La consellera de Función Pública, Gabriela Bravo. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana empezará a pagar la carrera profesional a sus interinos a partir de julio. La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, trasladó este miércoles en una reunión con los principales sindicatos presentes en la Mesa General (CSIF, UGT-PV y CCOO-PV) a la que también acudió la Directora General de Presupuestos, Eva Martínez, que el Gobierno valenciano comenzará a abonar este complemento retributivo a este colectivo en las nóminas del próximo mes.
La medida tendrá un coste total de 66 millones de euros en el Presupuesto de la Generalitat y el Gobierno valenciano irá abonando este plus salarial de forma progresiva en las retribuciones de estos empleados públicos a partir de julio. De ella, se beneficiarán un total de 6.281 trabajadores que eran interinos en 2015, año en el que los funcionarios comenzaron a cobrar este complemento y ellos, el personal interino, no, ya que el conocido decreto Vela aprobado en 2012 por el PP excluyó a estos trabajadores de percibirlo. De estas 6.281 personas, en torno a 1.400 son ahora mismo ya funcionarios de carrera, y otros 4.800 siguen siendo interinos en activo.
La carrera profesional es un complemento retributivo que reconoce la experiencia y méritos conseguidos que solo perciben los funcionarios de carrera de la Administración valenciana desde hace ya cinco años. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2017 obligó a hacerlo extensivo también a los interinos con más de cinco años de antigüedad. El fallo, que ratificaba un auto previo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), reconocía además el derecho a que este complemento se pagara con efectos retroactivos a los interinos que habían dejado de percibirlo. Por lo que la Administración valenciana tenía la obligación de pagar la carrera profesional a sus interinos desde enero de 2015.
Durante la legislatura pasada y la actual, el Consell del Botànic ha tenido que ir resolviendo las reclamaciones de los demandantes. El pasado mes de enero, de hecho, la Conselleria de Función Pública había recibido un total de 6.866 solicitudes de interinos para que se les reconocieran los pagos. En febrero finalizó el plazo para que los afectados presentaran sus solicitudes y la Generalitat ha tenido que cotejar en este periodo qué cantidad pertenece a cada persona en función de la antigüedad y méritos obtenidos a través de cursos de formación, dado que cada caso es particular. Una labor que ha sido compleja de acometer.
El Consell del Botànic II reservó en los Presupuestos de 2020 un total de 80 millones de euros para hacer frente al pago de este complemento para el personal interino, pero también para abonar algunos atrasos de este plus para el personal funcionario, según confirmaron fuentes de la Conselleria de Hacienda tras la validación de las cuentas del presente ejercicio. Finalmente, el montante de los interinos asciende a los 66 millones.
La Asociación de Interinos de la Generalitat Valenciana (Igeva), actualmente integrada dentro del sindicato UGT, pero antaño constituida de forma independiente, fue la encargada de llevar el complemento de carrera profesional a los tribunales. Lo hizo mediante la interposición un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno popular de Alberto Fabra por su regulación de la carrera de los empleados públicos. Concretamente, el sindicato cargaba contra el Decreto 186/2014 del Consell que excluía a los interinos del cobro de esta retribución.
La idea era que recuperaran de forma gradual la carrera profesional suspendida total o parcialmente, según los casos, por un decreto de enero de 2012 elaborado por el entonces conseller de Hacienda José Manuel Vela con el fin de recortar gastos. Sin embargo, el Ejecutivo de Fabra decidió paralizar dicha recuperación en 2014 con el decreto mencionado.
Cuando llevó el caso a los tribunales, Igeva alegó que la norma vulneraba la Constitución al establecer un "trato discriminatorio" entre el personal funcionario de carrera de la Generalitat y el interino y sostenía que violaba el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la Generalitat de Ordenación y Gestión de la Función Pública. El TSJCV también lo entendió de la misma manera y más tarde el Alto Tribunal. El ministerio fiscal concluyó, además, que estos preceptos impugnados vulneraban también la Constitución dado que la temporalidad no podía "ser un factor" para reducir derechos.
Tres años después del fallo del Supremo, los interinos siguen esperando percibir este complemento que la Generalitat deberá abonar con carácter retroactivo y que junto a lo que se adeuda también a los funcionarios de carrera por meses de atrasos supone una cuantía para las arcas públicas nada desdeñable.
Otra de las cuestiones que trasladó este miércoles la Conselleria de Función Pública a los sindicatos presentes en la Mesa General es que la Generalitat Valenciana aplazará a final de año el pago del incremento del 2% de subida salarial a los funcionarios "por prudencia dadas las circunstancias actuales". Eso sí, lo abonará con efectos retroactivos desde enero.
Esta fue una de las medidas que no llegó a aplicarse en la Comunitat Valenciana antes de que estallara la pandemia. La subida salarial del 2% a los funcionarios para 2020 fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 21 de enero y se adoptó vía Real Decreto ley tras semanas de incertidumbre por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la que se podría sumar un 0,3% adicional en función del cierre del PIB del pasado ejercicio que estaba previsto en el acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy de 2018 con los sindicatos mayoritarios. Esta tendría un coste de 3.264 millones de euros y podría aumentar hasta los 4.500 si finalmente se sumara el extra condicionado al PIB.
En total, 2,5 millones de empleados públicos se beneficiarían de este incremento, tanto estatales como autonómicos y locales. Por el momenot, sólo los funcionarios que dependen de la Administración General del Estado perciben esta retribución en sus nóminas. A los funcionarios del la Generalitat, según fuentes de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, se les comenzará a abonar antes de que finalice el año con efectos retroactivos, pero por el momento la medida queda aplazada por el contexto de incertidumbre.
Una de las cuestiones por las que preguntaron los sindicatos en el encuentro de este miércoles es por la modalidad de trabajo que tendrán los funcionarios en la nueva normalidad. Este miércoles, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y CSIF llegaron a un acuerdo para que los funcionarios de la Administración General del Estado puedan acogerse a cuatro días de teletrabajo y uno presencial para cuidado de menores de 14 y personas dependientes a partir del 21 de junio, cuando finalice el estado de alarma, hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria provocada por la covid-19.
Con este escenario, las organizaciones sindicales cuestionaron si esta circunstancia se daría también con los funcionarios dependientes de la Administración valenciana. No obstante, la Conselleria trasladó que la situación no era extrapolable porque existen algunos puestos de trabajo que no son susceptibles de poder aplicar la modalidad de teletrabajo. Ahora bien, sí se tendrá en cuenta que el personal más vulnerable pueda ser evaluado por el INVASSAT para que se contemple la posibilidad de que no vuelva a su puesto de trabajo hasta que finalice la emergencia sanitaria del coronavirus.
