una persona mayor vaya al hospital porque tiene algún tipo de problema, antes de volver a la residencia se le haga la prueba porque al estar en un centro hospitalario ha podido coger el virus y si se expande dentro de la residencia las consecuencias son graves. "La administración nos ha dicho que el protocolo dice que sin síntomas no hay prueba, pero nos parece que esta podría ser una medida de prudencia muy importante porque nos aseguraríamos de que la persona que entra al centro no contagia a otras personas", señalaba José María Toro, presidente de la patronal Aerte, en una entrevista a Valencia Plaza.
